PRUEBAS DE DOPAJE A LOS JUECES
La Administradora de los Tribunales, la Juez Sonia Ivette Vélez indicó ayer que el Supremo Federal dijo que las pruebas de dopaje son una invasión de la privacidad para justificar el que no se hayan provisto hasta el momento. Difiero de la Honorable Juez.
El SCOTUS ha indicado que las pruebas de dopaje sin causa probable, como son los programas para empleados de gobierno en áreas sensitivas de seguridad, son registros bajo la 4ta Enmienda y por lo tanto podrían invadir las expectativas de privacidad de la ciudadanía, ver, Chandler v. Miller, 520 U.S. 305 (1997). Sin embargo, Chandler también reconoce que hay veces que “special needs” (necesidades especiales) permiten que sin causa probable se lleve a cabo estos registros. Por ejemplo, en Treasury Employees v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989), el SCOTUS validó un programa de pruebas de dopaje de empleados que iban a ser ascendidos y iban a manejar asuntos relacionados al narcotráfico. El SCOTUS también indicó que no existía la necesidad en esas circunstancias el demostrar que existía un problema de drogas entre los empleados para llevar a cabo las pruebas. Esta doctrina fue ratificada en Board Of Education Of Independent School District No. 92 Of Pottawatomie County, v. Earls, 536 U.S. 822 (2002), donde se validó un programa para pruebas de dopaje a atletas de escuela superior.
Basado en lo anterior, es claro que jueces que manejan o potencialmente manejaran casos de drogas y otros crímenes son precisamente ese pequeño grupo donde las necesidades especiales son aplicables. Por ejemplo, en Doe v. Prosecutor, 566 F.Supp.2d 862, 884 (S.D. Indiana 2008), el Tribunal de Distrito indicó que “[c]ertain employees in trusted public positions and some student populations may be tested for drugs without any individualized suspicion of drug use.” De igual forma, el Sexto Circuito en Knox County Education Ass’n v. Knox County Bd. of Education, 158 F.3d 361 (6th Cir.1998) determinó que una ley que requería pruebas de dopaje a maestros de escuela era constitucional. Ver, también, International Union v. Winters, 385 F.3d 1003 (6th Cir. 2004) donde se validó las pruebas de dopaje a ciertos empleados del estado con poderes policiales.
Claramente la Administración de Tribunales no ha examinado esto adecuadamente y deja mucho que desear de la entidad que supervisa a los jueces. Debe hacerlo cuanto antes ya que la integridad de los tribunales depende de ello.
s/John E. Mudd
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