La separación de Iglesia y Estado no significa que el Estado no tiene el poder de encausar sus leyes a personal de la Iglesia. EL VOCERO / Eric Rojas

Así coincidieron los abogados Eudaldo Báez Galib y John E. Mudd, en entrevista con EL VOCERO; pero al mismo tiempo, apuntaron que de no ser así, la Iglesia Católica tiene atenerse al derecho penal y civil.

A juicio del licenciado Mudd, la Constitución no exime a la Iglesia de ser allanada con una orden judicial.

Mientras, Báez Galib agregó que “aunque existe la separación de Iglesia y Estado eso no quiere decir que el Estado no tiene el poder de encausar sus leyes a personal de la Iglesia”.

“La pregunta que todos nos tenemos que hacer es si esa información (las denuncias de alegado abuso sexual) se dio en el contexto de una confesión. Si es así, el sacerdote no puede develarla. Pero hay que determinar si lo que se dijo fue en confesión”, sentenció el también profesor universitario.

De igual forma, Mudd recordó que la regla 511 de evidencia de Puerto Rico establece que la información penitencial, es decir, entre sacerdote y la persona creyente es privilegiada. No obstante, el abogado indicó que si la persona acudió directamente el obispo, pero no en carácter de confesión, esa información no es privilegiada.

Por su parte, el licenciado Efrén Rivera, indicó a EL VOCERO que si el Estado tiene motivo fundado puede solicitar una orden de allanamiento, pero es el Tribunal el que hace la determinación de si la otorga o no.

“El Tribunal tiene que sopesar el planteamiento de la Iglesia y determinar si hay intimidad que proteger, pero no se puede tratar de una alegación generalizada de confidencialidad”, sentenció el profesor universitario.

La discusión surge luego que la Iglesia Católica en Arecibo solicitó al Tribunal que impida al Departamento de Justicia solicitar el nombre de las víctimas.

La Diócesis de Arecibo insiste en que las víctimas eran mayores de edad al momento de hacer la denuncia y que solicitaron confidencialidad. Asimismo, la representación legal del obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, aseguró que la Diócesis refirió la información de los casos que involucraban menores a las autoridades civiles.