Junio ha sido un mes terrible para la reputación de Puerto Rico como destino para hacer negocios. Primero, Doral Bank tuvo que demandar en sentencia declaratoria al Gobierno de Puerto Rico para que honrara unos “closing agreements” de 2006 y 2012. Aunque los mismos claramente dicen que serán finales a menos que se demuestre fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente, ver sección 6051.07 del Código de Rentas Internas de PR, 13 L.P.R.A. § 33207, la Secretaria de Hacienda los declaró nulos en mayo. El Tribunal de Primera Instancia sucumbió a la tentación de lavarse las manos a lo Poncio Pilatos, pero afortunadamente el Tribunal Apelativo la revocó, devolviendo el caso para que Hacienda, si así lo desea, demuestre con prueba robusta y convincente, que hubo fraude. Esta semana sabremos la decisión del Gobierno.

 

El segundo golpe a la reputación de Puerto Rico fue la radicación y aprobación a la trágala de la ley de quiebras criolla (no me importa el título o lo que diga el Gobernador, eso es lo que es). El mismo día que el Gobernador la firmó, Franklin y Oppenheimer, dos de los bonistas con mayor exposición a los bonos de la AEE, radicaron un pleito en el Tribunal Federal impugnando la constitucionalidad de la ley. La semana siguiente a la firma, los bonos de la AEE, la AAA y la ACA fueron degradados. Los bonos del ELA fueron también degradados severamente. Muchos se preguntarán ¿por que?

 

Si leemos la prensa financiera de USA vemos la respuesta. El Gobernador García Padilla y sus secuaces dijeron hasta los otros días que Puerto Rico honra sus compromisos, que Puerto Rico paga sus deudas. El Gobernador llegó a decirle a Bloomberg TV que la Constitución obligaba al pago de los bonos de Puerto Rico cuando la realidad es que solo obliga al pago de los de obligación general.

 

De momento, la prensa financiera de USA, la cual no tiene intereses ulteriores en la permanencia del PPD en el poder, comenzó a cuestionar el que Puerto Rico fuera a honrar sus obligaciones. Primero vino Doral, donde claramente había un compromiso de pago que se violó, con la posible pérdida de sobre 1,000 empleos y ahora la Secretaria de Hacienda habla de 5 años de moratoria en el pago de bonos de la AEE, y luego pagar más en interés. Esto no es más que un impago de casi $10 billones. De momento, hay analistas de negocios hablando de la reestructuración de los bonos de obligación general y alto escepticismo sobre la garantía constitucional. En mis reuniones con inversores y analistas, el 50% cree que Puerto Rico reestructurará sus obligaciones generales.

 

Personalmente, creo que la ley de quiebras local es una buena idea para reestructurar la deuda de Puerto Rico. Sin embargo, la forma que se ha llevado a cabo ha sido torpe, diletante y opaca. Más aún, no hay duda que Wall Street no la ha recibido bien. La analista de Moody’s que fue la primera en degradar el crédito local contestó que la razón fue la ley de quiebras local. Esto nos deja ver que la Administración García Padilla no habló con los bonistas de forma efectiva para que su reacción no fuera negativa.

 

El problema de Puerto Rico es que al perder su credibilidad, se hará largo, arduo y difícil recuperarla, especialmente si la AEE se acoge al Capítulo 2 local. En términos prácticos quiere decir que no hay posibilidad de tomar prestado en el futuro cercano en el mercado de bonos. Moraleja, nunca pierdas la credibilidad de los mercados.

 

¿Por que uno estos dos temas en un blog post? Por que son, para la prensa nacional e internacional de negocios, parte del mismo problema; Puerto Rico no honra sus compromisos.