Hoy fue el cuarto y último día de vista evidenciaria del caso de Doral v. ELA. Se continuó con el testimonio del Sr. Ubarri, vicepresidente de Doral. Nos explicó el intercambio de documentos entre Doral y Hacienda, incluyendo los IO’s. Doral llamaba IO asset a todo lo que le quedaba de amortizar y todo lo que quedaba por utilizar para hacer un nuevo contrato. Esto incluía los Net Operating Losses (NOL’s) Ubarri también explicó que le envió varias de las planillas de Doral a Hacienda. El tuvo conocimiento sobre los borradores de caso y la versión final. Al preguntársele cual fue la intención de Doral de los $766 millones en inciso H, dijo que la intención de Doral era incluir todos los intangibles en el acuerdo. Además, indicó que Hacienda compartía esta visión. Al ser contrainterrogado, admitió palabra NOL’s no esta en el documento. Admitió además que no hay definición de los IO’s en el documento. Aunque lo intentó, el Gobierno no logró mucho con Ubarri.
El próximo testigo fue George Scopetta, quien es el encargado de los taxes en Doral. Redactó algún lenguaje del acuerdo de 2012 y proveyó números. El explicó claramente que a base del acuerdo del 2006, Doral tenía un intangible asset de $889+ que podían amortizar por 15 años, a razón de alrededor de $59 millones por año. Que en el 2012 quedaban $652 millones de ese intangible, como indicó Zaragosa. A diferencia del perito del gobierno, Scopetta si explicó que las cantidades entre 2006-2012 que no se usaron cada año se convirtieron en un NOL valorado en $113+, lo que era carried over y podía ser usado en el futuro. Si sumas estas dos cantidades, llegamos a los $766 millones del acuerdo de 2012. Scopetta hizo un buen trabajo de presentar todo esto en números entendibles. Y muy importante, aseveró que el inciso H, objeto de controversia y de alegado falseamiento de un hecho material, lo escribió Hacienda. Ouch. Le preguntan a Scopetta por que el hecho que no se usa el termino de NOL no le preocupaba y explicó que no hacía falta, que era claro lo que se hacía. Es importante notar que la juez parece entender que el testimonio de Scopetta es consistente con el de Xenia Vélez. De más esta decir que el contrainterrogatorio no fue efectivo en su contra. Nuevamente, una buena explicación de los números de Doral.
Ultimo testigo fue Patricia Wagnell Arroyo, CPA y abogada y fue cualificada como perito. Ella testificó que revisó las planillas de Doral, acuerdos finales, la opinión de Zaragosa y decisiones del Tribunal en el caso. Los $766 millones son la amortización no tomada por Doral + $113 millones + que no pudo usar del 2006-12 que convierte en un Net Operating Loss que también podía deducir. Explico lo que era un NOL y la juez le pidió que lo hiciera de nuevo. La perito fue efectiva y directa en sus contestaciones. A las preguntas que puso la juez en su resolución, Wagnell dijo que había que amortizar máximo cada año, que había que hacerlo pero no había impedimento de convertir la diferencia en un NOL. Dijo además que nada impedía el carry over si no se tomaba la deducción total de cada año. La testigo dice que Hacienda podía llevar acabo el acuerdo de 2012. Juez pregunta que a menos que este prohibido algo, Hacienda lo puede hacer y la testigo dijo sí. Más adelante, la testigo indicó que Hacienda podía hacer acuerdos contrarios a la ley, como fue en el 2006 ya que la amortización era por más años que lo permitido en ley. El cross de Wagnell fue uno confuso, como si el Gobierno no entendiese lo que ella dijo.
Antes de presentar mi resumen de la evidencia y dar mi opinión de lo que pueda pasar, un breve resumen de los testigos del gobierno.
El primer testigo del Gobierno lo fue Lidio Soriano. El Gobierno indicó que era la persona que suscribió el acuerdo de 2006 por Doral y encargado de los restatements del banco, de sus estados financieros y que iba a testificar que Doral jamás pago por los IO la cantidad que alega sobrepago. Aunque Soriano si dijo eso, la Juez limitó su testimonio ya que el acuerdo de 2006 no se estaba impugnando y este reconoce el sobrepago. Trabaja además con BPPR quien compite con Doral. A pesar de que Doral invocó privilegio de contador/cliente, la juez permitió preguntas, pero Soriano tuvo poco impacto ya que trataba de impugnar acuerdo de 2006.
La segunda testigo del gobierno fue Xenia Vélez. Según el gobierno, testificaría sobre el historial práctica y contenido del acuerdo de 2012, al igual que la solicitud, negociación, récord y firma, al igual que la representación H del closing agreement del 201 y que Doral les represemto el número de $766 millones+ y que eso era un missrepresentation of material fact. Xenia testifico que fueron ella, Márquez y Álvarez los que negociaron con Hacienda y que fueron los que decidieron convertir el derecho de deducción de Doral a uno de reintegro. Su función fue la de llegar a un acuerdo mutuo sobre el valor en el mercado del intangible de Doral que incluía amortización y NOL’s. Fue efectiva para Doral y poco favorable al Gobierno. Había sido anunciada por Doral como testigo.
El tercer testigo lo fue Juan Zaragosa, CPA y perito del gobierno. Según el gobierno, testificaría sobre la revisión que hiciera de los acuerdos entre Doral y Hacienda, el cuadre que se hizo en los mismos y que demuestra que no hubo sobrepago que apoyara la determinación del acuerdo final de 2012. Igual testificaría sobre varios asuntos de la demanda. Zaragosa se vio claro, tranquilo y definitivamente un buen testigo. Tuvo inmediatamente la atención de la Juez. Indicó que hay falseamientos de hechos esenciales en el acuerdo de 2012, siendo esta la primera vez que se escucha esto. Indicó que según la planilla de Doral de 2010, el banco estaba amortizando el total de los $59 millones+ ($889/15) que podía deducir y que por tanto, en el 2012, el remanente era de $652 millones+ y no $766 millones+. Esto fue de gran importancia pero la Juez le preguntó si no se suponía que Hacienda que revisara estos asuntos y el testigo titubeo antes de contestar. Definitivamente era un asunto medular. También preguntó si no era cierto que Hacienda no tenía amplia discreción para hacer estos acuerdos y nuevamente Zaragoza titubeó.
En el turno de Doral, el Lcdo. Ramón Rosario confrontó a Zaragosa con su deposición. Zaragosa admitió que no puede hablar sobre la intención de las partes en el acuerdo de 2012, que si Doral enmendaba sus planillas en el 2006 hubiese tenido derecho a un reintegro pero no de cuanto. Admitió además que ni en el acuerdo 2006 ni en el 2012 se dice cuanto fue el sobrepago y que no tiene las herramientas para calcular ese sobrepago. El Lcdo. Rosario forzó a Zaragosa a admitir que si Doral no podía usar deducción (la amortización) en todo o en parte de 2006, podía utilizarlos luego como net operating loss. Otro factor importante es que Zaragosa no miró la planilla de Doral del 2012 ANTES de emitir su opinión, a pesar que Hacienda obviamente la tenía. Seguido a la contestación, Rosario forzó a Zaragosa a admitir que si sumaba lo que dice la planilla de 2012 dice Doral no iba a utilizar, mas el numero de $652 millones+ se llega a los $766 millones+ del acuerdo 2012. Finalmente, Rosario logró que Zaragosa admitiera que no conocía de ley o algo similar que prohibiera que Hacienda y Doral acordaran convertir un derecho a amortizar en un derecho a reintegro. El Gobierno trató de rehabilitar a Zaragosa pero no creo que lo haya logrado. En cuanto a lo que testificó, su testimonio no solamente fue neutralizado por Doral si no que fue dos veces contradicho por Scopetta y Wagnell. Finalmente, es importante destacar que Zaragosa tiene más de $1,000,000 en contratos con Hacienda.
El próximo testigo fue el Sr. César de Jesús, CPA y empleado del CPA Zaragosa. Según el gobierno, testificaría sobre la revisión que hizo de los acuerdos de Doral y Hacienda de forma similar a la que hizo Zaragoza. Su testimonio se centró en unas tablas difíciles de entender que se suponía apoyaban el testimonio de Zaragosa. Mencionó que el acuerdo de 2012 Hacienda quería monetizar a Doral. Fue neutralizado por el Lcdo. Rosario y de Jesús no fue un buen testigo como su jefe. No fue convincente.
La última testigo del Gobierno fue la Secretaria Melba Acosta. Ella fue a testificar de por que declaró nulo el acuerdo de 2012. Indicó que uno de los auditores externos le indicó que el sabía de la existencia del acuerdo de 2012 pero no encontraba el mismo, que no existía un expediente del acuerdo, etc., tratando de dar la impresión que la pasada administración quería ocultar el acuerdo. La Secretaria indica que solicitó una investigación y se encontraron dos falseamientos. Sin embargo, eso no es lo que dice su carta declarando el acuerdo nulo. Indica que la ley de Hacienda no permite reintegro si no hay sobrepago, pero esta en conflicto con Wagnell. Admite que solicitó información a Doral de los sobrepagos y que Doral le envió un grupo de cheques.
Durante su contrainterrogatorio, contrario a lo dicho en la prensa, Acosta se vio tensa y confrontativa. Tuvo que hacer varias admisiones sobre lo que decía su carta v. lo que se alegaba, lo que sabe o no del acuerdo de 2012, etc. En realidad su testimonio carecía de utilidad y no añadió mucho al caso del Gobierno, excepto decir que la economía no fue factor, que si hubiese estado boyante, hubiera hecho lo mismo y que los $229 millones+ era el presupuesto de la Rama Judicial.
Estamos ante la triste situación que el Gobierno de PR, por las razones que fuesen, decidió anular un closing agreement. Correctamente, el Tribunal Apelativo indicó que el Tribunal y no un procedimiento administrativo tenía que decidir el caso por y que el peso de la prueba la tenía Hacienda, a pesar de que no tenía que ser con prueba robusta y convincente si no por preponderancia de la prueba. En mi opinión, luego de estar sentado en bancas duras e incómodas, entiendo que Hacienda no probó su caso. Las partes entienden que la juez decidirá en algún momento la semana entrante. El que pierda el caso apelará al Tribunal Apelativo y de allí al Supremo, de ser necesario. Todo esto es una pérdida de tiempo y de dinero que se pudo haber evitado pero la politiquería parece ser más importante que la buena política pública.
muddlaw 