Esta frase sacada de una de las obras maestras de ese gran (y hasta cierto punto olvidado) intelectual ingles, George Orwell, en 1984, ha resurgido con la tecnología y las redes sociales. Ahora resulta que la Oficina del Contralor Electoral esta vigilando las redes sociales para obtener información para multar a aquellos servidores públicos electos o aspirantes a elección que violen la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y Reglamentos.

El artículo de ENDI pone este monitoreo en una luz positiva, como aquellos que salvaguardan la integridad de las campañas políticas. Sin embargo, para mi es un arma peligrosa en las manos de cualquier Gobierno, especialmente el Boricua con sus tendencias autoritarias. Debemos recordar que la Ley para Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas fue puesta en vigor para el año 2011, luego de haber sido decidido el caso de Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010)(los PAC y Super PAC)  y a pesar de esto estaba en claro conflicto con la decisión del Supremo Federal bajo la Primera Enmienda. Así lo determinó el Primer Circuito en Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, et als. v. Fortuño, 699 F.3d 1 (1^st Cir. 2012) .  De igual manera, partes de esta ley están en claro conflicto con la decisión del Supremo Federal en McCutcheon v. FEC, de abril de 2014 donde se declaró inconstitucional los límites agregados a contribuciones políticas. Estando la Ley en claro conflicto con dos casos del Supremo Federal de Primera Enmienda, más vale que el Gobierno sea cauteloso en sus “investigaciones”.

Debemos añadir que en  USA se está cuestionando el poder de los patronos en utilizar las redes sociales para castigar a sus empleados .  ¿Cuanto más debemos limitar ese poder al Estado? En mi visión, mucho más. Como dijo el Juez Roberts en la pág. 20 de McCutcheon, citándose a sí mismo en Federal Election Comm’n v. Wisconsin Right to Life, 551 U. S. 449, 457 (2007):

The line between quid pro quo corruption and general influence may seem vague at times, but the distinction must be respected in order to safeguard basic First Amendment rights. In addition, “[i]n drawing that line, the First Amendment requires us to err on the side of protecting political speech rather than suppressing it.”

Finalmente, este poder gubernamental se puede ejercer arbitrariamente. El mismo artículo de ENDI menciona que se multó al ex representante Eric Correa, PNP, más no así al alcalde PPD Marcos Cruz Molina por violaciones similares. Esta práctica de espiar a los políticos y aspirantes a políticos no augura nada bueno.