Después de la decisión del Juez Federal Francisco Besosa donde dijo que “[t]he Commonwealth defendants, and their successors in office, are permanently enjoined from enforcing the Recovery Act,” uno pensaría que lo único que quedaba era la apelación. Pero uno estaría equivocado. Como era de esperarse, el Secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, anunció el 9 de febrero que apelaría la decisión. Menos esperado fueron las últimas palabras de su comunicado de prensa.:

Finalmente, el Secretario sentenció que está convencido de que no existe impedimento legal alguno para que Puerto Rico implemente los procesos establecidos en la Ley Número 71. Por ello, considerará los remedios legales disponibles para que el estatuto continúe en vigor. (Subrayado nuestro)

¿Que quiere decir esta críptica oración? ¿Cuales son los remedios legales para que el estatuto continúe en vigor? El lunes 9 de febrero de 2015, el PC 2321 fue presentado por Jaime Perelló y varios otros legisladores del partido de gobierno. A las páginas 3-5 del proyecto se le autoriza al Gobernador o la agencia que el imponer a cualquier propiedad sobre el cual una persona tenga un interés real (incluyendo propiedad, arrendamiento, usufructos y muchos otros una declaración de utilidad pública. Con esta declaración, la cual tiene que ser hecha luego de una vista publica o judicial, la propiedad solo se puede usar para el propósito publico que se le designe. En otras palabras, si los bonistas de la AEE solicitan, como es su derecho bajo el Bonholders Agreement de 1974, el nombrar un “receiver”, esta ley no lo permitiría la operación de la misma para el beneficio de los bonistas y por ende limitaría sus derechos de propiedad.

Esto no sería otra cosa más que un intento burdo de darle la vuelta a las consecuencias de la decisión del Juez Besosa antes de que se resuelva la apelación. Nuevamente esta administración en vez de trabajar con sus acreedores para en un forma ordenada, decide luchar contra ellos en todos los frentes. Afortunadamente, dudo que esta medida, aún si fuese aprobada, sobreviviría un ataque constitucional.

El PC 2321 es un ‘bill of attainder”, i.e., una ley hecha a la medida para castigar a los bonistas si ejercitan su derecho bajo el Bondholders Agreement de 1974. Los bill of attainder están prohibidas por ambas constituciones, ver Nixon v. Administrator of General Services, 433 U.S. 425 (1977) y Colegio de Abogados v. ELA, 181 D.P.R. 135 (2011). Además, como intimó el Juez Besosa, el remover el derecho de los bonistas a nombrar un “receiver” podría ser considerado un “taking” sin justa compensación, lo cual es exactamente lo que esta ley busca, ver, pags. 65-74 de la decisión del Juez Besosa. Más aún, el PC 2321 podría considerarse como un menoscabo de obligaciones contractuales, otra reclamación que sobrevivió la moción de desestimación del Gobierno. Ver, páginas 46-65 de la opinión de Juez Besosa.

Nuevamente insto al Gobierno de Puerto Rico a manejar a sus acreedores, incluyendo los bonistas de la AEE y Doral, de una forma responsable. Moodys indica que todavía cree que la AEE va a dejar de pagar sus bonos y eso sería desastroso para el maltrecho crédito de la isla. Aún si el Capítulo 9 de Quiebras federal no aplica a PR, la isla podría aprovechar el 11 U.S.C. § 109(c) y negociar con sus acreedores para obtener un acuerdo para reestructurar ya que el Comisionado Residente de PR introdujo legislación en el Congreso para permitir a las corporaciones públicas y municipios de PR acogerse a ella. Sea bajo la ley de Quiebra Federal o una restructuración griega, el Gobierno debe entender que tiene que reducirse de forma dramática. Más aún, si PR sigue insistiendo en chocar con sus acreedores en vez de cooperar con ellos, el futuro de la isla será tenebroso.