La Asociación de Abogados acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar que se declare inconstitucional las disposiciones de la Ley 72 de 2015 que establece un impuesto nuevo en los servicios legales y que tendrían que ser colectado por los abogados. Dicha medida establece el aumento del IVU de 7% a 11.5% y por primera vez en la historia de Puerto Rico se impone un impuesto a los servicios legales de esta naturaleza.

En específico, la demanda contra el Gobernador García Padilla impugna la Ley 72 de 2015 que convierte a los abogados y notarios en agentes retenedores del Departamento de Hacienda al obligarlos a cobrarle a sus clientes un 4%  este año y un 10.5% el año que viene.  El recurso judicial sostiene que dicha Ley violenta importantes elementos del privilegio abogado cliente al permitir a Hacienda obtener información esencial de la representación legal de un ciudadano. Además, la demanda expone que la legislación interviene inconstitucionalmente con el poder inherente del Tribunal Supremo de regular la profesión y afecta el acceso a la justicia de los residentes en Puerto Rico, entre otras causas.

La Asociación de Abogados en el pasado prevaleció en su defensa de los abogados cuando impugnó la colegiación compulsoria. En aquella ocasión, la Asociación de Abogados exigió al Tribunal Supremo que reconociera el derecho de libertad de asociación de cada abogado de decidir si quería o no pertenecer a una organización gremial. El Presidente de la Asociación de Abogados, Héctor R. Ramos, afirmó que “la Asociación es una entidad creada para defender los derechos de los abogados y abogadas en Puerto Rico y para garantizar el acceso a la Justicia. Esta legislación que impone un IVU a los servicios legales atenta contra todo lo que defendemos y es nuestro deber acudir al Tribunal. Hacemos un llamado a todas las entidades que aspiran a proteger los derechos de los abogados y el acceso a la justicia a unirse a este pleito para que así defiendan a sus matrículas y la ciudadanía como merecen”.