Para el PPD y el Comisionado Residente Pierluisi, el Capítulo 9 de Quiebras es la solución a los problemas económicos de la isla. Como sabemos, el Comisionado Pierluisi radicó el H.R. 870 para incluir a las corporaciones públicas y municipios de PR en el Cap. 9. Las probabilidades de que se apruebe, sin embargo, son mínimas ya que el Chairman del Comíte de lo Judicial de Cámara Federal, Robert Goodlatte, ya ha indicado que no hay los votos.

Aún si hubieran los votos, el Cap. 9 no resuelve los problemas de PR y me explico. Según el Quarterly Report dated May 7, 2015 del Banco Gubernamental de Fomento, los bonos de obligación general (GO’s] de PR totalizaban $23,804 billones. Los GO’s tienen la protección de la Constitución de la isla que establece que en caso de falta de fondos en el presupuesto, estos se tienen que pagar antes que nada. Ver, Article VI, section 8 of the Constitution. Eso nos deja con $48,400 billón potencialmente sujetos al Cap. 9. Sin embargo, el 11 U.S.C. § 109(c) requiere que la ley estatal específicamente permita al Municipio o Corporación Pública a acogerse al Cap. 9. Si usamos la ley 71-2014, la ley de quiebra criolla, como guía de la intención legislativa, ni los municipios, el Banco Gubernamental de Fomento, sus subsidiarias, el Fideicomiso de Niños, el Sistema de Retiro del ELA, de los Maestros y el de la Rama Judicial, la Agencia para el Financiamiento Municipal, AFI, COFINA y otros no serán permitidos de radicar bajo el Cap. 9. Si uno excluye estos bonos, solo $24,914 billones podrían ir a Cap. 9, dejando $47,290 sin protección. Ver páginas 56 and 64 del informe del Banco Gubernamental de Fomento de 7 de mayo May 7, 2015.

Debemos considerar además, para que fue diseñado el Cap. 9. El website del US Courts nos dice lo siguiente sobre el Cap. 9:

The purpose of chapter 9 is to provide a financially-distressed municipality protection from its creditors while it develops and negotiates a plan for adjusting its debts. Reorganization of the debts of a municipality is typically accomplished either by extending debt maturities, reducing the amount of principal or interest, or refinancing the debt by obtaining a new loan.

Claramente el cambiar los términos de los bonos no le hace gracia a ningún bonista pero ellos no serían los únicos que sufrirían. Recordemos que bajo el Cap. 9 el Municipio puede cambiar los términos de cualquier convenio colectivo (executory contract) o cualquier alquiler. También, como este es un proceso federal, las pensiones que ya están siendo pagadas pueden ser alteradas como se hizo en Detroit Como dicen en inglés, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, el Cap. 9 nada hace para curar las prácticas que nos han llevado al desastre financiero que vivimos. Llegamos a este hoyo negro gracias a los políticos que tomaron prestado no para obra que trajera crecimiento económico, si no para mantener el nivel de gasto necesario para premiar a las uniones, a los empleados y los amigos del alma que les permitían ser elegidos una y otra vez. De existir el Cap. 9 para PR, este clientelismo deleznable forzará a los municipios y corporaciones públicas a acudir al mismo cada vez que los políticos se excedan en sus gastos. Solo una Junta Financiera creada por el Congreso con amplios poderes a la DC podrá hacer los cambios necesarios a PR para que esto no se repita.