En el día hoy, el amigo Benjamín Torres Gotay dice en su columna dominical que “[n]o hay mucha gente seria que crea que la deuda es pagable en su totalidad en los términos actuales, o que se pueda hacer sin que implique descomunales sacrificios para el ciudadano común.” Creo que el Dr. Carlos Colón de Armas, el Dr. Elías Gutierrez, Dr. José M. Saldaña y este servidor, para dar ejemplos, si creemos que se puede pagar la deuda sin “descomunales sacrificios”. Esto sin mencionar los continuos insultos que el Gobernador profiere contra aquellos que desenmascaramos las mentiras en sus agendas e informes. Demos, pues, un vistazo a la alternativa del impago.
PR necesita desesperadamente inversión. ¿Cuantos invertirían en un territorio que no cumple con sus deudas? Más aún, si hiciéramos como Ecuador, que hizo una Comisión (como la empuja el Representante Natal) para determinar que deuda es legítima y cual es odiosa ésta nación libre y soberana no pudo ir al Mercado por 7 años. PR tiene un terrible problema de flujo de caja, ver Conway & MacKenzie Commonwealth of Puerto Rico Liquidity Update, del cual poco ha salido en prensa, a la página 11. Ha llegado al extremo de canibalizar las pocas corporaciones públicas para allegar fondos. No ha podido emitir deuda de $2.9 billones a pesar de una garantía/gravamen de la crudita y la AAA tampoco ha podido flotar una modesta emisión de $750 millones, en parte por la soberana estupidez de los abogados del Gobierno en su solicitud de certiorari al Supremo Federal sobre la quiebra criolla decir que la AEE, la AAA y Carreteras no pueden pagar su deuda actual. ¿Como va el Gobierno de PR operar por 7 años sin préstamos puente? ¿Cómo podrán terminarse los múltiples proyectos de la AAA, inconclusos por el malgasto de sus fondos? ¿Cómo se podrá terminar el Supertubo, tan criticado y ahora tan necesario?
Más aún, la negociación de la AEE nos ha tomado más de 1 año y a pesar de los reclamos del Gobierno, no ha terminado. Se acordó con los “odiados” fondos buitres, el 35% de los bonistas, un acuerdo que ya ha sido harto criticado como insuficiente, y falta el otro 65%. Recordemos también que durante este periodo la AEE pago sus deudas. Lo cual nos lleva al próximo asunto: ¿Impagará el Gobierno alguna de sus deudas mayores para demostrar su incapacidad? El Informe de Conway MacKenzie nos dice que en diciembre de 2015 habrá un déficit de caja de $733 millones y de $520 millones en enero, o sea $1,253 millones de déficit en esos dos meses. Al mismo tiempo, PR tiene que pagar $1,299 millones entre esos dos mismos meses, incluyendo $332 millones en GO’s que están protegidos por la Constitución. Si PR impaga, lo demandarán en la corte estatal o federal y perderá. Recordemos que la Constitución provee una causa de acción contra el Secretario de Hacienda para obligarlo a pagar, ver Artículo VI, sección 2 .
El Secretario de Hacienda podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable la Sección 8 de este Artículo VI mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagarés emitidos en evidencia de la misma.
Otro punto del cual difiero totalmente es cuando Torres Gotay indica que hay “retirados que invirtieron de buena fe en el Gobierno y merecen su pago total. Pero fallaron. Seguramente porque fueron mal orientados, pero invirtieron mal. Todo el que tiene dos ojos de frente, sabe hace años que la supuesta prosperidad de Puerto Rico en la que invertían era una fantasía.” Varios puntos salientes; ¿hace cuantos años se sabe que la bonanza de PR era fantasía? ¿Bajo Sila, Aníbal y Fortuño? ¿Y los que invirtieron antes de eso, eran ciegos? Recordemos además que un inversor prudente y razonable usa las casas acreditadoras y los mercados para hacer sus inversiones. Es solo en agosto de 2013 que los mercados abandonaron a PR a raíz de la quiebra de Detroit y luego lo hicieron las acreditadoras. Es bien fácil decir hoy día que esto se sabía cuando hace dos años no era la realidad del Mercado. No solo eso, recordemos que alrededor de 30% de los bonistas son de PR. ¿Cual será el impacto sobre estos retirados si PR impaga? ¿Y se protege a los empleados del ELA pero no a los retirados?
Más aún, a las Cooperativas el Gobierno de PR las convenció de invertir en sus bonos. Ahora mismo estas tienen $1,100 millones en bonos de PR y alrededor de 30 de ellas, según COSSEC, están en problemas económicos. ¿Cual va a ser el impacto en la economía de PR si estas impagan. COSSEC solo tiene $268 millones para cubrir los depósitos de los socios y cero dinero para los accionistas. Esto podría ser un golpe mortal a un sector exitoso de la maltrecha economía Boricua.
Cabe señalar que el informe de Conway MacKenzie también dice, aunque no explica como, que PR podrá pagar esa deuda en diciembre/enero pero insiste en un déficit en junio de sobre $500 millones y PR tiene que pagar sobre $1,900 millones, incluyendo $780 millones en GO’s en julio de 2016. Mismo problema. Y como indiqué anteriormente, los bonistas, antes estas pérdidas demandarán y ganarán. Contrario al escenario que presenta el Gobierno, esto no será litigación de años. Debido a su importancia, el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de PR moverán las controversias con rapidez para darle seguridad a todos.
Otro punto importante es que el informe de Conway MacKenzie, a la página 45, nos dice que para el año 2018, el Retiro de los Empleados del ELA estará en negativo. El resultado de esto es que el Gobierno tendrá que buscar alrededor de $1,500 millones adicionales para pagar a los retirados, los cuales tienen un derecho constitucional al pago, ver Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987). Algo parecido ocurre con el Retiro de Maestros, página 46, que también se agota en el 2018 y habría que pagar poco más de $700 millones anuales. Y recordemos que aunque el Gobernador “reformó” el retiro del ELA, no ha hecho la contribución adicional que se suponía hiciera, página 44.
Más aún, el “Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan” el cual bauticé en el programa radial El Azote como “Una Porquería”, depende de que la Legislatura apruebe varias medidas de reforma laboral, que aunque necesarias, tienen cero oportunidades en la Cámara donde varios legisladores de mayoría han negado su apoyo. Más aún, esta porquería depende en gran medida que el Congreso elimine la aplicación del la Ley Jones a PR, de paridad en fondos Medicaid/Medicare, permita el congelamiento por 10 años de cualquier aumento al salario mínimo, la aplicación del Capítulo 9 del Código de Quiebras a la isla, etc. Esto no es más que un wish list sumado a la carta a Santa Claus. Not going to happen.
En vez de esta porquería, el Gobierno debería estar reduciendo sus más de 100 agencias, reduciendo los gastos de publicidad y los gastos en asesores financieros, por mencionar unos cuantos. Se habla sobre reducir agencias pero esto toma tiempo en el mejor de los casos y no lo vemos ocurrir. Otra medida a corto plazo que deben considerar es reducir la jornada laboral a cuatro días, de ser necesario.
Como nos han indicado los economistas Colón de Armas y Gutierrez, el problema no es uno de recaudos, sino de gasto. Entre 2006 y 2014, a los puertorriqueños se nos han aumentado los impuestos por los diferentes gobiernos en $12,000 millones, ver página 20 del libro de Gustavo Vélez, El Ultimo Tarjetazo: De la Chatarra a la Oportunidad, 2015. Así que ya los boricuas estamos incurriendo en “descomunales sacrificios” y lo que falta con la entrada en vigor del IVU a los servicios profesionales.
En síntesis, el plan del Gobierno es una porquería y el impago que sugiere la columna de Torres Gotay sería mucho peor que simplemente la austeridad que sugerimos los que queremos que se pague la deuda. Todos hemos hecho ajustes menos el Gobierno. Que lo haga también.
muddlaw 
Benjamin Gotay
El Nuevo Dia
Saludos,
Leyendo su columna de hoy, El Pantano, me percato cuán difícil es para los analistas y reporteros conservar una capacidad análitica y objetiva para identificar correctamente los grupos afectados por la crisis fiscal y la deuda en Puerto Rico.
Quizás por falta de tiempo para buscar la evidencia que sostenga el análisis, se identifica incorrectamente las consecuencias verdaderas del (im)pago de la deuda pública.
Para saber las consecuencias reales del (im)pago, sugiero que comenzemos con los fondos federales que recibe el Gobierno Estatal.
Los fondos federales no se pueden utilizar para pagar la deuda. Solamente se pueden usar para propósitos específicos definidos por el Congreso. Los bonistas no pueden pedir al Gobierno, ni exigirle a una corte que se usen fondos federales para pagar la deuda. Ni el Gobierno estatal está autorizado para usar fondos federales para el pago de su deuda. Por eso es que el Gobierno Federal exigió que esos fondos federales se separen de la cuenta del Secretario de Hacienda (ver ENDI, cartas de OIG a Justicia y Educacion).
Como los fondos federales son intocables, podemos concluir lo siguiente.
1. Los niños y las familias pobres no van a dejar de comer si el Gobierno paga la deuda. La razón es sencilla – el Gobierno Federal va a continuar enviando $1,900 millones para el Programa Nutricional (“Supplemental Nutritional Assistance Program”), conocido como los cupones de alimentos.
2. Las escuelas públicas no van a cerrar si el Gobierno paga la deuda. El Gobierno Federal va a continuar enviando mas de $550 millones en fondos de Titulo I para operar las escuelas públicas, y el Departamento no lo malgasta en servicios como los de Rocket Learning.
3. Los estudiantes universitarios de familias con ingresos bajos y medios van a continuar recibiendo mas de $1,000 millones en Becas Federales
4. Los servicios de salud ofrecidos a traves de la tarjeta de salud van a continuar siendo financiados por el Gobierno Federal, que da mas de $1,000 millones anuales a traves de varios programas: Medicaid, CHIP, Medicare, etc.
5. Puedo seguir dando ejemplos, pero ya tienes suficientes datos para concluir que no es cierto el escenario que pintas en tu columna El Pantano.
Para más detalles de todos los programas federales que van a continuar en PR, puedes constatar las cifras en el último Informe de GAO sobre el tema (GAO-14-31, disponible en http://www.gao.gov).
Bueno, si los que reciben algun tipo de ayuda federal – mas de la mitad de la poblacion – no se afectan si el Gobierno Estatal paga su deuda de $72 billones como lo acordó cuando tomó prestado esos fondos, ¿Quiénes son los que se van a afectar?
Esa es la pregunta clave que hay que investigar para descubrir los que están vulnerables si se paga la deuda de $72 billones, y poder compararlos con los bonistas vulnerables que se afectan si no se paga la deuda.
Una fuente importante para la investigación es el registro de contratos del Contralor.
Este grupo de empresas e individuos está vulnerable a cancelaciones de los contratos, a reducciones de los términos, a que no le paguen a tiempo, o que el Gobierno no pague las cuentas por pagar, como ya está ocurriendo, después de haber rendido los servicios.
El registro de contratos de la Oficina del Contralor identifica a los que tienen contratos de servicios profesionales, de bienes y otros servicios con las agencias de gobierno.
El registro esta en
http://www.ocpr.gov.pr/indice_registro_de_contratos.htm
Buscando en el registro los grupos vulnerables, podemos saber
1. Cuántos abogados están en la lista. Sugiero agruparlos entre los criollos y los expertos externos.
2. ¿Relacionistas públicos y empresas de comunicaciones ?
3. ¿Consultores de sistemas de información?
4. ¿Consultores educativos, como Rocket Learning?
5. ¿Los suplidores de equipo y materiales, como Miguelito Asphalt que recibio $64 millones hechando asfalto en el Municipio de Bayamón por 8 años? Existen otros Miguelitos en el Gobierno Estatal.
Si haces el analisis completo de los contratos de servicios y materiales, te das cuenta que están casi todas las empresas importantes en PR, que ofrecen donativos a los dos partidos políticos. Estos son los que se van a afectar si se pagan los $72 billones de bonos.
Como sabes, ya existe otro agravante para estos suplidores de servicios y materiales – ellos son los nuevos inversionistas del Gobierno Estatal, pues están financiando al Gobierno sin quererlo. El Gobierno no les está pagando los servicios y materiales que suplen. Las deudas por pagar a los contratistas están aumentando vertiginosamente. Ya hay algunos sectores que han levantado quejas: ASES (médicos), contratistas generales, etc.
A este grupo se enfrentan los que se afectarían si NO se paga la deuda.
Puedes dividir los compradores de los $72 billones de bonos en dos grupos:
1. Los “hedge funds”, o como le llamas “bestias feroces”. Estos tienen tres características importantes: compraron la deuda a un gran descuento, están bien organizados y asesorados, y tienen bolsillos profundos para esperar el resultado de un litigio o el resultado de las elecciones de 2016. Estos saben muy bien como protegerse en cualquier escenario previsible hasta noviembre de 2016. Pero ellos no tienen la mayoría de los $72 billones de bonos.
2. La mayoría de los bonos están la cartera de los inversionistas locales, como las cooperativas, los bancos, y los individuos retirados que no quisieron vender sus bonos, especialmente los de COFINA y los GOs, con la esperanza de seguir recibiendo sus intereses. Este es el grupo mas vulnerable, pues muchos carecen de liquidez y recursos para aguantar el cantazo si el Gobierno Estatal no paga.
Asi que, ahí tienes el verdadero dilema de la Administración – o le pago a los suplidores que ofrecen materiales y servicios, y financian la campaña electoral, o les pago a “fondos buitres” y otros inversionistas que se quedaron con los bonos, especialmente aquellos que están protegidos por garantías constitucionales y por ingresos pignorados del CRIM, que son intocables por el Gobierno Estatal.
Como puedes ver, los niños, los necesitados y otros grupos vulnerables que aparecen en los discursos del Gobernador y en tu columna son solo un espejismo para esconder los verdaderos grupos en disputa. La realidad es que esos grupos de necesitados continuarán protegidos por los programas federales.
Espero que esta reflexión te ayude en artículos futuros. Adelante.
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True
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Sr. Mudd, soy un “fan.” Gracias por el excelente trabajo ya que la Prensa de Puerto Rico no hace el suyo..
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Ty
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WoW! Interesante y bien contestado. Gracias!!
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Y como se dice en español más claro no canta un gallo.
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Saludos. Mi carta a Benjamin Gotay sobre su columna El Pantano.
Jose Oyola
Leyendo su columna de hoy, El Pantano, me percato cuán difícil es para los analistas y reporteros conservar una capacidad análitica y objetiva para identificar correctamente los grupos afectados por la crisis fiscal y la deuda en Puerto Rico.
Quizás por falta de tiempo para buscar la evidencia que sostenga el análisis, se identifica incorrectamente las consecuencias verdaderas del (im)pago de la deuda pública.
Para saber las consecuencias reales del (im)pago, sugiero que comenzemos con los fondos federales que recibe el Gobierno Estatal.
Los fondos federales no se pueden utilizar para pagar la deuda. Solamente se pueden usar para propósitos específicos definidos por el Congreso. Los bonistas no pueden pedir al Gobierno, ni exigirle a una corte que se usen fondos federales para pagar la deuda. Ni el Gobierno estatal está autorizado para usar fondos federales para el pago de su deuda. Por eso es que el Gobierno Federal exigió que esos fondos federales se separen de la cuenta del Secretario de Hacienda (ver ENDI, cartas de OIG a Justicia y Educacion).
Como los fondos federales son intocables, podemos concluir lo siguiente.
1. Los niños y las familias pobres no van a dejar de comer si el Gobierno paga la deuda. La razón es sencilla – el Gobierno Federal va a continuar enviando $1,900 millones para el Programa Nutricional (“Supplemental Nutritional Assistance Program”), conocido como los cupones de alimentos.
2. Las escuelas públicas no van a cerrar si el Gobierno paga la deuda. El Gobierno Federal va a continuar enviando mas de $550 millones en fondos de Titulo I para operar las escuelas públicas, y el Departamento no lo malgasta en servicios como los de Rocket Learning.
3. Los estudiantes universitarios de familias con ingresos bajos y medios van a continuar recibiendo mas de $1,000 millones en Becas Federales
4. Los servicios de salud ofrecidos a traves de la tarjeta de salud van a continuar siendo financiados por el Gobierno Federal, que da mas de $1,000 millones anuales a traves de varios programas: Medicaid, CHIP, Medicare, etc.
5. Puedo seguir dando ejemplos, pero ya tienes suficientes datos para concluir que no es cierto el escenario que pintas en tu columna El Pantano.
Para más detalles de todos los programas federales que van a continuar en PR, puedes constatar las cifras en el último Informe de GAO sobre el tema (GAO-14-31, disponible en http://www.gao.gov).
Bueno, si los que reciben algun tipo de ayuda federal – mas de la mitad de la poblacion – no se afectan si el Gobierno Estatal paga su deuda de $72 billones como lo acordó cuando tomó prestado esos fondos, ¿Quiénes son los que se van a afectar?
Esa es la pregunta clave que hay que investigar para descubrir los que están vulnerables si se paga la deuda de $72 billones, y poder compararlos con los bonistas vulnerables que se afectan si no se paga la deuda.
Una fuente importante para la investigación es el registro de contratos del Contralor.
Este grupo de empresas e individuos está vulnerable a cancelaciones de los contratos, a reducciones de los términos, a que no le paguen a tiempo, o que el Gobierno no pague las cuentas por pagar, como ya está ocurriendo, después de haber rendido los servicios.
El registro de contratos de la Oficina del Contralor identifica a los que tienen contratos de servicios profesionales, de bienes y otros servicios con las agencias de gobierno.
El registro esta en
http://www.ocpr.gov.pr/indice_registro_de_contratos.htm
Buscando en el registro los grupos vulnerables, podemos saber
1. Cuántos abogados están en la lista. Sugiero agruparlos entre los criollos y los expertos externos.
2. ¿Relacionistas públicos y empresas de comunicaciones ?
3. ¿Consultores de sistemas de información?
4. ¿Consultores educativos, como Rocket Learning?
5. ¿Los suplidores de equipo y materiales, como Miguelito Asphalt que recibio $64 millones hechando asfalto en el Municipio de Bayamón por 8 años? Existen otros Miguelitos en el Gobierno Estatal.
Si haces el analisis completo de los contratos de servicios y materiales, te das cuenta que están casi todas las empresas importantes en PR, que ofrecen donativos a los dos partidos políticos. Estos son los que se van a afectar si se pagan los $72 billones de bonos.
Como sabes, ya existe otro agravante para estos suplidores de servicios y materiales – ellos son los nuevos inversionistas del Gobierno Estatal, pues están financiando al Gobierno sin quererlo. El Gobierno no les está pagando los servicios y materiales que suplen. Las deudas por pagar a los contratistas están aumentando vertiginosamente. Ya hay algunos sectores que han levantado quejas: ASES (médicos), contratistas generales, etc.
A este grupo se enfrentan los que se afectarían si NO se paga la deuda.
Puedes dividir los compradores de los $72 billones de bonos en dos grupos:
1. Los “hedge funds”, o como le llamas “bestias feroces”. Estos tienen tres características importantes: compraron la deuda a un gran descuento, están bien organizados y asesorados, y tienen bolsillos profundos para esperar el resultado de un litigio o el resultado de las elecciones de 2016. Estos saben muy bien como protegerse en cualquier escenario previsible hasta noviembre de 2016. Pero ellos no tienen la mayoría de los $72 billones de bonos.
2. La mayoría de los bonos están la cartera de los inversionistas locales, como las cooperativas, los bancos, y los individuos retirados que no quisieron vender sus bonos, especialmente los de COFINA y los GOs, con la esperanza de seguir recibiendo sus intereses. Este es el grupo mas vulnerable, pues muchos carecen de liquidez y recursos para aguantar el cantazo si el Gobierno Estatal no paga.
Asi que, ahí tienes el verdadero dilema de la Administración – o le pago a los suplidores que ofrecen materiales y servicios, y financian la campaña electoral, o les pago a “fondos buitres” y otros inversionistas que se quedaron con los bonos, especialmente aquellos que están protegidos por garantías constitucionales y por ingresos pignorados del CRIM, que son intocables por el Gobierno Estatal.
Como puedes ver, los niños, los necesitados y otros grupos vulnerables que aparecen en los discursos del Gobernador y en tu columna son solo un espejismo para esconder los verdaderos grupos en disputa. La realidad es que esos grupos de necesitados continuarán protegidos por los programas federales.
Espero que esta reflexión te ayude en artículos futuros. Adelante.
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La vi y Concuerdo
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Muy cierto. Donde esta la independencia del periodismo de Puerto Rico?
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