LA JUNTA VELARIA POR EL PACTO CON LOS ACREEDORES????

El Gobernador Alejandro García Padilla insiste en la creación de una Junta de Control Financiero local. En Washington nos dicen lo siguiente sobre la Junta local:

Hay que ver qué dice la legislación, pero un ejemplo puede ser que el acreedor pacte unos controles fiscales (que el gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir). Si Puerto Rico incumple, entonces se cae la negociación o el bono madura más temprano o (se tiene que pagar) al precio original. Cosas como esas las puede certificar una junta externa, certificar que las cosas se están haciendo bien.

Esto es tan ridículo que dan ganas de llorar. El Gobernador nos esta hablando de la Junta de Control Financiero local desde el 29 de junio. Aparece la Junta en el informe Krueger y Melba Acosta habló sobre ello. Escribí por que el concepto era inconstitucional como lo concebían estas personas Su concepción se topó con la dura realidad de nuestra constitución y ahora pretenden hacerlo de otra forma. Sus ideas, sin embargo, son risibles. Me explico.

El Gobernador habla de una Junta certificar que el gobierno esta o no en cumplimiento. ¿Que peso, si alguno, tendría esto? Si los bonistas creen que el Gobierno esta en cumplimiento, la opinión de la Junta sería irrelevante. Si los bonistas no creen que el Gobierno no esta en cumplimiento, la opinión de la Junta sería irrelevante. Más aún, ¿que confianza podrían tener bonistas de una Junta parcial o totalmente nombrada por el propio deudor?

Además, es función del Gobierno asegurarse que sus agencias cumplan con sus obligaciones. Delegar esta función a una Junta nada resuelve, especialmente cuando esta función la puede hacer un arbitro en procedimiento de arbitraje (si se pacta en el bono) o un tribunal de jurisdicción competente.

Claramente la idea de una Junta es para apaciguar a Washington. El mismo Gobernador no sabe como va a ser la legislación propuesta y sabe que la Junta no tendrá los poderes de obligar al Gobierno o la Legislatura a cumplir con los acuerdos. El solo decir que se cumple o no con los acuerdos no obliga nadie. Finalmente, ante un Gobierno que ya amenaza violar la Constitución al no pagar los bonos de obligación general, ¿que garantía tendrían los bonistas de que obedecerá lo dicho por una Junta? ¿Que garantía hay de que el Gobierno no acuda a un Tribunal a decir que la Junta se equivoca? La desfachatez del Gobierno no tiene límite.