El Gobernador Ricardo Rosselló anunció el lunes 22 de enero que va a vender la AEE. Como todo anuncio de este tipo, la pregunta es cómo se va a hacer. El Gobernador indicó que iba a presentar legislación, proceder a la negociación y venta final, todo en 18 meses. Pero como dicen en inglés, the devil is in the details.

 

En primer lugar, el Gobierno de PR, una vez se apruebe la legislación, puede vender la AEE sin permiso del Tribunal ni de la Junta. Eso es así ya que en el Capítulo III no se adoptó la sección 363 de Quiebras que requiere aprobación del Tribunal en casos de ventas fuera del curso ordinario del negocio. Además, la Junta no tiene que aprobarlo ya que la Juez Swain, en su decisión sobre Zamot hizo claro lo siguiente:

 

The FOMB’s assertion that Title III creates or reinforces direct managerial power granted by Titles I and II rings hollow as well. PROMESA section 303 reserves the territory’s political and governmental powers to the territory or “any territorial instrumentality thereof, ”subject only to Titles I and II. See id. § 303.6 As the Court has explained, nothing in Titles I and II permits the FOMB to displace local government structures and authority by declaration. Similarly, sections 305 and 306 do not empower the FOMB to interfere unilaterally with the debtor’s political and governmental powers, or with the debtor’s property or revenues.

 

Se preguntarán, entonces, ¿por qué la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko insiste que para la venta PR necesita la aprobación de la Junta y de la Juez Swain? Lo dice porque sabe que el Gobernador quiere vender la AEE libre de gravámenes y deudas. Para poder hacer eso, tiene que haber una determinación que los bonistas no tienen gravamen y eso solo lo puede hacer un Tribunal Federal. Y aún si el Tribunal así lo indicase, solo el Plan de Ajuste puede, de ser aprobado, reducir las deudas de la AEE que según el Plan Fiscal recién presentado suman $11.4 billones. Pero el Plan de Ajuste lo tienen que aprobar los acreedores cuyas acreencias sean modificadas por el Plan de Ajuste son los que pueden votar y si la mayoría no lo aprueba, el mismo no sería aprobado por el Tribunal excepto a través de un cramdown, cosa que nunca ha ocurrido en un Capítulo 9. Si el Tribunal no procede con el cramdown, bajo el 11 U.S.C. § 930, la petición de quiebra se tiene que desestimar.

 

Otro problema en todo este enredo es que el Gobernador, según la información que me ha llegado, aún no ha preparado la pieza legislativa para la venta de la AEE y eso no se hace en par de días. Además, cuando se radique, pueden estar seguros que los políticos se pondrán creativos requiriendo que no se aumente las tarifas, que no se despidan empleados y hasta poniendo precio mínimo a la venta, especialmente cuando el Plan Fiscal dice que la AEE vale $9.4 billones. Dudo alguien crea esa patraña, pero así son nuestros politicos.

 

Esto nos lleva al precio de venta. La AEE no vale ni $4 billones y un comprador no va a pagar lo que vale ya que tiene que invertir muchos más billones en nuevas plantas, etc. Irrespectivo de mi opinión, el dinero que se obtenga de la venta tiene que ir a pagar las deudas de los acreedores, no a engrosar las arcas del Gobierno. Claro, los fondos de retiro de la AEE es uno de los acreedores, pero los bonistas son muchos más y los pagos deben ser a pro rata.

 

Todo esto por supuesto está sujeto a que los bonistas no tengan, como reclaman, un gravamen sobre los ingresos de la AEE. Si el gravamen existe, cualquier venta de la AEE con toda probabilidad conllevaría una continuación de ese gravamen para el pago de los $8.3 billones que reclaman los bonistas.

 

Estos son algunos de los escollos en la venta de la AEE. Se pueden resolver, pero no va a ser fácil.