En Puerto Rico, los políticos actúan como si ellos fueran los que decidieran cuanto se va a pagar por servicio a la deuda. Más aún, continúan con la actitud que cualquier aumento en ingresos del erario hay que gastarlo en tal o más cual grupo lo que los va a ayudar a revalidar en las elecciones. El mejor ejemplo es los municipios que confeccionaron sus presupuestos a base de la validez de la ley 29 a pesar que la Junta les dijo que iba a impugnarla.  La argumentación oral de la Junta sobre la ley 29 demuestra que al fin entiende que tiene muchos más poderes de lo que antes pensaba y la decisión de la Juez Swain de no desestimar su demanda es el preámbulo de una decisión en contra del Gobierno de P.R.

 

Más aún, el  24 de julio de 2019, la Juez Swain nos tiró a todos los que estamos en el  caso una  curva y mandó a mediación por 120-días, entre otros, lo siguiente:

 

• Las demandas recientes de la Junta contra  bonos de Retiro,  GO’s, PBA y Carreteras;
• Asuntos relacionados al impuesto al ron y los bonos de PRIFA;
• La validez e impacto de los clawbacks de ingresos;
• Reclamaciones contra los que proveyeron servicios para emisión de deuda;
• Reclamos anticipados a la clasificación, incluyendo los issues de los “securities” y entre reclamaciones no aseguradas, i.e., pensiones v. reclamaciones no aseguradas en general;
• Identificación y trato de los servicios esenciales bajo un plan de ajuste;
• Tratamiento de reclamaciones basadas en alegaciones de violaciones de la Constitución Federal bajo el plan de ajuste (más no de las violaciones de la Constitución de PR);

 

Creo que hay un mensaje claro a todos en el caso. La Juez Swain no interesa tener que decidir todos estos issues y quiere que se llegue a acuerdos. Como todo en la vida, puede que si, puede que no. Pero los acuerdos que se logren, si alguno, serán el esqueleto del plan de ajuste del ELA. A finales de noviembre sabremos que acuerdos se han logrado.

 

Les recuerdo a los lectores que una vez se establezca que son servicios esenciales, eso no quiere decir que estos recibirán todos los fondos que los políticos quieren. La Junta también limitará esto bajo su control del presupuesto. Además, la premisa inarticulada es que lo que sea servicios no esenciales se podrán limitar, forzando despidos o reducción de jornada. Más aún, si la ley 29, como creo que va a ocurrir, es inhabilitada por la Juez Swain, los Municipios menos afortunados económicamente tendrán que hacer lo mismo o ver sus funciones puestas en consorcios, disminuyendo dramáticamente el poder del Alcalde.

 

Si se logran sufiicientes acuerdos, especialmente sobre bonos, el plan de ajuste se puede radicar para enero de 2020 y ser aprobado para Verano del 2020, justo antes de las elecciones. Habrá mucho crujir de dientes y rasgaduras de vestimentas por nuestros políticos cuando ocurra. El momento del pago de la deuda se acerca y estoy seguro que ni el Gobierno ni los Municipios están preparados. Como he dicho muchas veces, PROMESA obliga a los boricuas a redefinir que gobierno pueden tener y la Junta esta lista para hacerlo.

 

No quiero terminar sin antes mencionar  el  caso de Aurelius ante el SCOTUS. La cobertura de la  prensa Boricua ha sido limitada y hay que poner las cosas en sus justa perspectiva. El argumento oral va a ser el 15 de octubre y la decisión puede venir tan temprano como finales de noviembre a principios de diciembre de 2019. Si  el SCOTUS decide  que el nombramiento de la Junta fue constitucional, todo sigue igual. Si el SCOTUS decide que el Primer Circuito tenia razón, todo sigue igual. PERO, el SCOTUS puede decidir  que el nombramiento de los miembros de la Junta fue inconstitucional y  determinar que todas sus acciones fueron ilegales. Aurelius argumenta que entonces habría un stay para la nueva Junta ser nombrada y  esta  decidir si  lo que hizo la anterior fue válido, lo cual nada cambia. La Utier, sin embargo, argumenta, con mucha razón, que todas las actuaciones de la  Junta se deben invalidar y  eso  sería un game changer, aunque dudo que ocurra.  Debo mencionar además, ya que pocos lo mencionan, que la Utier también argumentan que los casos insulares deben ser revocados. En  mi  opinión el SCOTUS va a ignorar este argumento.

 

Hay muchas cosas que pueden pasar  pero nuestros políticos y mucha de la prensa  continua en discutir asuntos sin importancia. A ver que pasa.