AAFAF

THE NEW, NEW, NEW (FOURTH OR FIFTH) PLAN OF ADJUSTMENT

            On June 30, 2021, the Financial Oversight and Management Board filed its 4th (or 5th) Plan of Adjustment and Disclosure Statement. Although it has received no press in PR, this is significant for several reasons. Not only is it longer by 141 pages but it also has points of interest.

            In the section entitled Conditions Precedent to the Effective Date, the new disclosure statement and plan state as to conditions precedent to the effective date:

(xvii) Provide that neither the Governor nor the Legislature shall enact, adopt, or implement any law, rule, regulation, or policy that impedes, financially or otherwise, consummation and implementation of the transactions contemplated by the Plan; and

(xviii) Provide that the Governor and the Legislature, individually and jointly, as appropriate, shall take any and all actions necessary to consummate the transactions contemplated by the Plan.

This language was pointed out by AAFAF in its reservation of rights as to the latest plan. Their point, and a valid one, is that this condition precedent seems to imply that Judge Swain, by approving the plan, is ordering the Commonwealth to legislate the necessary legislation to effectuate the plan, which would include legislation for the issuance of new bonds. Problem is, that nowhere in PROMESA is it specifically spelled out that Judge Swain has that power.

Obviously this new language is precipitated by AAFAF’s own objection to the previous plan, where it said that the Board did not explain how it would get around the Legislature’s refusal to legislate if the plan included pension cuts. The Board, upped the ante by specifying what it implied with requesting an order pursuant to Section 305 of  PROMESA. To this controversy we have to add the Board’s complaint to invalidate law 7-2021, which it says is contrary to PROMESA for it includes a plan of adjustment where bondholders receive less and the Legislature prohibits the Government from supporting a plan that includes pension cuts. Since the case was filed last Friday, it will not be decided by the time the disclosure statement approval hearing is held on July 13, 2021.

This is nothing short of a mess. The Legislature has challenged the Board, saying it will not approve legislation if the plan of adjustment includes pension cuts, which it does, modest as they may be. AAFAF warned the Board of this, requiring an explanation of how it would deal with it and the Board did just that. It is an open question, in my opinion, whether Judge Swain would agree to order the Government and Legislature to enact the legislation or to otherwise waive the requirement of said legislation. If she does not, however, the plan cannot be confirmed and pursuant to 11 U.S.C. § 930, the Title III would be dismissed. The question is whether the Government or Legislature is willing to risk said dismissal.

I am sure the Governor would not risk it but the Legislature is not controlled by his party. The House is in the hands of the Popular Democratic Party and has a plurality in the Senate. Both Legislative presidents have, in my opinion, an eye on their party’s candidacy for Governor. Hence, it is entirely possible that they could, with the battle cry of “No Cuts to Pensions” let the Title III be dismissed and blame the Governor.

On the other hand, will Judge Swain let 5 years of PROMESA go down the tubes because of party politics? Your guess is as good as mine.

DIMES Y DIRETES EN PROMESA

El día 15 de junio de 2021 era el último día para objetar a la información que presentó la Junta en el Disclosure Statement que presentó. Este documento se rige bajo el 11 U.S.C. § 1125 y requiere que contnga “adequate information”, la cual se define así:

“adequate information” means information of a kind, and in sufficient detail, as far as is reasonably practicable in light of the nature and history of the debtor and the condition of the debtor’s books and records, including a discussion of the potential material Federal tax consequences of the plan to the debtor, any successor to the debtor, and a hypothetical investor typical of the holders of claims or interests in the case, that would enable such a hypothetical investor of the relevant class to make an informed judgment about the plan, but adequate information need not include such information about any other possible or proposed plan and in determining whether a disclosure statement provides adequate information, the court shall consider the complexity of the case, the benefit of additional information to creditors and other parties in interest, and the cost of providing additional information.

El disclosure statement y el plan constan de sobre 2,200 paginas, más un best interest analysis presentado a última hora. A pesar del corto tiempo disponible, varias entidades como mi cliente, Servicios Integrales en la Montaña, el Comité de Acreedores no Asegurados y la aseguradora Ambac, radicaron mociones cuestionando la falta de información del documento.

Sorpresivamente, AAFAF radicó una objeción al mismo argullendo que la Junta no había explicado adecuadamente como iba a aprobar el plan si la Legislatura no iba a favorecer legislación que el mismo requería. La Junta dijo en el Disclosure Statement que no era seguro que la Legislatura la aprobará y si era así acudiría al Tribunal bajo la sección 305 de PROMESA que prohíbe al mismo interferir con la propiedad y poderes del deudor sin la autorización de la Junta.

El miércoles 16 de julio se celebró la vista Omnibus de PROMESA y durante la misma se le pide a la Junta dar un informe, el cual ya se había radicado. Sorpresivamente, la Juez Swain, luego que la Junta dijo que no tenía nada que añadir nada al informe, dijo que iba a señalar algo. Dijo que ya que la Junta seguía que era obvio que este no era un plan consensual y no iba a permitir el enviar las papeletas para votar por el plan (si no se envían las papeletas, el plan no se puede aprobar) a menos que la Juez Houser, jefa del grupo de mediadores, certifique unos días antes de la vista del 13 de julio de 2021 que las partes han negociado de buena y de no ser así, quien no lo ha hecho. Esto podría interpretarse que la Juez Swain quiere que las diferencias entre la Junta y el Gobierno de PR se resuelvan, cosa poco probable ya que la Junta se ha mantenido firme en el recorte a las pensiones y el Gobierno en su oposición al más mínimo cambio a las mismas. Lo cual trae varias preguntas.

¿Está dispuesto el Gobierno de Puerto Rico a arriesgar la desestimación del Título III por defender a ultranza la pensiones? ¿Estará la Juez Swain dispuesta a ignorar o invalidar selectivamente la ley de Puerto Rio que requiere legislación  para la aprobación de nuevas emisiones de bonos? ¿Si la Juez Swain aprueba el plan de ajuste como esta, lo pondrá en vigor el Gobierno o nuevamente tomará la defensa a ultranza de las pensiones? ¿Si la Junta transa y elimina el recorte a las pensiones, lo aceptará la Juez Swain? ¿Si la Juez Swain aceptará este cambio, exigirá más cambios la Legislatura como la cancelación del contrato de LUMA?

Yo no tengo las respuestas pero entiendo que sus implicaciones tienen gran importancia, máxime que la prensa no ha reportado nada de esto.  

LA AGENDA MAS IMPORTANTE DE LA GOBERNADORA

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La Gobernadora tiene mucho taller ante sí. Pero sobre los dos asuntos más apremiantes, la Junta y la corrupción, nada ha dicho. Ambos asuntos son de lapidaria importancia, como diría mi apreciado profesor, Don Herminio Brau (QEPD).

 

El asunto de la Junta es multi-temática. ¿Continuará la Gobernadora la actitud de conflicto y desafío continuo a la Junta o tratará de ser más conciliatoria? ¿Que va a hacer sobre las pensiones, los bonos y la venta de la AEE? Definitivamente la Gobernadora no puede continuar con la política de confrontación abierta con la Junta de la Administración de Rosselló. Muchos de los cambios que propone la Junta son necesarios pero anatema a la clase política, como la reducción de pensiones y los bonos de navidad. Pero la confrontación a nada lleva ya que con excepción de la victoria sobre Zamot, la administración ha perdido todas las demás batallas.

 

Tampoco puede unirse al esfuerzo de la Junta de destruir a los bonistas de obligación general. Aún si PR gana ese enfrentamiento, el mal sabor que esto dejará sobre los inversores retrasará cualquier regreso al mercado con intereses razonables, uno de los dos requisitos para la salida de la Junta. Hay que mirar al futuro y no a la próxima elección como fue la visión de Rosselló. Un acuerdo similar al de COFINA para los bonistas de obligación general ayudaría mucho a la imagen de la isla ante los inversores internacionales. Esto podría llevar a una confrontación con la Junta pero al fin y al cabo, PR es quien tiene que ejecutar el plan de ajuste y va a ser más difícil para la Juez Swain aprobar el mismo si el Gobierno lo objeta. No imposible, pero definitivamente más difícil.

 

Otro asunto atado a lo anterior es el costo de la representación legal del ELA. Peter Friedman y compañía ha hecho un muy buen trabajo PERO a $1,300 la hora. Es tiempo de examinar los costos de abogados y peritos y decidir si firmas locales no pueden hacer el mismo trabajo por una fracción del costo. Lo mismo se puede decir de los peritos de AAFAF. Esto nos lleva a otro asunto. ¿Quien será el director de AAFAF y cual será la actitud de la agencia hacia la deuda? ¿Quien será el representante ante la Junta y cual será su actitud hacia la Junta? Es tiempo de una revisión completa de ambas agencias y de que hacer. PR aumenta ingresos cada mes por encima de lo predicho por la Junta. PR tiene que comenzar a pagar su deuda, cosa que muchos políticos rehúyen hacer. Mientras más paguemos, mejor opinión tendrán de nosotros en los mercados de inversión, a los cuales tendremos que ir, más pronto de lo que muchos pensamos.

 

Por último, la corrupción. En escritos anteriores he señalado que el Depto. de Justicia bajo Wanda Vázquez se hizo de la vista larga sobre señalamientos de corrupción. Si de verdad la Gobernadora quiere demostrar que no es una politiquera, tiene que atajar la corrupción en el Gobierno y eso se hace con arrestos y convicciones. Obviamente se comienza con investigaciones pero la verdadera prueba de un compromiso  con combatir la corrupción es arrestando y consiguiendo convicciones de los que roban del erario público. Solo así se le puede demostrar al Pueblo y al Gobierno Federal, que no hacen falta monitores para velar por su dinero. La bola esta en la cancha de la Gobernadora.  Le deseo el mas sincero éxito en esta difícil labor.