AEE

SI SOY MUDO EXPLOTO

 

Como dice el viejo dicho, si soy mudo exploto.

 

 

La propaganda barata del Gobierno me tiene hasta la coronilla. El jueves pasado, la Juez Swain le denegó un préstamo con garantía de $1 billón del ELA para la AEE. Indicó que no se había pasado prueba de la necesidad de esa cantidad ni la legalidad de la transacción. La juez si indicó que estaría dispuesta a aprobar un préstamo de hasta $300 millones con una súper prioridad administrativa. Ni cortos ni perezosos, la Junta y AAFAF radicaron a las 4:21 de la madrugada del viernes la petición para ese préstamo. La Juez indicó ese mismo día que los que se opusieran al préstamo tenían que hacerlo no más tarde del sábado a las 7 pm hora de PR. De no ninguna parte solicitar vista, decidiría sin ella y de ser necesario, la vería el martes 20 a las 10:30 am.

 

A pesar de esta buena noticia, la AEE insiste en comenzar a racionar la producción de electricidad, asustando al Pueblo con nuevos apagones. Algo totalmente innecesario como explico a continuación.

 

En los documentos radicados por la Junta y AAFAF para el préstamo original, estos dijeron que el ELA puede prestarle a la AEE sin permiso del Tribunal. Efectivamente, la sección 364(c-e) de Quiebras solo requiere permiso del Tribunal si se va a imponer un gravamen. Además, de la vista trascendió, que corporaciones públicas de PR le deben a la AEE $233 millones y el ELA puede prestarles ese dinero para que paguen su deuda. Por ende, no existe necesidad de comenzar a racionar la electricidad como indicó la AEE que iba a hacer. ¿Por qué lo están haciendo entonces? Un burdo intento de presionar no solo a la Juez Swain si no al Tesoro para que le preste dinero que fue aprobado por el Congreso y así poder politiquear con el cómo hacen todos los gobiernos de PR. Deleznable.

 

Otra cosa que me tiene por el techo es la defensa a ultranza de los twitteros del Gobierno de las personas en el Chat de WhatsApp del Juez Ramos. Seamos realistas, el Juez Ramos estaba en funciones oficiales y no como oficial del PNP en las elecciones. Por ende, sus actuaciones podrían ser delito. Y si sus actuaciones pudieran ser delito, los envueltos en el grupo de Chat podrían ser co-conspiradores en ese(os) delitos. Además, si el Juez Ramos violó la ética judicial, y aparentemente la Juez Presidente así lo cree, los abogados envueltos en ese chat a su vez podrían haber faltado a la ética profesional y de ser así, ser sancionados por el Tribunal Supremo. NO es excusa que nada hayan dicho, que sepamos. Si no querían estar en ese chat, se podían salir del mismo, todos lo hacemos a diario cuando nos incluyen en uno que no queremos estar y esto era algo serio que afecta sus actuaciones profesionales. No es algo que se pueda obviar.

 

 

 

¿Qué piensa hacer el líder sobre esto? Al fin y al cabo, todo se refleja en él.

 

 

LA VENTA DE LA AEE

 

 

El Gobernador Ricardo Rosselló anunció el lunes 22 de enero que va a vender la AEE. Como todo anuncio de este tipo, la pregunta es cómo se va a hacer. El Gobernador indicó que iba a presentar legislación, proceder a la negociación y venta final, todo en 18 meses. Pero como dicen en inglés, the devil is in the details.

 

En primer lugar, el Gobierno de PR, una vez se apruebe la legislación, puede vender la AEE sin permiso del Tribunal ni de la Junta. Eso es así ya que en el Capítulo III no se adoptó la sección 363 de Quiebras que requiere aprobación del Tribunal en casos de ventas fuera del curso ordinario del negocio. Además, la Junta no tiene que aprobarlo ya que la Juez Swain, en su decisión sobre Zamot hizo claro lo siguiente:

 

The FOMB’s assertion that Title III creates or reinforces direct managerial power granted by Titles I and II rings hollow as well. PROMESA section 303 reserves the territory’s political and governmental powers to the territory or “any territorial instrumentality thereof, ”subject only to Titles I and II. See id. § 303.6 As the Court has explained, nothing in Titles I and II permits the FOMB to displace local government structures and authority by declaration. Similarly, sections 305 and 306 do not empower the FOMB to interfere unilaterally with the debtor’s political and governmental powers, or with the debtor’s property or revenues.

 

Se preguntarán, entonces, ¿por qué la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko insiste que para la venta PR necesita la aprobación de la Junta y de la Juez Swain? Lo dice porque sabe que el Gobernador quiere vender la AEE libre de gravámenes y deudas. Para poder hacer eso, tiene que haber una determinación que los bonistas no tienen gravamen y eso solo lo puede hacer un Tribunal Federal. Y aún si el Tribunal así lo indicase, solo el Plan de Ajuste puede, de ser aprobado, reducir las deudas de la AEE que según el Plan Fiscal recién presentado suman $11.4 billones. Pero el Plan de Ajuste lo tienen que aprobar los acreedores cuyas acreencias sean modificadas por el Plan de Ajuste son los que pueden votar y si la mayoría no lo aprueba, el mismo no sería aprobado por el Tribunal excepto a través de un cramdown, cosa que nunca ha ocurrido en un Capítulo 9. Si el Tribunal no procede con el cramdown, bajo el 11 U.S.C. § 930, la petición de quiebra se tiene que desestimar.

 

Otro problema en todo este enredo es que el Gobernador, según la información que me ha llegado, aún no ha preparado la pieza legislativa para la venta de la AEE y eso no se hace en par de días. Además, cuando se radique, pueden estar seguros que los políticos se pondrán creativos requiriendo que no se aumente las tarifas, que no se despidan empleados y hasta poniendo precio mínimo a la venta, especialmente cuando el Plan Fiscal dice que la AEE vale $9.4 billones. Dudo alguien crea esa patraña, pero así son nuestros politicos.

 

Esto nos lleva al precio de venta. La AEE no vale ni $4 billones y un comprador no va a pagar lo que vale ya que tiene que invertir muchos más billones en nuevas plantas, etc. Irrespectivo de mi opinión, el dinero que se obtenga de la venta tiene que ir a pagar las deudas de los acreedores, no a engrosar las arcas del Gobierno. Claro, los fondos de retiro de la AEE es uno de los acreedores, pero los bonistas son muchos más y los pagos deben ser a pro rata.

 

Todo esto por supuesto está sujeto a que los bonistas no tengan, como reclaman, un gravamen sobre los ingresos de la AEE. Si el gravamen existe, cualquier venta de la AEE con toda probabilidad conllevaría una continuación de ese gravamen para el pago de los $8.3 billones que reclaman los bonistas.

 

Estos son algunos de los escollos en la venta de la AEE. Se pueden resolver, pero no va a ser fácil.

 

 

PREPA DEAL GONE WRONG

 

 

On Friday night we all went to bed thinking PREPA had obtained a new extension but woke up to the end of the Forbearance Agreement. On the one hand, PREPA says the bondholders wanted further guarantees before they lent it $115 million such as the approval of the Energy Board to the rate increase, which would take months without PS 1523 being approved. On the other hand, the bondholders blame PREPA for the break-up of negotiations.

 

What happened? What are the implications of what we know? Let’s see the history of this problem.

 

PREPA realized in June of 2014 that it would not be able to pay its bondholders in July. The Board brought the problem to the Governor and it decided to take the money to pay bondholders from reserves. This was a technical default of the 1974 PREPA Bondholders Agreement. Due to this, PREPA and its bondholders sat down to talk. On August 14, 2014, PREPA announced agreements with its creditors, the so-called “Forbearance Agreement”, which included that the company had to hire a restructuring officer that would be approved by the Forbearing Bondholders. As per the agreement, on March 2, 2015, PREPA was to deliver a business plan and the agreement was to expire on March 31. On March 30, PREPA announced a 15-day extension on the Forbearance Agreement. On April 15, it announced another 15-day extension and on April 30, 2015, one until June 4, 2015. On June 1, PREPA presented to bondholders the Recovery Plan but not to the public.

 

On June 5, PREPA announced another extension to the Forbearance Agreement until June 18, 2015. On June 18, another extension was announced until June 30, 2015. On July 1, 2015, an extension was announced until September 15. On September 2, 2015, PREPA announces agreement with 35% of its bondholders. On September 21, an extension was announced until October 1, 2015, which was again extended to October 15, which was again extended on October 23 until October 30. It was extended again until November 3. On November 3, the Restructuring Support Agreement (RSA) is announced and on November 10, 2015, Ms. Lisa Donahue testified before the PR Senate Energy Commission on behalf of the PREPA Revitalization Act, which implements parts of the RSA. The RSA states RSA that PREPA must make a rate review request from the PR Energy Board no later than December 21 and that the Legislature must approve the bill no later than November 20 2015. It also states that the rate increase must be in place on or before March 1, 2016 pages 31-32 of the RSA.

Since the bill, PS 1523, had been filed on November 4 and had 159 pages, the legislators, with good reason demurred. Subsequently, everyone assumed Governor García Padilla would call for an extraordinary but he refused. The RSA was extended to December 17 and then December 23 and finally to January 22. On December 23, PREPA announced an agreement with the monolines and now had 70% of bondholders on line with the RSA.

Continuing with these events, Ms. Donahue told the US Congress on January 11, 2016 that PREPA could not get a better deal in Chapter 9 or that its rates would go down under that regime starting at 1.07 minutes Moreover, she said PREPA would run out of money to pay for fuel and that there would be blackouts.  See also Ms. Donahue’s testimony at 1.19 minutes.

What does all this mean? Why has a deal with 70% of bondholders on board, vital to PREPA gone down the tubes? We don’t know yet but there are various possibilities. I have always believed PS 1523 did not have the votes to be approved in the House where a group of six leftists legislators could with three votes block any legislation. Also, the PR Legislature wanted to change the bill substantially. Obviously, this is not what bondholders wanted to hear.

Today, Governor García Padilla made a press release emphasizing the need for the PREPA bill to be approved, but he forgets he did not call for an extraordinary session to discuss the law in December, wasting precious time. In addition, he said, “Our legislature has requested more time to bring to the table other options, other proposals.” After 18 months of negotiations, it is surprising and irresponsible for the legislature to require time to bring about “other options, other proposals.” Good or bad, Ms. Donahue is the person designated by PREPA to do the negotiations, which were approved by the PREPA Governing Board. To change things now would mean months of negotiations and the distinct possibility that bondholders would not accept them.

The more we read of this press release, the more it is obvious that the Governor does not have control of his Legislature. Also, although the Governor acknowledges the need for the agreement due to the difficult situation with PRASA and the Government’s debt, he arrogantly says at the end of the press release “I warn creditors, at the same time, it is not time for pressure games. I accept reasons, not pressures.”

It almost seems that the Governor, PREPA and their advisors have decided to scuttle the agreement in order to push Congress for a Chapter 9. It was clear that this agreement belittled the need for PR to have access to bankruptcy. By playing the blame game, PR could be hoping to move a reluctant Congress. The problem with that is that now creditors can claim that PREPA did not negotiate in good faith, a requirement of Chapter 9, see, 11 U.S.C. § 109(c). Bondholders accepted haircuts, offered to provide money, granted several extensions to continue negotiating, all to naught. In any event, this situation will make the eligibility issue a mayor battle if Chapter 9 was authorized for PR.

Question is, what now? Bondholders could decide to buckle and accept PREPA’s refusal and continue negotiating a deal until July when the company must pay over $400 million in bonds as well as over $700 million to banks for fuel purchase. On the other hand, bondholders could get tough and file on Monday a request in federal court for the appointment of a receiver to run PREPA and get paid. Or they could do both. Who wins? The lawyers involved in the litigation. Let’s see what happens.