AEE

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.

Advertisement

SI SOY MUDO EXPLOTO

 

Como dice el viejo dicho, si soy mudo exploto.

 

 

La propaganda barata del Gobierno me tiene hasta la coronilla. El jueves pasado, la Juez Swain le denegó un préstamo con garantía de $1 billón del ELA para la AEE. Indicó que no se había pasado prueba de la necesidad de esa cantidad ni la legalidad de la transacción. La juez si indicó que estaría dispuesta a aprobar un préstamo de hasta $300 millones con una súper prioridad administrativa. Ni cortos ni perezosos, la Junta y AAFAF radicaron a las 4:21 de la madrugada del viernes la petición para ese préstamo. La Juez indicó ese mismo día que los que se opusieran al préstamo tenían que hacerlo no más tarde del sábado a las 7 pm hora de PR. De no ninguna parte solicitar vista, decidiría sin ella y de ser necesario, la vería el martes 20 a las 10:30 am.

 

A pesar de esta buena noticia, la AEE insiste en comenzar a racionar la producción de electricidad, asustando al Pueblo con nuevos apagones. Algo totalmente innecesario como explico a continuación.

 

En los documentos radicados por la Junta y AAFAF para el préstamo original, estos dijeron que el ELA puede prestarle a la AEE sin permiso del Tribunal. Efectivamente, la sección 364(c-e) de Quiebras solo requiere permiso del Tribunal si se va a imponer un gravamen. Además, de la vista trascendió, que corporaciones públicas de PR le deben a la AEE $233 millones y el ELA puede prestarles ese dinero para que paguen su deuda. Por ende, no existe necesidad de comenzar a racionar la electricidad como indicó la AEE que iba a hacer. ¿Por qué lo están haciendo entonces? Un burdo intento de presionar no solo a la Juez Swain si no al Tesoro para que le preste dinero que fue aprobado por el Congreso y así poder politiquear con el cómo hacen todos los gobiernos de PR. Deleznable.

 

Otra cosa que me tiene por el techo es la defensa a ultranza de los twitteros del Gobierno de las personas en el Chat de WhatsApp del Juez Ramos. Seamos realistas, el Juez Ramos estaba en funciones oficiales y no como oficial del PNP en las elecciones. Por ende, sus actuaciones podrían ser delito. Y si sus actuaciones pudieran ser delito, los envueltos en el grupo de Chat podrían ser co-conspiradores en ese(os) delitos. Además, si el Juez Ramos violó la ética judicial, y aparentemente la Juez Presidente así lo cree, los abogados envueltos en ese chat a su vez podrían haber faltado a la ética profesional y de ser así, ser sancionados por el Tribunal Supremo. NO es excusa que nada hayan dicho, que sepamos. Si no querían estar en ese chat, se podían salir del mismo, todos lo hacemos a diario cuando nos incluyen en uno que no queremos estar y esto era algo serio que afecta sus actuaciones profesionales. No es algo que se pueda obviar.

 

 

 

¿Qué piensa hacer el líder sobre esto? Al fin y al cabo, todo se refleja en él.

 

 

LA VENTA DE LA AEE

 

 

El Gobernador Ricardo Rosselló anunció el lunes 22 de enero que va a vender la AEE. Como todo anuncio de este tipo, la pregunta es cómo se va a hacer. El Gobernador indicó que iba a presentar legislación, proceder a la negociación y venta final, todo en 18 meses. Pero como dicen en inglés, the devil is in the details.

 

En primer lugar, el Gobierno de PR, una vez se apruebe la legislación, puede vender la AEE sin permiso del Tribunal ni de la Junta. Eso es así ya que en el Capítulo III no se adoptó la sección 363 de Quiebras que requiere aprobación del Tribunal en casos de ventas fuera del curso ordinario del negocio. Además, la Junta no tiene que aprobarlo ya que la Juez Swain, en su decisión sobre Zamot hizo claro lo siguiente:

 

The FOMB’s assertion that Title III creates or reinforces direct managerial power granted by Titles I and II rings hollow as well. PROMESA section 303 reserves the territory’s political and governmental powers to the territory or “any territorial instrumentality thereof, ”subject only to Titles I and II. See id. § 303.6 As the Court has explained, nothing in Titles I and II permits the FOMB to displace local government structures and authority by declaration. Similarly, sections 305 and 306 do not empower the FOMB to interfere unilaterally with the debtor’s political and governmental powers, or with the debtor’s property or revenues.

 

Se preguntarán, entonces, ¿por qué la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko insiste que para la venta PR necesita la aprobación de la Junta y de la Juez Swain? Lo dice porque sabe que el Gobernador quiere vender la AEE libre de gravámenes y deudas. Para poder hacer eso, tiene que haber una determinación que los bonistas no tienen gravamen y eso solo lo puede hacer un Tribunal Federal. Y aún si el Tribunal así lo indicase, solo el Plan de Ajuste puede, de ser aprobado, reducir las deudas de la AEE que según el Plan Fiscal recién presentado suman $11.4 billones. Pero el Plan de Ajuste lo tienen que aprobar los acreedores cuyas acreencias sean modificadas por el Plan de Ajuste son los que pueden votar y si la mayoría no lo aprueba, el mismo no sería aprobado por el Tribunal excepto a través de un cramdown, cosa que nunca ha ocurrido en un Capítulo 9. Si el Tribunal no procede con el cramdown, bajo el 11 U.S.C. § 930, la petición de quiebra se tiene que desestimar.

 

Otro problema en todo este enredo es que el Gobernador, según la información que me ha llegado, aún no ha preparado la pieza legislativa para la venta de la AEE y eso no se hace en par de días. Además, cuando se radique, pueden estar seguros que los políticos se pondrán creativos requiriendo que no se aumente las tarifas, que no se despidan empleados y hasta poniendo precio mínimo a la venta, especialmente cuando el Plan Fiscal dice que la AEE vale $9.4 billones. Dudo alguien crea esa patraña, pero así son nuestros politicos.

 

Esto nos lleva al precio de venta. La AEE no vale ni $4 billones y un comprador no va a pagar lo que vale ya que tiene que invertir muchos más billones en nuevas plantas, etc. Irrespectivo de mi opinión, el dinero que se obtenga de la venta tiene que ir a pagar las deudas de los acreedores, no a engrosar las arcas del Gobierno. Claro, los fondos de retiro de la AEE es uno de los acreedores, pero los bonistas son muchos más y los pagos deben ser a pro rata.

 

Todo esto por supuesto está sujeto a que los bonistas no tengan, como reclaman, un gravamen sobre los ingresos de la AEE. Si el gravamen existe, cualquier venta de la AEE con toda probabilidad conllevaría una continuación de ese gravamen para el pago de los $8.3 billones que reclaman los bonistas.

 

Estos son algunos de los escollos en la venta de la AEE. Se pueden resolver, pero no va a ser fácil.