La pregunta en realidad es ¿por que la Administración Obama, a través, de su Solicitor General Donald B. Verrilli, decidió radicar un brief de amigo de la Corte en el caso de PR v. Sánchez Valle en apoyo, no de la fiscalía local, si no de los acusados? Si el SCOTUS adopta esa posición, sus fiscales no podrían acusar a aquellos ya juzgados por esencialmente los mismos delitos, cosa que claramente ha sido evaluado por el Departamento de Justicia Federal. ¿Por que se hizo, especialmente cuando no estaba obligado a hacerla?
Los defensores del ELA olvidan que en Califano v. Torres, 435 U. S. 1 (1978) y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980), se dijo específicamente que PR era un territorio para justificar el discrimen del Congreso con respecto a programas sociales como el Aid to Families with Dependent Children program (AFDC). Esto es especialmente importante en momentos que el Congreso hace eso con PR y de igual forma se justifica la exclusión de la isla del Capítulo 9 de Quiebras Federal.
De igual manera, el Gobernador de PR parece, con su usual incomprensión de la realidad, echar la culpa a Donald Verrilli, Solicitor General de los Estados Unidos, del abandono de la defensa del ELA. No se da cuenta que el Lcdo. Verrilli no habría hecho lo que hizo sin una orden clara de su jefe, el Presidente Obama. La Administración Obama vuelve a colocarse como la administración más colonialista desde Harry Truman.
Nuevamente, es claro que la posición del Gobierno Federal NO OBLIGA al SCOTUS a decidir de esa forma, pero demuestra cual es su posición sobre la naturaleza constitucional del ELA; i.e., un mero territorio.
