Alejandro García Padilla

La Columna de @jayfonsecapr Sobre la Demanda de Ambac

La Columna de @jayfonsecapr sobre la demanda de Ambac

 

Jay saca hoy una columna sobre la demanda de las aseguradoras de los bonos de PR que no fueron pagados. Nuevamente tengo que diferir de algunas de las cosas que dice.

 

Jay nos dice “en una demanda dijeron que a ellas no les toca pagar, aunque recibieron millones largos para pagar en caso de que nosotros no pudiéramos.” La demanda no dice esto, de hecho, dice lo contrario .

 

Párrafo 44 de la demanda dice “Following PRIFA’s default with respect to a $35.941 million interest payment due on PRIFA Bonds on January 1, 2016, Assured paid $450,625 in claims by PRIFA Bondholders on behalf of the primary insurer and is now fully subrogated to the rights of the PRIFA Bondholders whose claims it paid.” El párrafo 45 dice “Following PRIFA’s default with respect to a $35.941 million interest payment due on PRIFA Bonds on January 1, 2016, Ambac paid approximately $10.3 million in claims by PRIFA Bondholders. Accordingly, Ambac was assigned the registered Bondholders’ rights in respect of such payment and is now fully subrogated to the payment rights of such prior PRIFA Bondholders.” Siguiendo el ejemplo del seguro de carros, si su carro lo chocan, sus seguro paga y se subroga (toma sus derechos) para cobrar lo que pagó. Standard operating procedure, pero parece que Jay no le gusta que las compañías aseguradoras puedan hacer lo que la ley les permite. Además, los bonos se aseguran y por eso lo paga PR para facilitar y hacer más atractiva la emisión, no es un regalo a las aseguradoras.

 

Jay nos añade Que para que a ellas les toque pagar primero tenemos que cerrar cientos de escuelas, botar a todos los policías, cerrar municipios, en fin, ellas dicen que para que a ellas les toque pagar Puerto Rico tiene que desaparecer. Suena exagerado, pero eso es lo que dijeron en la demanda que deben leer. En otras palabras, para ellas pagar tiene que caer una bomba atómica aquí, desaparecer a los 3.5 millones de habitantes y entonces, y solo entonces, les toca pagar a ellas.” Si examinamos la demanda, vemos que nada de esto se dice allí. Más aún, lo que hace es un análisis constitucional del Artículo VI, sección 8 de la Constitución de PR, de la ley de Gerencia y Presupuesto y de los bonos en si. Su tesis, con la que estoy de acuerdo, es que las Ordenes Ejecutivas no han seguido el orden establecido por la ley de Gerencia y Presupuesto.

 

Más aún, la demanda da varias alternativas a dejar de pagar la deuda. En los párrafos 96-98, se nos habla de aumentar los impuestos (algo que Jay siempre dice que es bueno), mejorar el cobro de los impuestos, y bajar los gastos. Todas estas medidas fueron mencionadas por el Informe Krueger y se discuten entre los economistas de PR y en el Congreso. No hay nada nuevo en ello. Finalmente, resulta que la demanda de Ambac no es de cobro de dinero, si no de violación de derechos constitucionales y es muy posible que el Juez Fuste se abstenga y lo mande a la corte estatal. Eso no lo dice la columna.

 

Jay nos sigue diciendo “De igual forma dos casas de inversión nos demandaron diciendo que Puerto Rico tiene que pagar su deuda como está y punto. Ellos dicen que Puerto Rico no tiene ni puede tener acceso a la ley federal de quiebras y tampoco puede renegociar su deuda. Ellos aseguran que primero tenemos que desaparecer antes de no pagar. Pero lo interesante es que ellas sabían que había riesgo de comprar bonos de Puerto Rico. De hecho, ellas sabían que había un riesgo bien alto porque le pedían a la Isla que pagara intereses superaltos como quien tiene el crédito dañado.”

 

Nuevamente, esto es totalmente incorrecto. Franklin California y muchas de sus compañías, junto con BlueMountain, demandaron a PR cuando se impuso la Ley de Quiebra Criolla. NUNCA dijeron que había que pagar su deuda o que no se podía negociar la misma. Primero dijeron que se podía negociar mientras fuese unánime y más aún, estas empresas (incluyendo las aseguradoras) llegaron a un acuerdo, SIN LEY DE QUIEBRA, con la AEE. Pues si estaban dispuestas a negociar. Los hechos no son susceptibles de interpretación. Esta aseveración de Jay es INCORRECTA. Y si, ellas sabían que había un riesgo pero no necesariamente bien algo ya que cuando incurrieron en este riesgo, las inversiones de PR eran todavía investment grade. Por ende, no se aprovecharon los bonistas. A manera de ejemplo, cuando un banco presta en PR, es obvio que hay un riesgo BIEN GRANDE, pero ¿solo por eso vamos a suspender las garantías legales que hay para el recobro? Para eso esta el “rule of law.” Jay como abogado que es lo sabe.

 

Su columna sigue diciendo “Pero no, aquí tenemos analistas, comentaristas, periodistas, abogados y economistas que le ríen las gracias a esta gente y que hasta van a los medios a defender lo que saben que es indefendible.” El defender el derecho de los bonistas a cobrar sus acreencias no es defender lo indefendible. Si bajo la ley de PR estas compañías no pudieran recobrar sus acreencias, NUNCA HUBIERAN PRESTADO EN PRIMER LUGAR. Y entonces, ¿donde se quedaba PR? Sin dinero para hacer inversión. Defender lo indefendible es lo que Jay esta haciendo; criticar y demonizar a una entidad por querer hacer cumplir sus contratos. ¿O se supone que si el Gobierno de PR te debe tu tienes que cruzarte de brazos y aceptarlo? ¿O es que si los suplidores del Gobierno demanden para que les pagan van a ser traidores también?

 

Nos sigue diciendo Jay “Boricua, no te dejes coger de tontejo con los mensajitos de muchos que están en nómina y con conflictos de intereses burdos. Estos que te llevan ese mensaje te dicen que hay que cortar gastos para pagar, pero nunca te dicen qué gastos en específico para llegar a los $1,500 millones que habría que conseguir para pagar la deuda tal como está.” Hay varios problemas con esto. Hay dos crisis, una fiscal y otra de flujo de caja (cash flow). Esta última es la que ha llevado a Alejandro García Padilla a dejar de pagar la deuda. El Dr. Carlos Colón de Armas, a quien con frecuencia en el pasado Jay consultaba, nos dice que si PR dice que va a pagar, despide a sus asesores (que en dos años han cobrado casi $200 millones) y dice que hay va a hacer lo que hay que hacer, el Mercado prestaría. No solo eso, si no que múltiples personas, incluyéndome a mi, han dicho que hay que cortar. Reducir y consolidar agencias de gobierno, vender la WIPR, vender propiedades del gobierno (que ya se esta haciendo), consolidar los municipios (no es fácil gracias a la Constitución de PR), reducir escuelas, (gasp) despedir empleados, etc. El decir que no se han dado alternativas es patentemente falso. Lo que pasa es que no se han dado las soluciones que no conlleven el reducir el gigantismo gubernamental.

 

Finalmente, Jay nos dice: “A las dos empresas aseguradoras y las dos empresas de inversiones: que renegocien con Puerto Rico y nos den el espacio de poder pagarles a plazos porque nadie está diciendo que no se les pague y punto. De nuevo, si el País tenía que pagar y estaba imposibilitado de forma alguna de impagar, pues entonces que nos devuelvan los billones que cogieron de margen de ganancia entre el “treasury bill” y los bonos de Puerto Rico y las primas para en caso de impago. Nadamos con tiburones, pero lo más ca#$%^ de todo es que los colaboradores sean aves de rapiña puertorriqueñas que se prestan para cargarles las maletas, llevándonos su veneno. “

O sea, ¿todo aquel que diga que PR debe pagar por el bien de PR es un ave de rapiña, un Quisling (famoso colaborador noruego con los Nazis) y debe ser condenado al séptimo círculo del infierno? ¿Es esa la forma de diferir con respeto? ¿Es esa la forma de llegar a la concertación que Jay siempre menciona?

 

Más aún, las “empresas de inversión” demostraron sin lugar a dudas su deseo de colaborar con PR, lo mismo que las aseguradoras. Todas estas entidades llegaron a un acuerdo con la AEE. Si, las aseguradoras que demandaron a PR llegaron a un acuerdo con la AEE, cosa que convenientemente Jay no menciona. Otro detalle que Jay no menciona es que estas empresas que tanto maldice no renegociaron el impago de enero ya que el Gobierno ha estado dándole largas al asunto. La AEE comenzó, por que no le quedó más remedio, a negociar en julio de 2014, mientras que es solo en estos días que PR comenzó a tener conversaciones informales con sus bonistas. Estas negociaciones toman tiempo y los asesores de PR, que cobran unos cuantos millones pero imagino son santos para Jay, pero PR no comenzó en el 2014, ni siquiera en junio de 2015.

 

Eso es parte de las contradicciones de la columna. No nos dice que PR, para seguir con “business as usual”, comenzó la orgía de préstamos con Sila, siguió con Aníbal, Fortuño y no olvidemos a Alejandro. No nos dice que a pesar de que PR perdió investment grade, este gobierno tomó $3.5 billones prestado y si Bhatia hubiese permitido la crudita, hubiera tomado $2.9 billones más. Otra incorrección es decir que PR quiere pagar, solo que nos den un poquito de tiempo más para hacerlo. Se olvida del recorte de la AEE de 15% en los bonos y que el Capítulo 9 que tanto ansía Jay, requiere recorte no solo de bonos, si no de salarios, convenios colectivos, deudas a suplidores, fondos de retiro etc. Más aún, ¿que va a hacer PR con ese dinero que ahorre? No existe plan de desarrollo económico así que será “business as usual” para los políticos.

 

Columnas que lo que hacen es fomentar y difundir el odio, ningún bien hacen. Jay, you can do so much better. Con el respeto y admiración de siempre.

VERRILLI ES OBAMA

 

 

La pregunta en realidad es ¿por que la Administración Obama, a través, de su Solicitor General Donald B. Verrilli, decidió radicar un brief de amigo de la Corte en el caso de PR v. Sánchez Valle en apoyo, no de la fiscalía local, si no de los acusados? Si el SCOTUS adopta esa posición, sus fiscales no podrían acusar a aquellos ya juzgados por esencialmente los mismos delitos, cosa que claramente ha sido evaluado por el Departamento de Justicia Federal. ¿Por que se hizo, especialmente cuando no estaba obligado a hacerla?

 

Los defensores del ELA olvidan que en Califano v. Torres, 435 U. S. 1 (1978) y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980), se dijo específicamente que PR era un territorio para justificar el discrimen del Congreso con respecto a programas sociales como el Aid to Families with Dependent Children program (AFDC). Esto es especialmente importante en momentos que el Congreso hace eso con PR y de igual forma se justifica la exclusión de la isla del Capítulo 9 de Quiebras Federal.

 

De igual manera, el Gobernador de PR parece, con su usual incomprensión de la realidad, echar la culpa a Donald Verrilli, Solicitor General de los Estados Unidos, del abandono de la defensa del ELA. No se da cuenta que el Lcdo. Verrilli no habría hecho lo que hizo sin una orden clara de su jefe, el Presidente Obama. La Administración Obama vuelve a colocarse como la administración más colonialista desde Harry Truman.

 

Nuevamente, es claro que la posición del Gobierno Federal NO OBLIGA al SCOTUS a decidir de esa forma, pero demuestra cual es su posición sobre la naturaleza constitucional del ELA; i.e., un mero territorio.

LOS BONOS DE NAVIDAD

LOS BONOS DE NAVIDAD

 

El Gobierno de Alejandro García Padilla nos indica que no tiene los fondos para pagar los bonos de navidad. Esto es muy triste para los padres que contaban con eso para comprar regalos de navidad y hacer sus reuniones familiares. Esto se complica con la realidad de tener que pagar $902 millones en bonos en enero de 2016.

 

Ante esta situación, algunos gremios magisteriales reclaman que van a demandar al gobierno ya que el pago del bono es una obligación de una ley especial. Si demandan, sin embargo, el emibigarramiento de la prelación de la deuda del gobierno de PR puede al fin decidirse. Me explico.

 

El Artículo VI, sección 8 de la Constitución de PR http://www.lexjuris.com/lexprcont.htm dice claramente:

 

Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.

Se desprende de la Constitución, que primero se paga la deuda pública. ¿Pero cual es el orden de prelación establecido por ley? La Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto provee la respuesta. Su Artículo 4(c) dice así:

En armonía con la Sección 8, Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proceder conforme a las siguientes normas de prioridad en el desembolso de fondos públicos, cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año. Podrá delegar las mismas en el Director de Gerencia y Presupuesto:

 

(1) Ordenar el pago de los intereses y amortizaciones correspondientes a la deuda pública.

(2) Ordenar que se atiendan los compromisos contraídos en virtud de contratos legales en vigor, sentencias de los tribunales en casos de expropiación forzosa, y obligaciones ineludibles para salvaguardar el crédito, y la reputación y el buen nombre del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(3) Ordenar que con cargo a las asignaciones para gastos ordinarios se atiendan preferentemente los desembolsos relacionados con:

(A) La conservación de la salud pública

(B) La protección de personas y de la propiedad,

(C) Los programas de instrucción pública,

(D) Los programas de bienestar público,

(E) El pago de las aportaciones patronales a los sistemas de retiro y el pago de pensiones a individuos concedidas por leyes especiales y luego los demás servicios públicos en el orden de prioridades que el Gobernador determine, disponiéndose que los desembolsos relacionados con los servicios aquí enumeradas no tendrán prelación entre sí sino que podrán atenderse en forma simultánea; Disponiéndose, además, que los ajustes por reducción podrán hacerse en cualquiera de las asignaciones para gastos ordinarios incluyendo las áreas de servicios indicadas en este inciso.

 

(4) Ordenar que se construyan las obras o mejoras permanentes cuyos contratos hayan sido debidamente formalizados; Disponiéndose que se dará preferencia a obras de emergencia motivadas por catástrofes o actos de la naturaleza, accidentes fortuitos; y luego se procederá a la ejecución de aquellas que mejor respondan al desenvolvimiento de la vida normal y económica de Puerto Rico.

(5) Ordenar que se atienda el pago de los contratos y compromisos contraídos con cargo a asignaciones especiales de funcionamiento y luego se atienda preferentemente aquellas fases de los programas que están en proceso de desarrollo o en una etapa de planificación cuya posposición afecte directa o indirectamente los intereses de la clientela servida por el programa.

En otras palabras, el pago de los bonos navideños caerían bajo la E y con mucha suerte, con respecto a la salud pública (Depto. Salud), protección de personas y propiedad (policía, etc.), instrucción pública (maestros) y bienestar público (lo que esto quiera decir).

En arroz y habichuelas, el Gobierno tendría que demostrar que para cumplir con la Constitución y esta prelación de créditos, no le da el dinero para pagar los bonos de navidad. Por ende, el Tribunal de Primera Instancia y tal vez el Tribunal Supremo de PR tendría que interpretar esta sección de la Constitución y su interacción con la ley. Tendría, además, que evaluar la interpretación muy acomodaticia del Gobierno de que la salud pública, seguridad e instrucción pública tiene prioridad Constitucional vis a vis una simple ley de la Legislatura. Esto podría unirse a reclamación de bonistas de haber un impago parcial o total de la deuda en enero. Y el Capítulo 9 salva al gobierno de este lío.