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EL RSA DE LA AEE, EL IMPUESTO AL SOL Y LA LEGISLATURA

Los bonistas de la AEE le solicitaron a la Juez Swain que se le ordene a la Junta la radicación del plan de ajuste consistente con el Restructuring Support Agreement (RSA) en o antes del 15 de abril de 2022. Solicitan además, que se ordené mediación para tener un plan B para aprobar el mismo si la legislatura no quiere aprobar la legislación habilitadora. Mencionan que la economía de PR ha mejorado y por ende las condiciones de la AEE mejoraron.

El president de la Cámara se opuso a ello, diciendo que no pueden obviar la Legislatura y la prensa anunció report que el Presidente de misma quiere modificaciones al RSA para que sea menos oneroso a los consumidores. El Presidente del Senado dijo iba a contestar la moción de los bonistas pero no lo hizo.

La Junta se opuso a la petición de los bonistas. Menciona que la economía ha mejorado pero no la AEE, extraño pero eso es lo que dicen. La moción también da a entender que tal vez se tenga que negociar nuevamente el RSA si los consumidores pierden en este momento ventajas y continuar la litgación de ciertos bonos. Este párrafo resume la posición de la Junta:

As discussed above, if legislation is not forthcoming, the value of the RSA to PREPA will be significantly reduced, and the Oversight Board will have to consider other options to restructure PREPA while achieving the mandates of PROMESA. In any mediation, the Oversight Board should have full flexibility to negotiate with all its stakeholders on a plan of adjustment for PREPA. (Enfasis suplido)

Notarán que menciona lo que la Junta hará sin mencionar a los bonistas ni la Legislatura. Los bonistas tienen hasta el lunes para hacer una replica.

Durante la reunion de la Junta del viernes, sin embargo, tres miembros de la Junta reanudaron su apoyo al RSA y negaron que hubiera un impuesto al sol. El gobernadora si entiende que lo hay e indicó que debe mejorarse. El president de una asociación de energía renovable se expresó en contra de cualquier cargo que grave el hecho que un consumidor venda la energía que genera a la aee. ¿Quien tiene la razón? Veamos. El RSA, página 97 del PDF, I-A-1 define “Customer” como:

. . . a service location or premise that (a) is connected to the System, (b) uses or leases any part of the System, (c) is connected to a microgrid, municipal utility or electric cooperative that is connected to or uses the System, or (d) benefits from any agreement that requires the System to provide the Customer electricity under any condition, including without limitation, an obligation to provide power on a standby, maintenance, emergency, or similar basis. (Enfasis suplido)

La nota al case 18 de la misma página y la siguiente dice:

For the avoidance of doubt, consistent with utility industry standards, the term “Customer” refers to a service location or premises, and not to an actual person. Furthermore, a Customer shall not include any permanently disconnected service location or premise that does not benefit from any agreement that requires the System to provide the Customer with electricity under any condition, including without limitation, an obligation to provide power on a standby, maintenance, emergency, or similar basis. For the purposes of this definition, “permanently disconnected” means any service location or premises, including one connected to a microgrid, municipal utility or electric cooperative, not capable of receiving any electricity from, delivering electricity to, or being synchronized with, the System, including, but not limited to, for standby, maintenance, emergency, or similar purposes, or providing electricity to the System. With respect to a microgrid, “permanently disconnected” means a microgrid, municipal utility or electric cooperative permanently operating solely in island-mode and without any agreement that requires the System to provide the microgrid, municipal utility or electric cooperative electricity under any condition, including without limitation, an obligation to provide power on a standby, maintenance, emergency, or similar basis. Notwithstanding the foregoing, a microgrid, municipal utility or electric cooperative permanently operating solely in island-mode shall not be considered “permanently disconnected” if it uses or leases any part of the System. (Enfasis suplido)

A la página 98 del PDF, I-A-2, se define “Consumption” como”:

“Consumption” means, for any given time period, the amount of electricity consumed by a Customer, regardless of the source of such electricity, including thermal, solar, wind, geothermal or other renewable or recyclable sources, whether owned by PREPA or any successor, lessor or concessionaire, an independent power producer, municipality, cooperative or a Customer. (Enfasis suplido)

Claramente esto no es un impuesto al sol. Por el otro lado, el RSA le hace posible a la AEE facturar a aquellos que generan su propia energía por la misma, siempre y cuando estén conectados al Sistema de la AEE. En otras palabras, la AEE te va a cobrar a los que generan su propia energía por consumer la misma.

¿Que quiere decir todo esto? El plan de ajuste y por ende la quiebra de la AEE esta en “flux”. Nadie sabe que va a hacer la Juez Swain. ¿Habrá mediación para llegar a un plan b sin la Legislatura o habrá mediación sobre cambiar el RSA? Yo me incline a pensar que la Juez Swain va a ordenar mediación sobre todas las cosas, pero por un período bien corto, ordenándole a la Juez Houser a que le informa en X número de días si se puede lograr un acuerdo.

Si se logra un acuerdo rápido, todo bien. Pero, ¿y si no? Los bonistas puede solicitar la desestimación del Título III bajo la sección 930 de Quiebras. Podrían además, pedir el levantamiento del stay para que otro juez decida sobre el nombramiento de un “receiver” que podría tener el poder de aumentar la tarifa. Digo podría porque ese poder se transfirió al Negociado de Energía, PERO como estaba bajo la ley vieja y el acuerdo de 1974, el argumento sería que esta transferencia es un menoscabo de las obligaciones contractuales. En otras palabras, más litigación, costos e incertidumbre sobre la AEE. Mi recomendación es que todos los “stakeholders” en este asunto busquen abogado conocedor de PROMESA y Quiebras. Esto puede ser para largol.

LAS  PERIPECIAS DE GUAYNABO Y ADAMARIS

            Me levanto ayer en la mañana y la prensa escrita dominada por la elección de Guaynabo y Adamaris López. El baile, botella y baraja vivito y coleando. ¿De verdad alguien cree que quien es el alcade de Guaynabo tiene alguna relevancia o los secretos de belleza de Adamaris?

            Lo verdaderamente importante, la aprobación de plan de ajuste y el future económico de la isla se quedan rezagados, aunque no invisibles

            En cuanto a la economía, ¿que va a pasar con los fondos derivados de la ley 154? El Secretario de Hacienda, que creo entiende el problema muy bien, nos dice que tenemos un año para resolverlo. ¿Se hará algo? La historia de las 936 nos dice que no. ¿Que se puede hacer con esto y el future impuesto uniforme de 15%? Kenneth Rivera nos dice que hay que negociar individualmente con las compañías locales. Sin embargo, difiero de su apreciación de que la exención contributiva ha sido exitosa para PR. Si lo ha sido para las compañías.

            Finalizo con los que sueñan con las 936. No solo el impuesto uniforme de 15% propuesto por Biden da al traste con esta idea, si no que la manufactura no es la solución a nuestro problema de falta de empleos bien remunerados. La disminución del empleo en manufactura es un fenómeno mundial  

            Esto nos trae a otro asunto bien importante. El Gobierno NO CREA Desarrollo económico. Lo crea la empresa privada. El Gobierno de PR por décadas ha impedido el Desarrollo de los negocios locales, prefiriendo al inversionistas de USA. Y para colmo, no entiende los fenómenos mundiales de producción. Los robots, algoritmos, inteligencia artificial y “deep learning” son la  orden del día. Eso se puede hacer de forma remota y su promoción es diferente al de la manufactura. ¿Me pregunto si nuestros politicos saben quienes son Martin Ford, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, Kai-Fu Lee o Tyler Cowen, por mencionar algunos. Hasta Henry Kissinger entiende la importancia de estos,

Alguien cree que han leído a estos autores?

            Mientras el votante siga creyendo en un gobierno de Puerto Rico omnipotente y omnipresente y demonize la empresa privada, seguiremos atrás del resto del mundo. En nuestras manos esta el futuro brillante o distópico.

STOCKTON, SAN BERNARDINO, DETROIT y SUS PENSIONES

He escuchado algunos abogados argumentar que el caso de In Re City of Stockton, 526 B.R. 35 (Bank. E.D. Cal. 2015)

https://www.leagle.com/decision/inbco20150227827 , es una situación similar a la de PR y por lo que aquí se dice es que no se tiene que reducir pensiones. Creo que la Legislatura logró un gran triunfo al evitar los cortes de pensiones pero quiero hacer claro que la situación en Stockton, San Bernardino y Detroit son muy diferentes a las de PR. En ese caso el Tribunal indicó lo siguiente, a las páginas 60-61:

Second, the assertion that pensions are not affected by the City’s plan of adjustment incorrectly suggests that employees and retirees are not sharing the pain with capital markets creditors. To the contrary, the reality is that the value of what employees and retirees lose under the plan is greater than what capital markets creditors lose.

One result of this case is that the City terminated its program for lifetime retiree health benefits valued on the schedules at nearly $550 million for existing retirees. Although Franklin says that sum is too high, it concedes that the value is at least $300 million. Prospective retirees also lose that expectation and receive nothing in return. In contrast, Franklin loses about $30 million.

Likewise, pension liabilities are also indirectly reduced as a result of curtailed pay and curtailed future pay increases in the renegotiated collective bargaining agreements. . . .

When evaluating the financial situation of the City, it is misleading to focus on comparing the situation on the day the chapter 9 case was filed with the situation at the time of confirmation. Any useful before-and-after view requires that one take into account the effect of the effort to reduce municipal costs during the several years before the case was filed. By the time the case was filed, the City had been pared down to core functions and been reduced to a situation in which such essential services as police and fire were being operated below sustainable standards. The murder rate had soared. Police responded only to crimes in progress. A wrecker had to accompany fire engines on emergency calls.

During the pre-filing mediation required by California law, agreements were achieved modifying all unexpired collective bargaining agreements. And there had been substantial progress on a new contract to replace the expired police contract, which was completed several months after the case was filed.

The quid pro quo for the concessions made by labor in the new and modified collective bargaining agreements was the City’s promise not to modify pensions subject to the servicing contract with CalPERS. Pensions would be neither increased nor decreased. This is neither irrational nor inappropriate. Pension underfunding is not a burning issue for the City, which is current on its pension contribution obligations. As noted above, on an actuarial basis the City’s two plans are funded at 82.6 percent and 88.5 percent, which is below the goal of 100 percent. This shortfall is primarily attributable to CalPERS’ recent reduction in its expected rate of investment return. Future required payments to return to a better funded status are built into the budget on which the plan is based; they are for a finite number of years and do not support the argument that the required contributions to CalPERS are on an endless upward spiral. The evidence suggests that funding ratios are improving, rather than deteriorating. To mandate that pensions be modified would so fundamentally change the balance in the labor negotiations as to unravel all of the concessions achieved.

En el caso de PR, no existe ese quid-pro-quo con las uniones ya que en el Gobierno (excluyendo las corporaciones públicas) no existe el derecho a huelga que hay en California.

En el caso de San Bernardino, la razón de que no se afectaron las pensiones fue una práctica https://calpensions.com/2016/05/02/why-bankrupt-san-bernardino-didnt-cut-pensions/

The San Bernardino disclosure gave the same basic reason as Stockton for not attempting to cut pensions in bankruptcy: Pensions are needed to be competitive in the job market, particularly for police.

“The city concluded that rejection of the CalPERS contract would lead to an exodus of City employees and impair the City’s future recruitment of new employees due to the noncompetitive compensation package it would offer new hires,” said the San Bernardino disclosure.

“This would be a particularly acute problem in law enforcement where retention and recruitment of police officers is already a serious issue in California, and where a defined benefit pension program is virtually a universal benefit.”

En Detroit, como se explica en este artículo, si se cortaron beneficios a las pensiones

https://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2018/07/18/detroit-bankruptcy-retirees-reaction/783828002/

General workers endured a 4.5 percent base cut in pensions and the elimination of an annual cost-of-living increase. The pensions of police and firefighters weren’t cut but an annual 2.25 percent cost-of-living adjustment was reduced to about 1 percent.

The city also sought to recoup $239 million from the optional annuity savings fund accounts of some general retirees who were credited with interest earnings that exceeded the retirement system’s actual investment returns.

The bankruptcy also helped Detroit slash its promised retiree health insurance benefits from $4.3 billion to $450 million.

Además de estas ciudades donde las pensiones han sido afectadas, Prichard, Alabama que radicó en el 2009 (esta ciudad dejó de pagarle a sus pensionados antes de radicar Capítulo 9) y Central Falls, Rhode Island en el 2012.

Como vimos, había razones claras para no cortar las pensiones en esas ciudades que no existen aquí. Bajo el 1003 aprobado por la Cámara no se cortan pensiones, sin que concurran las circumstancias que ocurrieron en San Bernardino ni los acuerdos en Stockton. Como siempre digo, hay que leer los casos, no dejarnos llevar por lo que otros dicen.