ELA

EL ELA EXISTE . . . POR AHORA

Veo a algunas personas decir que con la radicación del Proyecto de Estatus 8393 el ELA se desvaneció, que no existe, etc., etc., etc. Eso no es correcto. El ELA, como me decía Carlos Colón de Armas, QEPD, es el nombre del Gobierno de  PR. Además, es el nombre que la Constitución le da al Territorio de PR.

Nos guste o no, PR es un territorio sujeto a los vaivenes del Congreso. Y lo ha sido por 124 años. Lo sigue siendo, en gran parte por el interés de ciertas corporaciones e individuos, aquí y en los USA, que no quieren pagar impuestos federales sobre su ingreso en la isla. Sabemos los tradicionales enemigos de la estadidad en la isla, sumado a los que vinieron aquí huyendo de los impuestos en USA refugiándose con la ley de Luis Fortuño, más las corporaciones “foráneas” en la isla que tampoco quieren pagar esos impuestos. Esos grupos, no la izquierda Boricua o la mal llamada diáspora, son los verdaderos obstáculos a la solución del problema del estatus.

Lo interesante del asunto es que el Congreso tiene el poder de que apliquen los impuestos federales en un territorio. En Hawaii ocurrió en 1927 y en Alaska en 1949. Veremos si deciden hacerlo aquí.

El Proyecto 8393 está todavía vivo, aunque su aprobación en el Senado, y tal vez en la Cámara es dudoso. Aún si no se aprueba, es un paso de avance porque el ELA no está allí y un consenso de demócratas le dijo no. ¿Cuánto tiempo le queda al territorio? Quien sabe, pero algún día terminará.

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.

LAS DOS GRANDES MENTIRAS DE LA CAMPAŇA DEL 2016

 

 

Durante los meses que quedan para las elecciones veremos varias mentiras de múltiples políticos, pero hay dos mentiras que serán el corazón de la campaña del PPD en contra del PNP y de la estadidad. Si, de la estadidad. No tengan la menor duda que la elección de 2016 es plebiscitaria y que el estatus es el issue más importante en ella.

 

El PPD nos va a presentar estas dos mentiras como el corazón de su campaña:

 

PRIMERA MENTIRA: El PPD busca un ELA, no colonial, fuera de la clausula territorial de la Constitución Federal. Esta es una mentira aún más grande que la que decía que en 1952 se había logrado un nuevo estatus. según el entonces Comisionado Residente, Antonio Fernós Isern, en su libro Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Antecedentes, Creación y Desarrollo hasta al Época Presente, 1974, a la página 357 nos dice “[e]l primer borrador de un proyecto de ley para revisar la de Relaciones Federales, preparada por el Comisionado Residente, tuvo fecha de 27 de marzo de 1952. A su virtud se habría de sustituir la propuesta Ley de Relaciones Federales por un convenio que se llamaría <<Puerto Rico Federative Relations Compact>>. El 4 de mayo de 1953, un año más tarde, se radica una resolución conjunta a esos efectos, que no prosperó. El 23 de marzo de 1959, se radica el Proyecto Fernós-Murray para mejorar el ELA, tampoco prosperó. Aunque se llevó a cabo un plebiscito en 1967 con el aval del Presidente Kennedy y luego Johnson, y que fue ganado por el ELA, nada ocurrió.

 

El Task Force del Presidente sobre PR publicó un informe en el 2011 y en las páginas 26 nos dijo:

“Third, consistent with the legal conclusions reached by prior Task Force reports, one aspect of some proposals for enhanced Commonwealth remains constitutionally problematic—proposals that would establish a relationship between Puerto Rico and the Federal Government that could not be altered except by mutual consent This was a focus of past Task Force reports The Obama Administration has taken a fresh look at the issue of such mutual consent provisions, and it has concluded that such provisions would not be enforceable because a future Congress could choose to alter that relationship unilaterally”

De forma similar, el informe del Task Force del Presidente de 2007 dijo así a las páginas 6-7:

“The U.S. constitution would not permit the “new commonwealth” proposal because land under united States sover­eignty must either be a State or a territory. as the Supreme court stated over a hundred years ago, if land is “not included in any State,” it “must necessarily be governed by or under the authority of congress.” First Nat. Bank v. Yankton County, 101 U.S. 129, 133 (1879). Thus, although congress is free to allow a territory to exercise powers of self-government (as congress has done with respect to Puerto Rico), it may not restrict the authority of a future congress over that territory.

This limitation on the power of congress reflects the general rule that one legisla­ ture cannot bind a subsequent one. each congress may repeal or amend laws that a previous congress enacted, and congress may pass laws inconsistent with treaties. By the same token, a future congress must have the power to disavow commit­ ments contained in a covenant between the Federal Government and one of its territories, regardless of the terms of that covenant.

accordingly, the “new commonwealth” proposal that some have proposed contem­plates a political status for Puerto Rico that is not permitted by the united States constitution. as long as Puerto Rico remains a territory of the united States, congress may not impair the constitutional authority of later congresses to alter the political powers of the government of Puerto Rico by entering into a covenant or compact with Puerto Rico or its residents.”

 

Más aún, en el argumento oral del caso de Sánchez Valle, la Juez Kagan preguntó a la abogada del Solicitor General, el representante del Gobierno Federal en la vista, lo siguiente:

JUSTICE KAGAN: Do you think it’s not possible, Ms. Saharsky I mean, putting aside whether

Congress has done it here, but you think it’s simply not possible for Congress to confer

sovereignty in the sense   that would matter for the Double Jeopardy Clause?

 

MS. SAHARSKY: Well, it certainly could by making it a State

 

JUSTICE KAGAN: Yes

 

MS SAHARSKY: or by making it independent.

 

JUSTICE KAGAN: But but but not short of that.

 

MS. SAHARSKY: We think that that would just be fundamentally inconsistent with the

constitutional design. . .

En otras palabras, el ELA fuera de la cláusula territorial NO EXISTE. Pero en estas etapas de la campaña, nadie en el PPD va a hablar de soberanía o republica asociada porque saben que dividiría el partido. Eso podría ocurrir en el 2017.

SEGUNDA MENTIRA: Hay que trabajar para mejorar la economía para entonces bregar con el estatus.

EMBUSTE. Que hay que mejorar la economía primero y luego bregar con el estatus fue el mantra de Luis Muñoz Marín en los años 30’s antes de fundar el PPD y sigue siendo el mantra de este partido. Pero desde el 2014 estuvo pidiendo Capítulo 9, paridad de fondos de Medicaid y Medicare y otros muchos programas. Eso se llama estadidad. Y quiere ser eximido de las leyes de cabotaje, que aplican a Hawaii y Alaska también. Eso se da en la independencia. O sea, que todo lo que quiere en PPD se resuelve con un cambio de estatus. No olvidemos que el estado más pobre de USA tiene más del doble de ingreso per cápita que PR y la emigración de los boricuas en este siglo ha sido casi exclusivamente a los USA. Uno no emigra para empeorar y si es así, regresas. Muy pocos han regresado a PR.

Así que no se dejen engañar, sea a la estadidad o hacia la independencia, PR tiene que cambiar y con el PPD no habrá cambio, si no más de lo mismo.