Hollingsworth

LA DECISION SOBRE LA ADOPCION POR UNA PAREJA GAY (Publicado febrero 21, 2013)

LA DECISION SOBRE LA ADOPCION POR UNA PAREJA GAY

            En el caso a Ex Parte A.R.R.  Una pareja de damas homosexuales, ambas con un Ph.D. en comportamiento humano y que llevaban juntas desde 1988, decidieron que una de ellas tuviera una hija por inseminación artificial. En el 2005, luego de que la criaran juntas, decidieron que la pareja que no era la madre biológica la adoptera y radicaron su petición en junio de ese año. El Tribunal de Instancia, a pesar de los informes favorables de las psicólogas, denegó la petición indicando que los artículos 137 y 138 del Código Civil no permitían la adopción. Apelaron al Tribunal Apelativo quien confirmó. En el 2008 solicitaron certiorari del Supremo y en mayo de 2009, se concedió el mismo.  En el día de ayer el Tribunal Supremo de PR decidió confirmar las decisiones, añadiendo argumentos constitucionales.

Aparte del largo tiempo que tomó el Tribunal Supremo en decidir el caso, más de 4 años, el mismo es insólito por otras razones.  Con 9 jueces en el Tribunal, se emitieron 8 opiniones, 4 a favor y 4 en contra, con el Juez Feliberti uniéndose a la opinión del Tribunal escrita por la Juez Pabón Charneco, quien en la página 2 indica que “[n]o debe quedar duda de que, en su esencia, el caso de autos versa sobre quién tiene el Poder para gobernar en nuestro ordenamiento constitucional.”  Claramente, esto es incorrecto. Lo que esta ante el Tribunal es los derechos de las parejas gay a adoptar y en la misma se alega violaciones de la Constitución de PR y la Federal.

Aunque la prensa no reseño el caso hasta ayer, el mismo recibió mucha atención por la comunidad legal y la LGBTT.  El Supremo tuvo ante si amicus curiae (literalmente quiere decir amigo de la corte-usualmente se dan para darle al Tribunal las opiniones de grupos divergentes y para tratar de convencer a la curia) de la American Civil Liberties Union, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, de la Sexuality and Gender Law Clinic de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, del Profesor de Derecho Carlos A. Del Valle Cruz, de la National Center for Lesbian Rights, de la Academia Americana de Pediatría, Capítulo de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, Departamento de Pediatría, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, de la Coalición Ciudadana y Defensa de la Familia y de la Alianza de Juristas Cristianos.

La opinión del Tribunal, escrita por la Juez Pabón Charneco, tiene 64 páginas y pasa buena parte de ellas (8-19) discutiendo la separación de poderes. La Juez indica, correctamente según mi apreciación, que los artículos 137 y 138 y su historial legislativo, excluyen la adopción por una pareja gay (más no de una persona gay).  La Juez Pabón Charneco indica así:

“El Gobierno de Puerto Rico aduce que el interés legítimo que deseaba proteger la Asamblea Legislativa a través del Art. 138 del Código Civil, supra, era “proteger los valores arraigados en la institución de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad e impregnarle la más alta jerarquía al interés social que promueve el mejor bienestar del menor”.  . .  “La Asamblea Legislativa entendió que es a través de lo que se conoce como la familia tradicional -padre, madre e hijos- en donde se pueden sostener de manera más adecuada la estabilidad necesaria para proteger efectivamente el mejor bienestar de los menores en Puerto Rico.” (ennegrecido en el original) Pg. 45. En la página 46, la Juez indica que ese juicio de la legislatura no es irrazonable ni arbitrario. Más adelante, en la página 47, la Juez indica:

“La realidad es que aunque aceptemos la existencia de otros modelos de organización familiar, ello no significa que la Asamblea Legislativa, el ente que formula por decreto constitucional la política pública de Puerto Rico, no puede preferir el modelo de la familia tradicional por encima de otros modelos. Ese juicio es eminentemente legislativo y no nos compete como juristas aprobar o desaprobar los diferentes tipos de modelos familiares que se vayan desarrollando en la sociedad. El reconocimiento legal de esos modelos familiares no se puede dar en los pasillos del Tribunal Supremo, sino en el hemiciclo de los Cuerpos Legislativos.” (ennegrecido en el original)

En otras palabras, el Tribunal Supremo acepta que la legislatura decidió discriminar contra las familias no tradicionales y que eso no viola la prohibición Constitucional de discrimen por razón de sexo. Aunque concuerdo con la Juez en que la orientación sexual no esta comprendida en la palabra sexo de la Constitución, me parece que la opinión obvia lo ocurrido en los USA en los últimos años.

La juez Pabón Charneco menciona los casos neurálgicos de Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996) y Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003), ambos del Tribunal Supremo Federal que declara inconstitucional leyes estatales que discriminaban contra los gay. A la página 54 indica que “[e]n su sustrato, en Romer v. Evans, supra, y Lawrence v. Texas, supra, se utilizó un escrutinio racional para analizar la validez de leyes que afectaban a personas homosexuales.” Esto es TOTALMENTE incorrecto. A lo que se refiere el Tribunal con escrutinio es de que forma examina estatutos que crean clasificaciones. Existe el más favorable a la legislación, el de base racional, el escrutinio intermedio y el estricto. Estos casos no utilizan este escrutinio. Lo que indican Romer y Lawrence es que las leyes que se cuestionaron NO PASABAN ni el escrutinio de base racional, el más favorable a la legislación. De hecho, es unánime entre la comunidad legal que estos casos no establecieron el escrutinio con lo que se deben revisar las leyes.

Más aún, la Juez indica a la página 55 que “[e]l Art. 138, supra, no incide de manera alguna en la decisión de la peticionaria de incurrir en la conducta sexual que desee. Ninguna actuación íntima de ella y su pareja ha sido criminalizada o prohibida por el Estado.” (ennegrecido en el original) Respetuosamente discrepo del Tribunal. El estatuto incide sobre la actuación intima de tener un hijo y criarla y que sea su hija. Incide también sobre la determinación de la madre biológica de querer que su pareja sea la madre conjunta de su hija y para poder hacerlo tenga que renunciar a su derecho a ser la madre. Además, si un homosexual sólo puede adoptar, se esta discriminando contra su derecho de asociación al querer hacerlo en conjunto con tu pareja homosexual e incide en esa relación personal. Aunque la opinión no lo indica, estoy seguro que esto se argumento en el caso.

Finalmente, la opinión del Tribunal esta falta del análisis más importante, los casos de Windsor v. United States, 699 F.3d 169 (2nd Cir. 2012), cert. granted, Docket no. 12-307, December 7, 2012 y Commonwealth of Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services, et al., slip op., No. 10-2204, May 31, 2012. En ambos casos, los jueces utilizaron un largo análisis del discrimen contra los gays para declarar el Defense of Marriage Act inconstitucional. En Commonwealth el 1er Circuito utilizó un híbrido de la base racional y en Windsor, el 2ndo Circuito utilizó un análisis intermedio. Este último esta bajo consideración del Tribunal Supremo Federal con sus argumentos orales el 26 y 27 de marzo. Se espera la opinión para el mes de junio. La Juez Charneco no discute estos casos y aún más, los relega a la nota al calce 22 a la página 52 diciendo así:

“Hemos reseñado el derecho federal vigente. No obstante, somos conscientes de que el Tribunal Supremo federal expidió autos de certiorari en los casos de Hollingsworth v. Perry, Docket No. 12-144 y United States v. Windsor, Docket No. 12-307. Ambos contienen controversias constitucionales en las cuales nuestro más alto foro potencialmente puede pautar normas que alteren ese derecho vigente.”

Para una curia que en los últimos 3 años, muy correctamente en mi opinión, se ha caracterizado por conformar el derecho puertorriqueño al derecho federal, esto no es aceptable.

La próxima opinión es la del Juez Kolthoff de conformidad con el resultado, que consta de 24 páginas. El Juez Kolthoff también ignora los casos ante el Tribunal Supremo. Su primera expresión de importancia dice que “[p]or otro lado, el discrimen por género u orientación sexual en el contexto de una adopción, no constituye violación a derecho fundamental alguno, pues en nuestra jurisdicción no se ha reconocido un derecho fundamental a la adopción.” Pag. 11. Aún siendo así, los derechos que detallo supra si son violados por estos estatutos.

Más adelante, el Juez Kolthoff dice que “e[]n el caso de autos, el Estado ha aducido que el interés legítimo que desea salvaguardar es el “proteger los valores arraigados en la institución de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad e impregnarle la más alta jerarquía al interés social que promueve el mejor bienestar del menor”.” Pag 12,nota al calce omitida. Sigue en la página 14 “De manera que, los tribunales estamos obligados a tratar de prever, utilizando los mejores recursos disponibles, cuál ha de ser el desarrollo de ese menor ante los distintos factores presentes y futuros a los que ha de enfrentarse, incluyendo, según mi criterio, factores sociológicos y culturales.”  Para hacer su punto, el Juez Kolthoff utiliza entonces el estudio How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study, Social Science Research, Vol 41, Issue 4, (July 2012) 752-770. http://www.sciencedirect.com/sience/article/pii/S0049089X12000610.  Este estudio critica la crianza de hijos por parejas homosexuales y lo utiliza para cuestionar la evidencia presentada en el Tribunal de Primera Instancia a favor de la adopción. Sin embargo, este informe fue pagado por dos grupos  conservadores y es cuestionable en su metodología etc.

Ver, http://www.slate.com/articles/health_and_science/human_nature/2012/06/new_family_structures_study_is_gay_parenthood_bad_or_is_gay_marriage_good_.html

Más aún, ¿como va a utilizar el Tribunal un estudio del 2012 cuando el caso se decidió en Instancia en el 2007 y el certiorari del Tribunal Supremo se expidió en mayo de 2008? ¿Pudo la peticionaria cuestionar el mismo? Obviamente no.

La opinión del Juez Martínez Torres, de 31 páginas, y de conformidad con el resultado, se centra en la interpretación estatutaria de la palabra sexo y de los estatutos. Su norte es lo que llamamos en derecho, “strict contructionalist” y cita a los jueces Rehnquist y Scalia como fuente. Extrañamente la mayoría, no menciona los casos en el Supremo Federal, ni si quiera donde sus distinciones pudiesen ayudar a sus conclusiones .

El Juez Rivera García, en su opinión de 43 páginas en conformidad con el resultado, enfatiza que lo importante es el interés del menor. Sin embargo, a las  págs. 19-20 dice que “[e]n ese contexto, habría que preguntarse si no estamos frente a una situación de discriminación todavía más grave de la que se alega existe: unos niños a priori no podrían beneficiarse de aquel bien humano elemental que es tener un padre y una madre sexualmente diferenciados.” Su cita es de un francés X. Lacroix.

Más adelante, a la página 29, indica el Juez Rivera García que “[a]simismo, su opinión disidente [de A. Rodríguez] soslaya la realidad natural que el estado de derecho pretende seguir; es decir, que una niña o un niño adoptados tengan padre y madre. ¿Por qué concluir sin objeción alguna que durante todo este tiempo hemos estado ciegos y que en realidad un niño no necesita la referencia paterna y materna para su desarrollo?”

Su posición final a las páginas 30-31 dice que “[p]or mi parte, en este momento histórico de nuestra cultura, afirmo que las figuras de padre y madre no son intercambiables y sí importan. En consecuencia, creo firmemente que, en virtud de su dignidad humana, todos los niños tienen el derecho a crecer y formarse en el seno de una relación de padre y madre, claro está, reconociendo que en la vida cotidiana surgen circunstancias que inevitablemente conllevan la ausencia de tales figuras e incluso se pueda dar la adopción por una sola persona. (nota al calce omitida)

En el abstracto, uno puede estar de acuerdo con el Juez Rivera García pero parece olvidar que en esta pareja NO HAY un padre. Lo que hubo fue un macho humano anónimo que vendió sus espermatozoides para que una mujer pudiera concebir una criatura para poder criarla con todo el amor que se merece. Otro ejemplo más del derecho estar años luz a la retaguardia de la ciencia y la realidad humana. La opinión tampoco discute los casos ante el Supremo Federal

En su disidente de 42 páginas, el Juez Estrella nos da un relato de la relación de la peticionaria y su pareja. Ambas tienen doctorados conducta humana por ejemplo y son pareja desde 1988. El relato esta hecho con gran sensibilidad humana y vale la pena leerlo a las págs. 1-8. El Juez Estrella discute el bienestar del menor y busca armonizar el estatuto con la realidad del caso haciendo un análisis rebuscado del mismo, con el cual no concuerdo. La opinión no discute el asunto constitucional ni los casos ante el Supremo Federal.

La opinión disidente Hernández Denton, de 38 páginas, se centra en argumentar que el discrimen por razón de orientación sexual es discrimen sexual, punto con el cual estoy en descuerdo. Interesantemente, como lo hacen el 1er y 2ndo circuito, el Juez discute el discute discrimen contra los homosexuales en PR. Tampoco discute el asunto en el Supremo Federal.

La juez Fiol Matta también disintió en una opinión de 10 páginas y argumenta que se debió haber adoptado la doctrina del Second Parent Adoption, el cual fue rechazado por el Tribunal.

Finalmente, la Juez Anabel Rodríguez, en una disidente de 91 páginas, igual que el Juez Presidente, intenta convencer que el discrimen de género esta subsumido dentro del discrimen de sexo. Como he dicho anteriormente he dicho, discrepo de este argumento, al igual que la mayoría del Tribunal. Comenzando con la página 55, sin embargo, habla sobre el Informe sobre el discrimen por razón de género en los Tribunales de Puerto Rico (1995)el cual ilustra el tipo de discrimen a que son objeto los homosexuales en PR. La Juez Rodríguez, con quien usualmente tengo graves diferencias, hace el mejor análisis del caso desde la perspectiva de lo que esta ocurriendo en los casos en los Estados Unidos. Sin embargo, es sólo una disidente. Es irónico que ella usualmente ignora el derecho federal y aquí lo invoca.

En resumen, esta decisión NO ES una de índole política, es una de visiones personales de mundo. Tampoco su publicación es para coincidir con la marcha del lunes 18 de febrero. Hay que recordar que las opiniones son extensas, toman tiempo en escribirse y la del Juez Kolthoff, por ejemplo, menciona accesar un documento en la Internet en 4 de febrero de 2013. La discusión de la Juez Rodríguez de los casos ante el Supremo Federal y su mención por la Juez Pabón Charneco también lo demuestra.

Mi posición personal es que nuestro Tribunal Supremo, al ignorar argumentos muy válidos hechos en otras jurisdicciones, le ha hecho un gran daño la comunidad LGBTT en Puerto Rico. Hay informes sobre el discrimen que han sufrido y aún sufren en nuestra sociedad. El Tribunal, al detallar el historial legislativo de la ley, claramente vio la intención de discriminar contra este grupo y decidió convalidarlo. El Tribunal decidió ignorar la evidencia ante si que EN ESTE CASO EN PARTICULAR, la adopción era en el claro interés de la menor. Esto llora ante los ojos de un Dios que nos quiere a todos aún cuando seamos pecadores. Espero que esta sea la única pifia de un Tribunal que ha estado trayendo el derecho puertorriqueño al siglo 21.

s/John E. Mudd

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Mi otro escrito sobre el certiorari ante SCOTUS:

http://www.scribd.com/doc/116125276/Certioraris-en-Los-Casos-de-Matrimonio-Gay

Sentencia y Opiniones:

http://www.scribd.com/doc/126573580/adopciongay-sentencia

http://www.scribd.com/doc/126573578/adopciongay-opinioncharneco

http://www.scribd.com/doc/126573554/adopciongay-opinionmartineztorres

http://www.scribd.com/doc/126573540/adopciongay-opinionkolthoff

http://www.scribd.com/doc/126573526/adopciongay-opinionriveragarcia

http://www.scribd.com/doc/126573475/adopciongay-opiniondisidenterodriguez

http://www.scribd.com/doc/126573443/adopciongay-opiniondisidentefiolmatta

http://www.scribd.com/doc/126573434/adopciongay-opiniondisidenteestrella

http://www.scribd.com/doc/126573414/adopciongay-opiniondisidentehernandezdenton

Certioraris en los Casos de Matrimonio Gay (Publicado diciembre 9, 2012)

CERTIORARIS EN LOS CASOS DE MATRIMONIO GAY

EN ARROZ Y HABICHUELAS

La gran mayoría de la prensa puertorriqueña nos tiene acostumbrados a ignorar y mal informar (por falta de conocimiento, dejadez o por que prefieren no leer) sobre los procedimientos en el Tribunal Supremo Federal (SCOTUS). La concesión del certiorari en los casos de DOMA y Propositon 8 no son la excepción.

Ayer viernes SCOTUS concedió certiorari a los casos de U.S. v. Windsor, proveniente del Segundo Circuito sobre el Defense of Marriage Act (DOMA) y en el caso de Hollingsworth v. Perry, del 9no Circuito referente a Proposition 8 en California. Primero un historial de los casos.

En 1993, el Tribunal Supremo de Hawaii decidió el caso de Baehr v. Lewin, 852 P.2d 44 (Haw. 1993), reconsideration and clarification granted in part, 852 P.2d 74 (Haw. 1993), poniendo en duda constitucional las leyes que clasificaban el matrimonio entre hombre y mujer. Esto llevó al Congreso a pasar DOMA en 1996 con amplio apoyo bipartito y la firma del Presidente William Jefferson Clinton. Esta ley define el matrimonio como entre un hombre y una mujer, permite a los estados el denegar “full faith and credit” al matrimonio homosexual en otros estados y prohíbe al gobierno federal el dar beneficios a parejas homosexuales casadas bajo el régimen de un estado que lo permita. SCOTUS, sin embargo, sólo decidirá sobre este último aspecto de DOMA, los beneficios federales.

Dos Circuitos, el 1ro y el 2ndo, determinaron que la sección 3 de DOMA (la que tiene que ver con los beneficios bajo las leyes federales) era inconstitucional. El Primer Circuito determinó examinar la legislación bajo el más favorable a la misma (esta el estricto, cuasi  estricto o base racional), el escrutinio de base racional, pero le añadió un factor para hacerlo menos favorable, de si el grupo al cual se refería la legislación era uno tradicionalmente discriminado. Uno de los favorecedores de la medida en el caso de U.S. v. Windsor se refirió a este como base racional plus o cuasi estricto menos. El 2ndo Circuito, por el otro lado, examinó DOMA bajo el test intermedio, cuasi estricto, y  determinó que era inconstitucional. SCOTUS denegó certiorari al caso del 1er Circuito y decidió revisar el del 2ndo, tal vez por que la Juez Kagan se tendría que inhibir del primer caso ya que estuvo envuelta en su defensa cuando era Solicitor General.

El caso de Hollingsworth v. Perry es diferente ya que no envuelve una ley federal. Desde el año 2000, California comenzó a proveer derechos a las parejas homosexuales como visitas a su pareja en hospitales y plan médico a los empleados estatales que se registraban con el estado. Al mismo tiempo, los votantes reafirmaban que el matrimonio era entre hombre y mujer. En febrero de 2004, el alcalde de San Francisco ordenó que se repartieran licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. En mayo de 2004, el Tribunal Supremo de California ordena a San Francisco a desistir de proveer las licencias de matrimonio ya que iba a decidir el issue de la Constitucionalidad de que el matrimonio sea sólo entre hombre y mujer. En agosto de 2004 el Tribunal Supremo de California indica que el Alcalde de San Francisco se excedió en su autoridad al expedir las licencias y que los cerca de 4,000 matrimonios así celebrados eran nulos ab initio (desde el principio).  Luego de varios incidentes, el 15 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo de California determina que limitar el matrimonio a parejas de sexos diferentes violaba la protección fundamental al matrimonio de la Constitución del estado. Los opositores votan por aprobar Proposition 8 que indicaba que “only marriage between a man and a woman is valid or recognized in California.” (solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es reconocido en California). El 4 de noviembre de 2008, la misma ganó por el 52.4% del voto emitido.

Los grupos pro matrimonio gay llevaron el caso al Tribunal de Distrito Federal en San Francisco, impugnando la constitucionalidad de Proposition 8 bajo la doctrina de Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996), de igual protección de las leyes bajo la 14ava Enmienda. En Romer, en varias municipalidades de Colorado habían pasado ordenanzas donde se prohibía el discrimen por razón de género, otros proveían beneficios usualmente reservadas a matrimonios como plan médico, etc. a parejas homosexuales. Por voto directo se enmendó la Constitución de Colorado para prohibir cualquier legislación u acción ejecutiva o judicial a cualquier nivel en el gobierno estatal o local diseñado para proteger a cualquier clase de orientación sexual homosexual, lésbica o bisexual. SCOTUS decidió que esos grupos ya tenían ciertos derechos y no se le podían arrebatar derechos sin que hubiese una alguna base para ello. SCOTUS, sin embargo, no indicó claramente bajo cual de los escrutinios (estricto, cuasi  estricto o base racional) se debía examinar y prefirió decir que la legislación fallaba hasta el más elemental test de relación racional a un fin legítimo. El 9no Circuito estuvo de acuerdo con los demandantes en una decisión 2-1. Su efecto, sin embargo, fue paralizado por orden del propio Circuito para darle oportunidad a SCOTUS a decidir.

En estricto derecho, SCOTUS no va a decidir si el negarle a los gays el derecho al matrimonio, declarado un derecho fundamental en Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967), viola la igual protección de las leyes bajo la 14ava Enmienda. Sólo va a decidir si el negarle los derechos a las parejas del mismo sexo casadas en estados donde se reconoce viola la 14ava Enmienda y si la Enmienda Constitucional de California viola esa enmienda como establece Romer v. Evans. Pero lo que decida SCOTUS y como lo decida tendrá profundas implicaciones legales.

El SCOTUS tiene varias alternativas a su disposición. Muchos medios han omitido el hecho que SCOTUS solicitó que se discutiera si los peticionarios en Hollingsworth, que no eran el gobierno si no los que promovieron la enmienda constitucional, tenían standing (legitimación activa en español) para solicitar la revisión de la decisión.  De igual forma, SCOTUS solicitó en el caso de Windsor que se discutiera si la decisión del gobierno de Obama con las cortes inferiores le quitaba jurisdicción a la Corte y si el Bipartisan Legal Advisory Group de la Cámara de Representantes federal tenía standing para defender el caso.  En otras palabras, SCOTUS podría decidir que no tiene jurisdicción ya que no hay un caso o controversia y así evitar pronunciarse sobre el tema. Podría también decidir que tiene jurisdicción en un caso y no en el otro o que la tiene en ambos, que es lo que creo que hará.

En los méritos, SCOTUS tiene también alternativas. En DOMA podría confirmar al 2ndo Circuito bajo el escrutinio cuasi estricto o decidir que este tipo de legislación requiere un escrutinio estricto, lo cual virtualmente reconocería el derecho al matrimonio gay bajo la Constitución federal, algo poco probable. Pero debemos recordar que bajo el escrutinio cuasi estricto, la legislación tiene que estar sustancialmente relacionada a un importante interés gubernamental y que su explicación debe ser excesivamente persuasiva. U.S. v. Virginia, 518 U.S. 515, 533 (1996) y Mississippi Univ. for Women v. Hogan, 458 U.S. 718, 724 (1982)). La pregunta obligada en Puerto Rico sería ¿cual es el interés gubernamental y la explicación excesivamente persuasiva para  que la definición del Artículo 68 del Código Civil de P.R., ed. de 1930, 31 L.P.R.A. sec. 221, defina el matrimonio como un contrato civil entre un hombre y una mujer? Esto es especialmente cierto cuando el Código Civil data del Código Civil Español que viene del Código  Napoleónico de 1804. Un poco anticuado, ¿no creen?

SCOTUS también podría determinar que DOMA si tiene un propósito legítimo y decidir que la ley es constitucional, lo cual sería una sorpresa luego de Romer y Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003), que declaró inconstitucionales las leyes anti-sodomía entre adultos que consienten. Esto, sin embargo, no es probable.

En cuanto a Hollingsworth, SCOTUS podría determinar que Romer no aplica al caso ya que este último se enfrentó a una ley mucho más abarcadora, que los derechos de los homosexuales tenían mucho menos tiempo (unos meses) comparados con muchos años en el caso de Romer o que la legislación guarda alguna relación racional con algún interés gubernamental utilizando el escrutinio de relación racional. Esta tiene cierto sentido en términos de que Romer y Hollingsworth dan a entender que una vez a un grupo se le reconoce un derecho, este no se puede retirar, creando un enorme dolor de cabeza y un conflicto con las legislaciones estatales y el federalismo. Sin embargo, esto cerraría la posibilidad de conseguir reivindicación del derecho al matrimonio gay en las Cortes Federales. Claramente, el SCOTUS podría simplemente confirmar con una que otra suma o resta de argumentos la decisión de 9no Circuito.

Si examinamos los jueces conforme a los casos anteriores, sabemos que Scalia y Thomas son hostiles a los derechos de los homosexuales. Ginsburg, Breyer y Kennedy son favorables a los mismos, como probablemente lo sean Sotomayor y Kagan. No sabemos sobre Roberts y Alito, quienes usualmente votan conservador…aunque hay que señalar que Roberts nos ha sorprendido en mas de una ocasión con sus decisiones “creativas”.

Hasta el momento se calcula que los argumentos orales serán lo última semana de marzo de 2013 con una opinión para el 27 de junio, el último día de opiniones del término. Como los argumentos y decisiones en estos casos se han basado en la igual protección de las leyes bajo la 14ava Enmienda. Cualquier decisión del SCOTUS bajo la misma afectará como se evalúan todas las leyes estatales sobre matrimonio, incluyendo sus constituciones.

Moraleja, lo que se decide en SCOTUS tiene repercusiones en extremo abarcadoras para Puerto Rico. Así ocurrió con Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) con el aborto y bajo la doctrina de Citizens v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010), el 1er Circuito permitió a las uniones contribuir millones a la campaña de Carmen Yulín Cruz. Es tiempo que la prensa y las escuelas de derecho informen al Pueblo claramente de lo que puede pasar.

Reflexiones de hoy 25 de junio de 2013

         En esta la víspera del día histórico de las decisiones de DOMA y Prop. 8, me parece que el Tribunal se inclinará por determinar DOMA inconstitucional por que el Congreso se extendió en su poder de legislar ya que no es un área designada en la Constitución y por ende es reservado a los estados. Hasta podría ser un 9-0 sobre la constitucionalidad con 5 determinando sobre extensión del poder de legislar y 4 diciendo que viola la igual protección de las leyes. Esta decisión sería escrita por el Juez Kennedy.

En cuanto a Prop. 8, la mayoría de opiniones informadas indican que el Juez Roberts va a determinar que no hay standing o legitimación activa de los defensores de la medida. Esto desestimaría el Certiorari y se revocaría la decisión del 9no Circuito por la misma razón. El problema es que esto dejaría la decisión de distrito en efecto pero sólo para dos condados de California. El gobierno de California podría decidir emitir las licencias de matrimonio a homosexuales PERO los defensores de Prop. 8 podrían ir al Tribunal estatal, donde si tienen standing y requerir un injunction y esto podría provocar un choque de jurisdicciones. Debido a ello, entiendo que el SCOTUS decidirá que la situación en California no es igual que la situación en Romer v. Evans. De esa forma se dejaría a cada estado el decidir si permitir los matrimonios gays. Veremos mañana si tengo razón.

s/John E. Mudd

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