Junta Local

EL MUNDO REAL, LA JUNTA Y EL PLAN DE AJUSTE

La semana pasada Eva Prados y Juan Dalmau publicaron columnas sobre la Junta y el Plan de Ajuste que se ha presentado. En ambas los colegas rechazan el mismo y llaman a la Resistencia. Yo tengo mis problemas con el plan de ajuste de la Junta pero creo que la “información” que los colegas ponen en sus columnas debe ser escudriñada con cuidado.

Eva Prados nos dice que la Junta y el plan de ajuste “ponen en riesgo la calidad de vida de todas nuestras familias que residen en Puerto Rico y apoyarlo nos niega un futuro digno.” Obviamente no nos dice como ni que es un futuro digno pero eso es de esperarse. Prados continua diciendo que el Gobierno “demostró no tener dinero para pagar sus deudas.” FALSO.

La colega no nos dice que en la sección 301 de PROMESA incluye todas las secciones de la ley de quiebras federal que se incorporan en el Título III. Esta sección es muy similar a la sección 901 de Quiebras que hace lo mismo para el Capítulo 9 (la base del Título III de PROMESA). Uno de los puntos donde difiere es que en el Capítulo 9 se incluyó la sección 109. La sección 109(c) especifica que una municipalidad para ser elegible a quiebra tiene que estar insolvente. La sección 101(32)(c) nos define insolvencia y dice:

with reference to a municipality, financial condition such that the municipality is—

(i)generally not paying its debts as they become due unless such debts are the subject of a bona fide dispute; or

(ii) unable to pay its debts as they become due.

En el caso de Puerto Rico, esto nunca ocurrió. De hecho, a pesar de que el Gobernador García Padilla indicó en el Verano de 2015 que PR no podía pagar sus deudas, solo dejó de pagar unos bonos que dependían específicamente de que la legislatura les asignara fondos. Todas las demás deudas de bonos se estaban pagando y las otras, se pagaban con atrasos pero se pagaban. Más aún, desde julio 31 de 2017, la Junta supo de que PR tenía sobre $6 mil millones en 800 cuentas. Aquí mi columna sobre ello que contiene un enlace a los correo electrónicos que lo demuestran https://caribbeanbusiness.com/column-the-boards-feigned-attempt-at-transparency/ Así que el Gobierno NUNCA ha demostrado que no podía pagar sus deudas.

La colega sigue en su diatriba diciendo que el pago a los abogados y expertos “deja a la isla sin dinero en caja para cualquier emergencia.” Nuevamente, FALSO. En el plan fiscal de Puerto Rico, incluyendo su última versión de abril de 2021, a las páginas 57-58, https://drive.google.com/file/d/1reetKnfKsa1uR-A0u9l3FM6PfGamHCrx/view

se discute el plan de reserve de $130 millones anuales. No solo se ha usado este fondo de reserve en las emergencias del María y el Covid-19, es la única ocasión donde PR ha tenido un plan de reserva.

La Lcda. Prados critica el que los fondos buitres se beneficien del plan al haber comprador a descuento. Sin embargo, no nos dice que nada en la ley federal o de Puerto Rico prohíbe el hacerlo, amén, que es más fácil negociar descuentos con bonistas que compraron a descuento. Si compraron a 30 centavos y les descuentas el valor del bono a 60 centavos, el gana, es cierto, pero también el estado al conseguir ese descuento.

Prados continua con el asunto de la auditoría de la deuda. Yo llamo el reclamo una ñoñería y explico aquí porque. https://johnmuddlaw.net/2017/04/09/la-noneria-de-la-auditoria-de-la-deuda/ Parece que la colega cree que si comparece ante la Juez Swain e invoca la frase auditoría de la deuda, el caso de Título III se detiene mágicamente, si PEPE. Además, la colega olvida convenientemente que la Junta encargó a Kobre & Kim a hacer un informe sobre como se llegó a la deuda https://drive.google.com/file/d/19-lauVo3w9MPS03xYVe0SWhQin-Q6FEf/view Imagino que como tiene 608 páginas, no se lo leyó. Yo si y aunque no es lo que esperaba, si explica muchas cosas. El problema es que no señala el dedo diciendo que fulano y mengano irán presos, que creo que es lo que la colega quiere al igual que Juan Dalmau. Más adelante hablo sobre esto. Más aún, si una auditoria de la deuda señalara que alguna de ellas se emitió ilegalmente, hay que ir al Tribunal a demostrarlo. La colega nuevamente ignora los múltiples pleitos que la Junta ha radicado para invalidar varias emisiones. El problema es que cuando uno va a pleitear, uno puede ganar o puede perder y por ende usualmente (93% de los casos) se transigen. Eso es lo que la Junta ha hecho. El tratamiento de los bonos en el plan de ajuste. Si vemos las páginas 21-25 del Disclosure Statement, https://drive.google.com/file/d/1DKrgKJRlX3diO01qzEElWEqnMvpwnGx8/view los bonistas recuperan entre 10% hasta un 77.6%. Esto refleja el juicio de la Junta y los bonistas en cuanto a cuan probable era el ganar sus demandas. En contraste bajo el Artículo VI, sección 8 de la Constitución del ELA, habría que pagar el 100% de la deuda publica antes de pagar otro renglón.

La colega menciona “estudios importantes” sin mencionar cuales son diciendo que había que bajar la deuda de un 85% a 95%. Aparte del hecho que ninguno de estos estudios ha sido presentado a la Juez Swain en el record, la verdadera pregunta es como se logra esto bajo es sistema legal boricua o estadounidense. Eva Prados no lo menciona porque no existe forma legal de hacerlo. Parafraseando a Otto Von Bismark “[law] is the art of the possible, the attainable — the art of the next best” El machetear un descuento de tal naturaleza como el que ella menciona es contrario al derecho y “the rule of law”, vital para el desarrollo de cualquier sociedad https://johnmuddlaw.net/category/caso-doral/page/4/

La colega continua denunciando el recorte a las pensiones e insiste en que se vote en contra del plan de ajuste. Como el colega Juan Dalmau insiste en los mismo, lo discutiré luego de alizar su columna.

Juan Dalmau, a quien distingo y aprecio, escribe una columna titulada Pueblo v. Junta. Concuerdo con el que la Junta es un organismo antidemocrático pero fue creado porque nuestros políticos y los que los elegimos (incluyéndome a mi), endeudaron al gobierno. El colega se queja de lo que se le paga a la Junta y sugiere que la Legislatura no les pague. El problema es que como la sección 107 de PROMESA establece que PR pagará su presupuesto, si la Legislatura hiciera eso, la Junta correría a donde la Juez Swain y se declarará la ley contraria a PROMESA y sin efecto. Además, si no se pone en el presupuesto, la Junta lo pondrá y lo impondrá como hizo de 2017-2020. Más aún, si el Gobierno se niega a llevarlo a cabo, la Junta le pide a Swain el control de las cuentas del Gobierno y ya. Such is life in the tropics and then you die.

 

Además, no estoy de acuerdo con Juan cuando dice que la “Junta ha sido incapaz de favorecer al país.” La Junta permitió al Gobierno de PR pagar las pensiones en 100%, no pagar los bonos garantizados por la Constitución, no ha requerido recortes de personal y ha aumentado los gastos gubernamentales. Esa es la realidad. Concuerdo con el que la raíz del problema es el estatus pero nada puede hacer la Junta sobre ello.

Difiero de que la “deuda pública se incurrió para sostener la imagen del gobierno federal cuando ya la situación del país hacía insostenible la relación colonial.” La deuda pública que se dispara del 2001-2014 fue producto del deseo malsano de los gobiernos de turno de que su gobernadora fuera reelecto, dándole a ciertos grupos prebendas inmerecidas. Esto incluye a los amigos del alma y los sagrados pobres.

Su propuesta de “[d]eclarar que la deuda pública es impagable, y cesar de inmediato todo pago proyectado, hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades que les representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como parte de un acuerdo mayor de indemnización y Desarrollo económico libre de toda tutela colonial.” Quimeras nada más. El Gobierno federal no nos va a dar un Plan Marshall en compensación por el coloniaje y pretender que luego de 4 años de litigo y negociaciones los acreedores accedan a esta burda propuesta es soñar con pajaritos preñados. Más aún, ya el plan de ajuste de COFINA fue aprobado y es una orden de un Juez Federal que tiene que acatarse.

Finalmente, Juan nos dice que se debe “crear un ente independiente para investigar y encausar civil y criminalmente a los que en el gobierno de Puerto Rico comprometieron fiscalmente al país.” Yo concuerdo que se debió haber hecho PERO el término prescriptivo de 5 años ya pasó y civilmente entiendo que bajo el antiguo Artículo 1802 también. Claro, a menos que echemos a un lado todas las garantías constitucionales que tanto les gustan a mis colegas cuando les conviene.

Finalmente, el votar en contra del plan de ajuste sirve de muy poco. Aunque normalmente un caso de quiebra necesita que todas las clases voten a favor del plan, la Junta ha hecho claro que este va a ser un caso de “cramdown”, queriendo decir que la le pedirán a la Juez que acepte el plan a pesar de las objeciones. Esto se hace bajo el 11 U.S.C. § 1129 y la sección 314 de PROMESA. Con una aceptación de bonistas y muchos otros acreedores, hay altas probabilidades de que se apruebe.

Pero, ¿que pasa si no se aprueba el plan de ajuste? La sección 930 de quiebras nos dice que si no se puede aprobar el plan de ajuste, la quiebra se desestima. Sin el stay de PROMESA, los acreedores cobrarían el 100% o cerca de ello. ¿Es eso lo que los colegas quieren?

The Constitutionality of the Fiscal Responsibility and Economic Revitalization Law of Puerto Rico

The Governor sent to the Legislature the “Law of Fiscal Responsibility and Economic Revitalization of Puerto Rico” that creates a Fiscal Supervision and Economic Renewal Board. Aside from the undesirability of this Board, there are certain parts of the statute that are clearly unconstitutional and would very likely be struck down by the PR Supreme Court when challenged in Court. Here is my take on the constitutional conflicts in the law.

Article 201 creates the Fiscal Supervision and Economic Recovery Board of Puerto Rico. It is created as a governmental instrumentality with its own legal personality, fiscal autonomy and administratively and independent from the Commonwealth, whatever that may be. The Board is exempted from the following state laws:

  • The PR Government Personnel law;
  • The PR Labor Relations law for the public service;
  • The PR law for hiring of Professional and Consulting Services for Government Agencies;
  • The PR Government Accounting law;
  • The PR law to Regulate Certain Government Contracts for Financing and Lease of Movable Property;
  • The PR Office of Budget and Management law
  • The PR Law of Uniform Administrative Procedures;
  • The Law of the Institute of Statistics;
  • The Government Transition law;
  • The PR Government Ethics law;
  • The Independent Prosecutor’s law.

Being exempt from PR personnel laws, the hiring of professionals and consulting services etc., is questionable. Those employees affected by political firings still have a cause of action pursuant to the doctrine of Rutan v. Republican Party of Illinois, 497 U.S. 62 (1990) and Branti v. Finkel, 445 U.S. 507 (1980) as violations of the First Amendment. In addition, those affected by the legal guarantees of hiring of professionals, budget and management etc., could also be in violation of Article II, Section 7 of the Puerto Rico Constitution that guarantees citizens the equal protection of the law. This section protects against classifications that are irrational or arbitrary, see A.A.R. Ex Parte, 2013 TSPR 16. It prohibits unjustified unequal treatment, see, Partido Acción Civil v. ELA, 150 D.P.R. 359, 378 (2000). Moreover, “the equal protection clause guarantees that taking in consideration the purpose and reach of the law, to be treated in a similar fashion by the State.” As stated before, if suppliers of services to the state are not to be treated equally by the Board, they do not have equal protection in violation of the Constitution.

In addition, the Board’s exemption from the Administrative Procedures Act could be unconstitutional since it would make its decisions unreviewable, which case law in PR frowns on, see, Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998 (2008).

Article 203 deals with the Board’s operations. The Board will establish its own rules to determine when its meetings will be open to the public, but at all times “adequate records” will be accessible to the public as to all of the Board’s business. This last sentence could create constitutional issues since according to PR case law, all documents of the Government of Puerto Rico are considered public documents and therefore accessible to the public. It is incumbent on the Government to demonstrate which documents are not accessible to the public and why. See, Santiago v. Bobb, 117 D.P.R. 153 (1986).

Article 208 deals with the process for the approval of the Economic Development and Fiscal Plan. On or before the end of the second trimester of fiscal year 2016 (December) or once all the members of the Board have been named, whatever is last, the Working Group must present to the Board (not the Governor), for its review and approval a proposal for the consolidated Five (5) Year Economic and Fiscal Growth. The objectives of this plan must be:

  • Establish structural reforms with the purpose of reestablishing economic growth and the competiveness of the Commonwealth;
  • Eliminate the financing gaps and reduce the debt of the Supervised Entities to sustainable levels;
  • Regenerate the institutional credibility of Governmental entities by optimizing the process of formulating and executing budgets and the transparency of information.

These three objectives require comment. If PREPA and PRASA are exempted from Board supervision, how is it going to establish the reforms needed for economic growth and competitiveness of PR? Is this objective precisely what the Executive in PR’s constitution supposed to do? Isn’t budget formulation a duty of both the Executive (Art. IV, section 4, paragraph 8 “He shall present to the Legislative Assembly, at the beginning of each regular session, a message concerning the affairs of the Commonwealth and a report concerning the state of the Treasury of Puerto Rico and the proposed expenditures for the ensuing fiscal year. Said report shall contain the information necessary for the formulation of a program of legislation” and of the Legislature (Art. III, section 17). Although delegation of the Executive power has been deemed constitutional, Domínguez Castro v. ELA, 178 D.P.R. 1, 49 (2010), it was in the context of reviewable decisions. Inasmuch as we see the law has no provision for judicial review, its constitutionality is highly questionable. In addition, a 5-year plan can be replaced by the incoming legislature. Hence, this part of Article 208 raises Constitutional questions.

Article 208 gives the Board will have 30 days to review the Plan and if it complies with the three aforementioned requirements, it will be approved. If not approved, it will be sent back to the Working Group, which will have 20 days to review it and make changes and sent to the Board again. Once it is approved by the Board, it will be submitted to the Governor by the Working Group and if approved by him it will become an Executive Order and the plan will be known as “The Economic and Fiscal Development Plan”. Those areas that require legislative action will be submitted to the Legislature. If the Working Group thinks the plan must be amended, it shall be submitted again to the Board for approval. Since an Economic and Fiscal Development plan that includes issues of the budget has to be started in the House, Article III, section 17, it seems to me that this procedure for the creation of the Plan circumvents the Legislature and deprives it of the powers it has been specifically conferred by the Constitution and hence of dubious constitutionality.

Article 210 calls for a the Treasury Department to present reports to the Board within 30 days of the end of each trimester of the Fiscal Year and the Board shall evaluate if each Overseen Entity has complied with the Plan or adjust the budgets. In the case of the Public Corporations, this will be done by its Governing Board. If the Fiscal Supervision Board does approves the reports, then 15% of the 2.5% of its budget which has been retained will be released, then 20% etc. In other words, 2.5% of each agency’s budget is sequestered to guarantee compliance with this law. In law 66, however, a similar process was done and several agencies, including the GDB and Treasury did not comply and no sanctions were imposed by the Office of Management and Budget, which is the entity who will have the reserved budget. An Overseen Entity can request reconsideration of the Board’s findings but there is no procedure to have these decisions reviewed by a Court system which creates the Constitutional tensions I mention above. In addition, it deprives the Legislature of the power to control the budget, also in conflict with the Constitution.

In synthesis, there are several sections of the Board law that create constitutional conflicts. In addition, it creates a totally new bureaucracy to the tune of at least $12,000,000 a year, with no governmental controls and partial immunity from suit. This is a recipe for fiscal irresponsibility and the squander of our very limited public funds to do the job that Constitutionally belongs to the Governor and legislatively to the Office of Budget and Management. Far from providing certainty and confidence to the investors, this is more of what has brought PR to its knees, governmental irresponsibility and dissipation.