En el día hoy, el amigo Benjamín Torres Gotay dice en su columna dominical que “[n]o hay mucha gente seria que crea que la deuda es pagable en su totalidad en los términos actuales, o que se pueda hacer sin que implique descomunales sacrificios para el ciudadano común.” Creo que el Dr. Carlos Colón de Armas, el Dr. Elías Gutierrez, Dr. José M. Saldaña y este servidor, para dar ejemplos, si creemos que se puede pagar la deuda sin “descomunales sacrificios”. Esto sin mencionar los continuos insultos que el Gobernador profiere contra aquellos que desenmascaramos las mentiras en sus agendas e informes. Demos, pues, un vistazo a la alternativa del impago.
PR necesita desesperadamente inversión. ¿Cuantos invertirían en un territorio que no cumple con sus deudas? Más aún, si hiciéramos como Ecuador, que hizo una Comisión (como la empuja el Representante Natal) para determinar que deuda es legítima y cual es odiosa ésta nación libre y soberana no pudo ir al Mercado por 7 años. PR tiene un terrible problema de flujo de caja, ver Conway & MacKenzie Commonwealth of Puerto Rico Liquidity Update, del cual poco ha salido en prensa, a la página 11. Ha llegado al extremo de canibalizar las pocas corporaciones públicas para allegar fondos. No ha podido emitir deuda de $2.9 billones a pesar de una garantía/gravamen de la crudita y la AAA tampoco ha podido flotar una modesta emisión de $750 millones, en parte por la soberana estupidez de los abogados del Gobierno en su solicitud de certiorari al Supremo Federal sobre la quiebra criolla decir que la AEE, la AAA y Carreteras no pueden pagar su deuda actual. ¿Como va el Gobierno de PR operar por 7 años sin préstamos puente? ¿Cómo podrán terminarse los múltiples proyectos de la AAA, inconclusos por el malgasto de sus fondos? ¿Cómo se podrá terminar el Supertubo, tan criticado y ahora tan necesario?
Más aún, la negociación de la AEE nos ha tomado más de 1 año y a pesar de los reclamos del Gobierno, no ha terminado. Se acordó con los “odiados” fondos buitres, el 35% de los bonistas, un acuerdo que ya ha sido harto criticado como insuficiente, y falta el otro 65%. Recordemos también que durante este periodo la AEE pago sus deudas. Lo cual nos lleva al próximo asunto: ¿Impagará el Gobierno alguna de sus deudas mayores para demostrar su incapacidad? El Informe de Conway MacKenzie nos dice que en diciembre de 2015 habrá un déficit de caja de $733 millones y de $520 millones en enero, o sea $1,253 millones de déficit en esos dos meses. Al mismo tiempo, PR tiene que pagar $1,299 millones entre esos dos mismos meses, incluyendo $332 millones en GO’s que están protegidos por la Constitución. Si PR impaga, lo demandarán en la corte estatal o federal y perderá. Recordemos que la Constitución provee una causa de acción contra el Secretario de Hacienda para obligarlo a pagar, ver Artículo VI, sección 2 .
El Secretario de Hacienda podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable la Sección 8 de este Artículo VI mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagarés emitidos en evidencia de la misma.
Otro punto del cual difiero totalmente es cuando Torres Gotay indica que hay “retirados que invirtieron de buena fe en el Gobierno y merecen su pago total. Pero fallaron. Seguramente porque fueron mal orientados, pero invirtieron mal. Todo el que tiene dos ojos de frente, sabe hace años que la supuesta prosperidad de Puerto Rico en la que invertían era una fantasía.” Varios puntos salientes; ¿hace cuantos años se sabe que la bonanza de PR era fantasía? ¿Bajo Sila, Aníbal y Fortuño? ¿Y los que invirtieron antes de eso, eran ciegos? Recordemos además que un inversor prudente y razonable usa las casas acreditadoras y los mercados para hacer sus inversiones. Es solo en agosto de 2013 que los mercados abandonaron a PR a raíz de la quiebra de Detroit y luego lo hicieron las acreditadoras. Es bien fácil decir hoy día que esto se sabía cuando hace dos años no era la realidad del Mercado. No solo eso, recordemos que alrededor de 30% de los bonistas son de PR. ¿Cual será el impacto sobre estos retirados si PR impaga? ¿Y se protege a los empleados del ELA pero no a los retirados?
Más aún, a las Cooperativas el Gobierno de PR las convenció de invertir en sus bonos. Ahora mismo estas tienen $1,100 millones en bonos de PR y alrededor de 30 de ellas, según COSSEC, están en problemas económicos. ¿Cual va a ser el impacto en la economía de PR si estas impagan. COSSEC solo tiene $268 millones para cubrir los depósitos de los socios y cero dinero para los accionistas. Esto podría ser un golpe mortal a un sector exitoso de la maltrecha economía Boricua.
Cabe señalar que el informe de Conway MacKenzie también dice, aunque no explica como, que PR podrá pagar esa deuda en diciembre/enero pero insiste en un déficit en junio de sobre $500 millones y PR tiene que pagar sobre $1,900 millones, incluyendo $780 millones en GO’s en julio de 2016. Mismo problema. Y como indiqué anteriormente, los bonistas, antes estas pérdidas demandarán y ganarán. Contrario al escenario que presenta el Gobierno, esto no será litigación de años. Debido a su importancia, el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de PR moverán las controversias con rapidez para darle seguridad a todos.
Otro punto importante es que el informe de Conway MacKenzie, a la página 45, nos dice que para el año 2018, el Retiro de los Empleados del ELA estará en negativo. El resultado de esto es que el Gobierno tendrá que buscar alrededor de $1,500 millones adicionales para pagar a los retirados, los cuales tienen un derecho constitucional al pago, ver Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987). Algo parecido ocurre con el Retiro de Maestros, página 46, que también se agota en el 2018 y habría que pagar poco más de $700 millones anuales. Y recordemos que aunque el Gobernador “reformó” el retiro del ELA, no ha hecho la contribución adicional que se suponía hiciera, página 44.
Más aún, el “Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan” el cual bauticé en el programa radial El Azote como “Una Porquería”, depende de que la Legislatura apruebe varias medidas de reforma laboral, que aunque necesarias, tienen cero oportunidades en la Cámara donde varios legisladores de mayoría han negado su apoyo. Más aún, esta porquería depende en gran medida que el Congreso elimine la aplicación del la Ley Jones a PR, de paridad en fondos Medicaid/Medicare, permita el congelamiento por 10 años de cualquier aumento al salario mínimo, la aplicación del Capítulo 9 del Código de Quiebras a la isla, etc. Esto no es más que un wish list sumado a la carta a Santa Claus. Not going to happen.
En vez de esta porquería, el Gobierno debería estar reduciendo sus más de 100 agencias, reduciendo los gastos de publicidad y los gastos en asesores financieros, por mencionar unos cuantos. Se habla sobre reducir agencias pero esto toma tiempo en el mejor de los casos y no lo vemos ocurrir. Otra medida a corto plazo que deben considerar es reducir la jornada laboral a cuatro días, de ser necesario.
Como nos han indicado los economistas Colón de Armas y Gutierrez, el problema no es uno de recaudos, sino de gasto. Entre 2006 y 2014, a los puertorriqueños se nos han aumentado los impuestos por los diferentes gobiernos en $12,000 millones, ver página 20 del libro de Gustavo Vélez, El Ultimo Tarjetazo: De la Chatarra a la Oportunidad, 2015. Así que ya los boricuas estamos incurriendo en “descomunales sacrificios” y lo que falta con la entrada en vigor del IVU a los servicios profesionales.
En síntesis, el plan del Gobierno es una porquería y el impago que sugiere la columna de Torres Gotay sería mucho peor que simplemente la austeridad que sugerimos los que queremos que se pague la deuda. Todos hemos hecho ajustes menos el Gobierno. Que lo haga también.
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