Leyes Inservibles

LAS OPINIONES Y LA AEE

                                                                        Opinions are like asses, everybody has one”

La Primera Enmienda a la Constitución de los USA entrona el derecho a la libre expresión. Incluida entre ellas está el de la opinión incorrecta. El problema es que los políticos boricuas y sus secuaces llevan este derecho a la exageración. Ejemplo de ello son dos columnas en Metro de Juan Manuel Frontera, Vice-Presidente de Proyecto Dignidad y Jesús Manuel Ortiz del PPD.

El señor Frontera, dice en su columna lo siguiente:

Aquí hay que tener algo claro, los bonistas no ven en la AEE la fuente de repago para su acreencia. Actualmente la AEE son cables, torres, postes y plantas generatrices que no llega ni a cubrir una tercera parte de la deuda. En cualquier proceso de quiebra de cualquier corporación los acreedores cobran de los bienes de la corporación. Si le prestas a una corporación, quien paga es la corporación. No obstante, estos bonistas no les interesa cobrar de los bienes de la AEE, sino que les interesa cobrar de los clientes de la AEE, esto es, los bolsillos de la familia puertorriqueña.

Desgraciadamente, esto lo que demuestra es total ignorancia del Título III de PROMESA y lo que son los bonos de la AEE. Estos bonos, en mi opinión, son non-recourse bonds, lo cual quiere decir que se cobran de la tarifa que pagan los abonados de la AEE. Más aún, la Junta va a litigar un caso para demostrar que esa es la única fuente de repago porque así los bonistas no tendrían control de los haberes de la AEE, la generación, distribución y transmisión. Además, hablar de quiebras en general es incorrecto ya que el Título III está basado en el Capítulo 9 de la ley de Quiebras, que es uno sui generis donde se hace claro que es diferente a los demás capítulos. Por lo tanto, los bonistas no pueden cobrar como quiere el Sr. Frontea. La diferencia mayor, como traté de explicar en Twitter a una Doctora en Historia que me porfiaba el punto, en Capítulo 9 y el Título III, NO HAY LIQUIDACIÓN como el Capítulo 7 de Quiebras. Por lo tanto, las elucubraciones mentales del Sr. Frontera carecen de base en la realidad.

El Representante Jesús Manuel Ortiz, a quien aprecio y distingo, culpa a Pierluisi por la oferta de la Junta en julio de 2022 a los bonistas de $23 por abonado a 35 años. Aparte que esa es la oferta de la Junta y por la secretividad de la mediación no sabemos cual era la posición de AFFAF sobre ello, ¿en serio alguien cree que llegar a un acuerdo con los bonistas, fuel line lenders, el Retiro de la AEE, la Utier y los Acreedores no Asegurados no va a forzar un aumento en la tarifa de electricidad? Llevamos 8 años sin pagar el principal de los bonos de la AEE y 6 años sin pagar un centavo. Obvio que se va a aumentar, la pregunta es cuanto.

El Representante, quien es también abogado de reciente cuño, argumenta que Pierluisi se alía con la Junta el vetar el PC 1383 y que este hubiera resuelto nuestros problemas con la AEE al imponer límites al plan de ajuste. Yo hice una reseña del PC 1383 y detalle porque era contrario a PROMESA y la Junta lo detendría. Ver aquí.  Solo para que se entienda lo risible del PC 1383, imponía un límite de 20 centavos por kilovatio hora, cosa que ni existe en este momento. Como digo frecuentemente, los legisladores piensan que con legislar pueden cambiar la realidad.

El tema de la AEE es uno complicado y en nada abona la “opiniones” que son claramente fuera de la realidad e ignoran los entuertos legales que existen. Antes de hablar y publicar, estudien.

BIG BROTHER IS WATCHING

Esta frase sacada de una de las obras maestras de ese gran (y hasta cierto punto olvidado) intelectual ingles, George Orwell, en 1984, ha resurgido con la tecnología y las redes sociales. Ahora resulta que la Oficina del Contralor Electoral esta vigilando las redes sociales para obtener información para multar a aquellos servidores públicos electos o aspirantes a elección que violen la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y Reglamentos.

El artículo de ENDI pone este monitoreo en una luz positiva, como aquellos que salvaguardan la integridad de las campañas políticas. Sin embargo, para mi es un arma peligrosa en las manos de cualquier Gobierno, especialmente el Boricua con sus tendencias autoritarias. Debemos recordar que la Ley para Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas fue puesta en vigor para el año 2011, luego de haber sido decidido el caso de Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010)(los PAC y Super PAC)  y a pesar de esto estaba en claro conflicto con la decisión del Supremo Federal bajo la Primera Enmienda. Así lo determinó el Primer Circuito en Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, et als. v. Fortuño, 699 F.3d 1 (1st Cir. 2012) .  De igual manera, partes de esta ley están en claro conflicto con la decisión del Supremo Federal en McCutcheon v. FEC, de abril de 2014 donde se declaró inconstitucional los límites agregados a contribuciones políticas. Estando la Ley en claro conflicto con dos casos del Supremo Federal de Primera Enmienda, más vale que el Gobierno sea cauteloso en sus “investigaciones”.

Debemos añadir que en  USA se está cuestionando el poder de los patronos en utilizar las redes sociales para castigar a sus empleados .  ¿Cuanto más debemos limitar ese poder al Estado? En mi visión, mucho más. Como dijo el Juez Roberts en la pág. 20 de McCutcheon, citándose a sí mismo en Federal Election Comm’n v. Wisconsin Right to Life, 551 U. S. 449, 457 (2007):

The line between quid pro quo corruption and general influence may seem vague at times, but the distinction must be respected in order to safeguard basic First Amendment rights. In addition, “[i]n drawing that line, the First Amendment requires us to err on the side of protecting political speech rather than suppressing it.”

Finalmente, este poder gubernamental se puede ejercer arbitrariamente. El mismo artículo de ENDI menciona que se multó al ex representante Eric Correa, PNP, más no así al alcalde PPD Marcos Cruz Molina por violaciones similares. Esta práctica de espiar a los políticos y aspirantes a políticos no augura nada bueno.

MAS ACTOS INSERVIBLES DE LA LEGISLATURA

 

El 6 de junio de 2014 se radico la Resolución de la Cámara 998 “[p]ara ordenar a la Comisión de Lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la legalidad y legitimación jurídica de la transacción que llevó a la empresa financiera Doral Bank a reclamar un reembolso de $229.8 millones al Departamento de Hacienda por concepto del acuerdo por un sobrepago de impuestos entre el 2000 y el 2014, así como otras acciones y determinaciones de dicha agencia y relacionadas con dicha transacción, sin limitarse e incluyendo actuaciones, solicitudes o determinaciones de funcionarios públicos antes, durante y después de la referida transacción.”

 

El presupuesto del 2013-14 esta descuadrado por más de $300 millones y el de 2014-15 por casi un billón. La legislatura insiste en menoscabar los contratos de empleados gubernamentales y de las corporaciones públicas y ni hablar del PC 545. ¿Por que investigar algo que llegó a los Tribunales y será resuelto allí, como los padres de la Constitución determinara que se hiciera? ¿Que mueve a nuestros legisladores a esto? ¿Será que quieren crear una distracción de los desastres de la economía o quizás minar las determinaciones futuras de los Tribunales? ¿O quizás es el preámbulo de otras acciones gubernamentales abusando de los derechos constitucionales de la oposición? Lo único que se es que esto de nada servirá.