PREGUNTAS QUE NADIE HACE
Durante el pasado mes, varias noticias han surgido con poco o ningún comentario sobre lo que es realmente importante de las mismas. Por ejemplo, esta semana vi un tweet del Profesor Gary Gutiérrez indicando que el monitor federal fue impuesto y por ello no hubo insumo de la Comisión de Derechos Civiles. El comentario viniendo de una persona que respeto mucho, me lleva a escribir estas líneas.
El acuerdo de la Policía de Puerto Rico con el Departamento de Justicia Federal fue firmado este verano pero pocos se han percatado de algo. La Policía de Puerto Rico tendrá que hacer múltiples cambios a sus políticas sobre ascensos, supervisión, uso de fuerza violenta, registros y allanamientos, anti-discrimen, entrenamientos, quejas y agravios de ciudadanos, etc. Estos cambios serán generados por la Unidad de Reforma de la Policía, revisados y aprobados por el Departamento de Justicia Federal y el monitor. Si alguno objeta, hay que cambiarlos y si no se llega a un acuerdo, el Juez Gelpí decidirá.
Ni la Comisión de Derechos Civiles, ni la ACLU, ni el Colegio de Abogados ni ningún grupo cívico o comunitario tendrá insumo alguno en estos cambios a las políticas y procedimientos policiales que serán implementados pero que serán usados contra ellos. Más aún, ni la Comisión de Derechos Civiles, ni la ACLU ni el Colegio de Abogados ni nadie ha solicitado intervenir en el caso y pedido revisar los futuros cambios antes de que entre en vigor. En otras palabras, los federales decidirán.
Otro punto que toda la prensa ignora es que en este momento, el gobierno de Alejandro García Padilla expandió el acuerdo con Fiscalía Federal de llevar ciertos casos de drogas y armas a esa jurisdicción. Esto quiere decir que los casos investigados por la Policía de PR en 9 de las 13 regiones policiales (69.2%) serán juzgados en la Corte Federal. Ya que los policías son puertorriqueños, muchos de los fiscales federales son puertorriqueños, incluyendo un contingente de fiscales del ELA, esto sólo quiere decir que García Padilla no confía en los tribunales de PR. Así mismo, casi el 70% de los casos criminales de mayor relevancia que normalmente se verían en el Tribunal de Primera Instancia, van a ir al Tribunal Federal. Y nadie ha dicho palabra, ni la prensa, ni el Colegio de Abogados ni nadie, tal vez por que nadie quiere aceptar la cruda realidad.
El Securities and Exchange Commission ha estado investigando las transacciones de diferentes entidades con los bonos del ELA. Lo hacen para ver la legalidad de las mismas y para asegurarse de la solidez de las entidades en caso de una crisis como la degradación de los bonos o peor aún, el impago por el ELA. ¿Alguien había escuchado esto en el pasado? Yo no. Y si no nos informa la prensa norteamericana, ni nos enteramos.
Durante este mes CITI y The Economist ambos han llamado a la intervención del gobierno federal en los bonos de PR. Ayer, Triet Nguyen, socio administrador de Axios Advisors LLC, publicó en MuniNet Guide un resumen del Conference Call del GBD con los bonistas. Allí se presentaron tres opiniones legales que los fondos designados para el pago de los bonos de COFINA no eran parte de los fondos disponibles para el pago de los GO conforme a la Constitución de PR. Las tres opiniones están disponibles en el portal del GBD. Pero lo interesante del artículo es que nuevamente mencionan la utilidad de una organización para manejar las finanzas de PR. El autor menciona el New York Municipal Assistance Corporation (MAC), creada en 1975 por el estado de New York para proveer acceso a la ciudad a financiación cuando los mercados le cerraron las puertas. La pregunta obligada es ¿quién podría crear y financiar algo así y que controles habría? Respuesta, solo el Congreso de USA puede hacerlo y determinar sus funciones. La Comisión Financiera de Washington DC sigue dando vueltas por ahí.
Siguiendo con la tónica de los bonistas, este pasado 1ro de noviembre de 2013, los maestros hicieron una marcha en protesta del intento del gobierno de cambiar su retiro. Los felicito por su esfuerzo, pero ha sido en vano. Durante el “Conference Call” del 15 de octubre, el gobierno de PR le informó a los bonistas que el retiro de maestros iba a ser reformado de forma similar al de los empleados públicos. El retirazo es inevitable y los maestros no tienen derecho a la huelga. Si lo hicieran, el gobierno podría solicitar un injunction para que regresen a trabajar y si no lo hacen, los pueden despedir. Recordemos a Ronald Reagan y los controladores aéreos.
La Junta de Planificación admitió que el pronóstico de Hacienda de un crecimiento de la economía de .2% era demasiado optimista y cambió el pronóstico a una contracción de .8%. Esto no es sorpresa para nadie que vive la cruda realidad de nuestra isla pero ese no es el problema. El problema es que las proyecciones de recaudos de Hacienda se basaron en un crecimiento de .2%. La pregunta es ¿que pasa ahora con la contracción? Obviamente Hacienda no va a recaudar lo que predijo que iba a recaudar, lo que ya sabíamos. Lo realmente importante es que las casas acreditaras y los bonista ahora se van a dar cuenta. El chatarrazo es casi inevitable. Y nadie dice nada.
Finalmente, esta semana se celebra un año del voto más importante de la historia de PR. Por primera vez una mayoría rechazó el ELA y aprobó la estadidad. Sin embargo, el gobierno de AGP nada ha hecho sobre ello, arguyendo burdamente que el ELA no estaba en la papeleta. El Presidente Obama, por el otro lado, en un desesperado intento por mantener el estatus quo, quiere otro plebiscito que probablemente incluya al ELA. Pedro Pierluisi insiste en su HR 2000 pero a pesar de tener casi 100 co-auspiciadores, no se ha movido y no se ha radicado su proyecto paralelo en el Senado. La colonia agoniza pero el PNP no parece estar inclinado a darle el golpe de gracia. Recae sobre los buenos estadistas el seguir la lucha. Celebremos el miércoles 6 de noviembre en San Juan.
s/John E. Mudd
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