PR Bankruptcy

LAS OPINIONES Y LA AEE

                                                                        Opinions are like asses, everybody has one”

La Primera Enmienda a la Constitución de los USA entrona el derecho a la libre expresión. Incluida entre ellas está el de la opinión incorrecta. El problema es que los políticos boricuas y sus secuaces llevan este derecho a la exageración. Ejemplo de ello son dos columnas en Metro de Juan Manuel Frontera, Vice-Presidente de Proyecto Dignidad y Jesús Manuel Ortiz del PPD.

El señor Frontera, dice en su columna lo siguiente:

Aquí hay que tener algo claro, los bonistas no ven en la AEE la fuente de repago para su acreencia. Actualmente la AEE son cables, torres, postes y plantas generatrices que no llega ni a cubrir una tercera parte de la deuda. En cualquier proceso de quiebra de cualquier corporación los acreedores cobran de los bienes de la corporación. Si le prestas a una corporación, quien paga es la corporación. No obstante, estos bonistas no les interesa cobrar de los bienes de la AEE, sino que les interesa cobrar de los clientes de la AEE, esto es, los bolsillos de la familia puertorriqueña.

Desgraciadamente, esto lo que demuestra es total ignorancia del Título III de PROMESA y lo que son los bonos de la AEE. Estos bonos, en mi opinión, son non-recourse bonds, lo cual quiere decir que se cobran de la tarifa que pagan los abonados de la AEE. Más aún, la Junta va a litigar un caso para demostrar que esa es la única fuente de repago porque así los bonistas no tendrían control de los haberes de la AEE, la generación, distribución y transmisión. Además, hablar de quiebras en general es incorrecto ya que el Título III está basado en el Capítulo 9 de la ley de Quiebras, que es uno sui generis donde se hace claro que es diferente a los demás capítulos. Por lo tanto, los bonistas no pueden cobrar como quiere el Sr. Frontea. La diferencia mayor, como traté de explicar en Twitter a una Doctora en Historia que me porfiaba el punto, en Capítulo 9 y el Título III, NO HAY LIQUIDACIÓN como el Capítulo 7 de Quiebras. Por lo tanto, las elucubraciones mentales del Sr. Frontera carecen de base en la realidad.

El Representante Jesús Manuel Ortiz, a quien aprecio y distingo, culpa a Pierluisi por la oferta de la Junta en julio de 2022 a los bonistas de $23 por abonado a 35 años. Aparte que esa es la oferta de la Junta y por la secretividad de la mediación no sabemos cual era la posición de AFFAF sobre ello, ¿en serio alguien cree que llegar a un acuerdo con los bonistas, fuel line lenders, el Retiro de la AEE, la Utier y los Acreedores no Asegurados no va a forzar un aumento en la tarifa de electricidad? Llevamos 8 años sin pagar el principal de los bonos de la AEE y 6 años sin pagar un centavo. Obvio que se va a aumentar, la pregunta es cuanto.

El Representante, quien es también abogado de reciente cuño, argumenta que Pierluisi se alía con la Junta el vetar el PC 1383 y que este hubiera resuelto nuestros problemas con la AEE al imponer límites al plan de ajuste. Yo hice una reseña del PC 1383 y detalle porque era contrario a PROMESA y la Junta lo detendría. Ver aquí.  Solo para que se entienda lo risible del PC 1383, imponía un límite de 20 centavos por kilovatio hora, cosa que ni existe en este momento. Como digo frecuentemente, los legisladores piensan que con legislar pueden cambiar la realidad.

El tema de la AEE es uno complicado y en nada abona la “opiniones” que son claramente fuera de la realidad e ignoran los entuertos legales que existen. Antes de hablar y publicar, estudien.

WANDA STRIKES BACK

 

 

”All politics are local.” Thomas “Tip” O’Neill

 

For several weeks now, the Board has admonished the  Commonwealth stating that some of the laws it has approved violate  PROMESA in some way. It also informs the Commonwealth that these laws are not in effect. Although the Commonwealth knows that pursuant to PROMESA and Judge Swain’s decision of April 15, 2020 on Law 29, the Board must go to the Federal District Court in order to invalidate any law, on June 12, 2020, it filed not one but SIX complaints against the agency. In essence, the six complaints argue that the  Board’s actions are  “unreasonable from a public policy standpoint” but if not checked, “the  people of Puerto Rico will be disenfranchised because their local elected Government will be stripped of its policy making powers.” Although they are six complaints having to do with six different local laws, the legal argument is the same; the Commonwealth explained in compliance with PROMESA section 204 why these laws did not “substantially inconsistent with the fiscal plan.” Obviously, the Board did not agree.

 

What will happen now? After the proper briefing, the Court will likely dismiss these cases, probably sometime after August 9. In the law 29 case, decided on April 15, 2020, Judge Swain discussed the process for the certifications by the Commonwealth of laws that are not inconsistent with the Fiscal Plan. She decided that the Board’s decision was reviewable but that the standard of review is to be the deferential “arbitrary and capricious” standard used to review federal agencies’ interpretation of its own laws. PROMESA does not define what evidence is sufficient for the Board to be convinced that a particular law is not “substantially inconsistent with the Fiscal Plan” and she will give great deference to the Board’s interpretation. Since I was not privy to the evidence the Commonwealth presented to the Board, I cannot comment on it, but it seems likely Swain will side with the Board. Moreover, we must remember that in the Aurelius SCOTUS decision, Judge Breyer stated at page 17 “[i]n short, the Board possesses considerable power—in­cluding the authority to substitute its own judgment for the considered judgment of the Governor and other elected offi­cials.” Since that is precisely what the Board is  doing here, likelihood of success for the Commonwealth is not high. If so, why file not one but six complaints? I will explain.

I have the highest regard for Peter Friedman, the  Commonwealth’s attorney, who successfully opposed the appointment of Mr. Zamot as CEO of PREPA. He, as all attorneys, however, is bound by his client’s desires and as long as the proper warnings are issued, it is totally ethical to continue with a case that is not likely to succeed. The Governor’s motivations, however, are quite different. She has been a petty and supercilious politician all of her career in the Government. She, as all PR politicians, believe that the voter wants them to oppose the Board and since in the past she had been quoted as cooperating, this is, in her view, a necessary change. Also, the challenged laws are populistic in nature and she wants to be able to claim she tried her utmost to have them put into effect, but the evil Board” prevented her. Since Judge Swain is not likely to decide the issues before August 9, the day of the PNP primaries, she can claim the high ground against Pedro Pierluisi who, irrespective of what he says, is viewed as pro-Board and is (or was) related to one of its members. Also, if she were to win the PNP nomination, even if Judge Swain dismisses the complaints before the November election, she will appeal and still claim the high ground.

 

The sad part of this is that the Puertorrican taxpayer will pay the Commonwealth and the Board’s lawyers in these SIX CASES, money better put to use in other, more important endeavors. But that is the way the Puertorrican politicians operate.

That is why we are in Bankruptcy.

 

Let’s see what happens.

 

 

 

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.