PREPA

LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA Y LAS COOPERATIVAS

Desde hace meses se ha especulado sobre cuanta de la deuda pública de PR esta en manos boricuas. He escuchado desde tan bajo como 25% hasta tan alto como 50%. Irrespectivo del porciento, lo que es innegable es la falta de acción de esos bonistas locales, sean institucionales o individuales, para participar en las negociaciones de la AEE o de las obligaciones del gobierno central. Según el Nuevo Día, las cooperativas al fin se dieron cuenta de la crisis y están buscando abogados y asesores financieros en preparación de lo que viene.

Es imperativo que se entienda que un impago de cualquier bono de PR va a afectar adversamente a las cooperativas. En el caso de la AEE, esta exige una moratoria por 5 años y que durante este periodo, el porciento de interés se reduzca a 1%. O sea, que por 5 años, los bonistas no van a recibir ingreso de esa fuente. Como indica Bond Buyer, citando a Triet Nguyen, uno de los mejores analistas financieros en USA y muy conocedor de la situación Boricua, esta táctica de moratoria permea la negociación de la isla. Además, se nos indica que la negociación la lleva a cabo no Melba Acosta si no Millstein & Co., con su director ejecutivo Jim Millstein y la firma de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Un impago de PR podría llevar a la insolvencia de alguna de las cooperativas, dependiendo del tamaño y extensión del impago. Los depósitos de los cooperativistas de las de ahorro y crédito están asegurados hasta $250,000 por la Corporación para la Supervisión y los Seguros de las Cooperativas, mejor conocida como COSSEC. Pero nuevamente, esta es parte del Gobierno de PR que esta, a todas luces, insolvente y pone en duda la capacidad de poder proveer la liquidez que los cooperativistas necesitan. Excepto para las cooperativas federales, no existe entidad de USA que las aseguren.

Además de todo esto, existe la posibilidad de los directores y oficiales de las cooperativas sean responsables bajo diferentes teorías legales por la compra de deuda del Gobierno de PR, especialmente aquella reciente y sin fuente de repago, como la del Banco Gubernamental de Fomento (47% del total de la deuda que tienen las cooperativas según el Nuevo Día).

Es importante notar que de ser necesario acudir a los Tribunales, las cooperativas y sus dueños carecen de la diversidad de ciudadanía necesaria para ir al Tribunal Federal y tendrán que ir al Tribunal de Primera Instancia. Para eso necesitan abogados locales diestros en el asunto financiero, de los que no hay muchos. Por ende, contraten el abogado pronto para poder intervenir en cualquier negociación de forma efectiva.

LA COMISION DE ENERGIA Y CAMBIO EN LA TARIFA

El viernes 29 de mayo de 2015, la Comisión de Energía de PR emitió un First Order on Rate Case Proceeding. En la misma indica que “the Commission initiates this proceeding to establish just and reasonable rates to be charged by PREPA. This order directs PREPA to file a request for new rates consistent with the requirements of this order and with the rate filing regulation to be issued by the Commission in the near future.” Pag. 1 del First Order.

El problema es que todo esto es contrario a lo que la ley 57-2014 claramente indica. El artículo 6.25 de la misma establece, inter alia, lo siguiente:

“(b) Revisión Inicial de Tarifas.- Las tarifas vigentes a la fecha de aprobación de la Ley de Transformación y ALIVIO Energético seguirán vigentes hasta que las mismas sean

revisadas por la Comisión de conformidad con las disposiciones de esta Ley. El primer

proceso de revisión de tarifas deberá comenzar no más tarde de ciento ochenta (180) días luego de aprobada esta Ley y culminará no más tarde de seis (6) meses de comenzado dicho proceso. Para llevar a cabo dicho proceso, la Autoridad tendrá el peso de la prueba de demostrar que la tarifa eléctrica es justa y razonable.”

Si sacamos la cuenta, la ley fue aprobada el 25 de mayo de 2014 y los 180 días se vencieron el 21 de noviembre de 2014, pero el proceso que habla en la sección anterior no comenzó hasta que el 12 de febrero de 2015, solo 6 días después que la ley de quiebra criolla fuera declarada inconstitucional, es que la Junta emite una orden para “initiates an investigation to obtain necessary information on the operations and performance of PREPA, from the technical, administrative, financial, accounting and tax perspective to adequately carry out the Commission’s powers and duties, and to evaluate the existing rates of that electric company.” Pág. 2 de la orden. Más aún, este proceso de revisión de la tarifa se supone terminará el 21 de mayo de 2015 y ni siquiera ha comenzado en realidad como explico más adelante.

Claramente, esta orden del 12 de febrero es para dar cumplimiento, de forma tardía, a lo requerido por la sección 6.25(b) de la Ley 57-2014. Sin embargo, la Junta no ha hecho una determinación aún, de si la tarifa vigente en mayo de 2014 era “justa y razonable”. Es de mi conocimiento que esta orden de la Junta fue sujeta a objeciones de la AEE y que fue el Abril 24, 2015 que la Junta hizo su orden final, la cual tengo entendido se apeló al Tribunal Apelativo. De ser así y ya que no hay esa determinación de la Junta de que la tarifa actual es “justa y razonable” entiendo que es una actuación ultra vires el ordenar a la AEE a solicitar un revisión de tarifas ya que la sección 6.25(c) de la Ley 57-2014

“(c) Modificación a tarifa aprobada.- Todo proceso de solicitud para cambio en la tarifa

aprobada por la Comisión deberá presentarse ante la Comisión. La solicitud deberá

detallar las razones para el cambio, el efecto de dicha modificación en los ingresos y

gastos de la Autoridad, y cualquier otra información solicitada por la Comisión mediante

reglamento o solicitud. La Comisión podrá iniciar, motu proprio, o ante petición de la

Oficina Independiente de Protección al Consumidor o de cualquier otra parte interesada,

el proceso de la revisión de tarifas cuando sea en el mejor interés de los consumidores.”

Mi punto es que la forma que esta escrita la Ley 57-2014, primero la Junta tiene que establecer que la tarifa es “justa y razonable” y luego la AEE o la misma Junta pueden solicitar una revisión de la misma. La orden del 29 de mayo de 2015 pone la carreta antes que los caballos y podría resultar en una tarifa ilegal y contraria a derecho. En momentos en que el Pueblo no aguanta otra alza tarifaria, la Junta esta haciendo un flaco servicio a los electores al actuar de esta forma.

Miren el derroche de dinero en ésta Junta:  Contratos Junta de Energia Oficina del Contralor

LA AEE Y SU PLAN DE RESTRUCTURACION

El lunes 1ro de junio de 2015, la AEE tiene que entregar a los forbearing bondholders (60% de todos los bonistas y los bancos a quien se les debe casi $700 en líneas de crédito que se vencieron en julio de 2014) su plan de reestructuración. Ms. Lisa Donahue, la oficial de restructuración de la AEE, dijo durante su testimonio en el Senado de PR que no se iba a revelar al público la información del mismo hasta que se llegara a un acuerdo con los bonistas.

Ayer, Reuters nos revela que el plan de reestructuración conlleva recortes para los bonistas, tales como la extensión de la maduración de los bonos, retraso en el pago de intereses, etc. Reuters también nos dice de las distintas visiones sobre esto de los bonistas.

“While creditors consider debt cuts off the table, some would be responsive to extending maturities or skipping interest payments in exchange for other protections and for the right to have a greater say in PREPA’s future through new investments, sources say.

Other creditors take a harder-line approach, demanding PREPA fix its problems through rate hikes for customers and cuts elsewhere. “They have a vision of shared pain, but the pain sharing seems to be by creditors, not pensions, not employees,” and not the island’s government, said one person in the discussions.

Creditors could have competing interests. Risk-minded hedge funds who buy debt at discounts may cut deals that net them profits. Insurers who guarantee the debt can be more motivated to enforce contractual terms.”

Tomemos esto por partes. Aparentemente los bonistas quieren ayudar a la AEE, obviamente para asegurar sus acreencias pero quieren también por decidir lo que se va a hacer. Claramente no quieren que se les recorte sus acreencias. En abril de 2015, un grupo capitaneado por Houlihan Lockey hizo una oferta a la AEE . El aspecto principal de la misma fue que la AEE asegurara que iba a pagar sus acreencias. Ms. Donahue rechazó la oferta. Aquí mi entrada al blog.

En segundo lugar, aparentemente la AEE no quiere recortar su matrícula de empleados ni compartir sacrificios. Si eso es así, no va a haber manera de llegar a un acuerdo. Todas las reestructuraciones conllevan sacrificios para todos.

En tercer lugar, hay muchas discrepancias entre los bonistas. Los hedge funds pueden soportar recortes pero los retirados que dependen de ese ingreso para sobrevivir en PR y USA no pueden aguantarlos. Esa discrepancia entre los bonistas puede lleva a que se rompa el Forbearance Agreement y todos corran al Tribunal con intereses encontrados. Parte de los bonos de la AEE están asegurados por compañías que son parte del acuerdo y no van a querer que se declaren los mismos en default. Por el otro lado, hay bancos a quienes se les debe $670 millones que quieren el pago ahora y que argumentan que tienen derecho a pago preferencial, lo que los bonistas niegan. Este sería otro litigio. En fin, los abogados cobrarán.

El Forbearance Agreement está pautado a terminar el 4 de junio de 2015 y el 1ro de julio la AEE tiene que hacer otro pago a bonistas de sobre $400 millones. El Trustee del Bonholder’s Agreement ya indicó que solo hay $236 millones en la cuenta para pagarlos. Si van a aparecer o no, resta por verse.

Me parece que la falta de transparencia de la AEE es preocupante. Cualquier acuerdo o la falta del mismo afectará a todos los puertorriqueños, especialmente si el acuerdo incluye una aumento de tarifa. Se le debe exigir a la AEE que revele ese informe al mismo tiempo que se lo entregue a los bonistas, pero se que solo ocurrirá si alguien lleva el asunto al Tribunal.