PROMESA

EL MUNDO REAL, LA JUNTA Y EL PLAN DE AJUSTE

La semana pasada Eva Prados y Juan Dalmau publicaron columnas sobre la Junta y el Plan de Ajuste que se ha presentado. En ambas los colegas rechazan el mismo y llaman a la Resistencia. Yo tengo mis problemas con el plan de ajuste de la Junta pero creo que la “información” que los colegas ponen en sus columnas debe ser escudriñada con cuidado.

Eva Prados nos dice que la Junta y el plan de ajuste “ponen en riesgo la calidad de vida de todas nuestras familias que residen en Puerto Rico y apoyarlo nos niega un futuro digno.” Obviamente no nos dice como ni que es un futuro digno pero eso es de esperarse. Prados continua diciendo que el Gobierno “demostró no tener dinero para pagar sus deudas.” FALSO.

La colega no nos dice que en la sección 301 de PROMESA incluye todas las secciones de la ley de quiebras federal que se incorporan en el Título III. Esta sección es muy similar a la sección 901 de Quiebras que hace lo mismo para el Capítulo 9 (la base del Título III de PROMESA). Uno de los puntos donde difiere es que en el Capítulo 9 se incluyó la sección 109. La sección 109(c) especifica que una municipalidad para ser elegible a quiebra tiene que estar insolvente. La sección 101(32)(c) nos define insolvencia y dice:

with reference to a municipality, financial condition such that the municipality is—

(i)generally not paying its debts as they become due unless such debts are the subject of a bona fide dispute; or

(ii) unable to pay its debts as they become due.

En el caso de Puerto Rico, esto nunca ocurrió. De hecho, a pesar de que el Gobernador García Padilla indicó en el Verano de 2015 que PR no podía pagar sus deudas, solo dejó de pagar unos bonos que dependían específicamente de que la legislatura les asignara fondos. Todas las demás deudas de bonos se estaban pagando y las otras, se pagaban con atrasos pero se pagaban. Más aún, desde julio 31 de 2017, la Junta supo de que PR tenía sobre $6 mil millones en 800 cuentas. Aquí mi columna sobre ello que contiene un enlace a los correo electrónicos que lo demuestran https://caribbeanbusiness.com/column-the-boards-feigned-attempt-at-transparency/ Así que el Gobierno NUNCA ha demostrado que no podía pagar sus deudas.

La colega sigue en su diatriba diciendo que el pago a los abogados y expertos “deja a la isla sin dinero en caja para cualquier emergencia.” Nuevamente, FALSO. En el plan fiscal de Puerto Rico, incluyendo su última versión de abril de 2021, a las páginas 57-58, https://drive.google.com/file/d/1reetKnfKsa1uR-A0u9l3FM6PfGamHCrx/view

se discute el plan de reserve de $130 millones anuales. No solo se ha usado este fondo de reserve en las emergencias del María y el Covid-19, es la única ocasión donde PR ha tenido un plan de reserva.

La Lcda. Prados critica el que los fondos buitres se beneficien del plan al haber comprador a descuento. Sin embargo, no nos dice que nada en la ley federal o de Puerto Rico prohíbe el hacerlo, amén, que es más fácil negociar descuentos con bonistas que compraron a descuento. Si compraron a 30 centavos y les descuentas el valor del bono a 60 centavos, el gana, es cierto, pero también el estado al conseguir ese descuento.

Prados continua con el asunto de la auditoría de la deuda. Yo llamo el reclamo una ñoñería y explico aquí porque. https://johnmuddlaw.net/2017/04/09/la-noneria-de-la-auditoria-de-la-deuda/ Parece que la colega cree que si comparece ante la Juez Swain e invoca la frase auditoría de la deuda, el caso de Título III se detiene mágicamente, si PEPE. Además, la colega olvida convenientemente que la Junta encargó a Kobre & Kim a hacer un informe sobre como se llegó a la deuda https://drive.google.com/file/d/19-lauVo3w9MPS03xYVe0SWhQin-Q6FEf/view Imagino que como tiene 608 páginas, no se lo leyó. Yo si y aunque no es lo que esperaba, si explica muchas cosas. El problema es que no señala el dedo diciendo que fulano y mengano irán presos, que creo que es lo que la colega quiere al igual que Juan Dalmau. Más adelante hablo sobre esto. Más aún, si una auditoria de la deuda señalara que alguna de ellas se emitió ilegalmente, hay que ir al Tribunal a demostrarlo. La colega nuevamente ignora los múltiples pleitos que la Junta ha radicado para invalidar varias emisiones. El problema es que cuando uno va a pleitear, uno puede ganar o puede perder y por ende usualmente (93% de los casos) se transigen. Eso es lo que la Junta ha hecho. El tratamiento de los bonos en el plan de ajuste. Si vemos las páginas 21-25 del Disclosure Statement, https://drive.google.com/file/d/1DKrgKJRlX3diO01qzEElWEqnMvpwnGx8/view los bonistas recuperan entre 10% hasta un 77.6%. Esto refleja el juicio de la Junta y los bonistas en cuanto a cuan probable era el ganar sus demandas. En contraste bajo el Artículo VI, sección 8 de la Constitución del ELA, habría que pagar el 100% de la deuda publica antes de pagar otro renglón.

La colega menciona “estudios importantes” sin mencionar cuales son diciendo que había que bajar la deuda de un 85% a 95%. Aparte del hecho que ninguno de estos estudios ha sido presentado a la Juez Swain en el record, la verdadera pregunta es como se logra esto bajo es sistema legal boricua o estadounidense. Eva Prados no lo menciona porque no existe forma legal de hacerlo. Parafraseando a Otto Von Bismark “[law] is the art of the possible, the attainable — the art of the next best” El machetear un descuento de tal naturaleza como el que ella menciona es contrario al derecho y “the rule of law”, vital para el desarrollo de cualquier sociedad https://johnmuddlaw.net/category/caso-doral/page/4/

La colega continua denunciando el recorte a las pensiones e insiste en que se vote en contra del plan de ajuste. Como el colega Juan Dalmau insiste en los mismo, lo discutiré luego de alizar su columna.

Juan Dalmau, a quien distingo y aprecio, escribe una columna titulada Pueblo v. Junta. Concuerdo con el que la Junta es un organismo antidemocrático pero fue creado porque nuestros políticos y los que los elegimos (incluyéndome a mi), endeudaron al gobierno. El colega se queja de lo que se le paga a la Junta y sugiere que la Legislatura no les pague. El problema es que como la sección 107 de PROMESA establece que PR pagará su presupuesto, si la Legislatura hiciera eso, la Junta correría a donde la Juez Swain y se declarará la ley contraria a PROMESA y sin efecto. Además, si no se pone en el presupuesto, la Junta lo pondrá y lo impondrá como hizo de 2017-2020. Más aún, si el Gobierno se niega a llevarlo a cabo, la Junta le pide a Swain el control de las cuentas del Gobierno y ya. Such is life in the tropics and then you die.

 

Además, no estoy de acuerdo con Juan cuando dice que la “Junta ha sido incapaz de favorecer al país.” La Junta permitió al Gobierno de PR pagar las pensiones en 100%, no pagar los bonos garantizados por la Constitución, no ha requerido recortes de personal y ha aumentado los gastos gubernamentales. Esa es la realidad. Concuerdo con el que la raíz del problema es el estatus pero nada puede hacer la Junta sobre ello.

Difiero de que la “deuda pública se incurrió para sostener la imagen del gobierno federal cuando ya la situación del país hacía insostenible la relación colonial.” La deuda pública que se dispara del 2001-2014 fue producto del deseo malsano de los gobiernos de turno de que su gobernadora fuera reelecto, dándole a ciertos grupos prebendas inmerecidas. Esto incluye a los amigos del alma y los sagrados pobres.

Su propuesta de “[d]eclarar que la deuda pública es impagable, y cesar de inmediato todo pago proyectado, hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades que les representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como parte de un acuerdo mayor de indemnización y Desarrollo económico libre de toda tutela colonial.” Quimeras nada más. El Gobierno federal no nos va a dar un Plan Marshall en compensación por el coloniaje y pretender que luego de 4 años de litigo y negociaciones los acreedores accedan a esta burda propuesta es soñar con pajaritos preñados. Más aún, ya el plan de ajuste de COFINA fue aprobado y es una orden de un Juez Federal que tiene que acatarse.

Finalmente, Juan nos dice que se debe “crear un ente independiente para investigar y encausar civil y criminalmente a los que en el gobierno de Puerto Rico comprometieron fiscalmente al país.” Yo concuerdo que se debió haber hecho PERO el término prescriptivo de 5 años ya pasó y civilmente entiendo que bajo el antiguo Artículo 1802 también. Claro, a menos que echemos a un lado todas las garantías constitucionales que tanto les gustan a mis colegas cuando les conviene.

Finalmente, el votar en contra del plan de ajuste sirve de muy poco. Aunque normalmente un caso de quiebra necesita que todas las clases voten a favor del plan, la Junta ha hecho claro que este va a ser un caso de “cramdown”, queriendo decir que la le pedirán a la Juez que acepte el plan a pesar de las objeciones. Esto se hace bajo el 11 U.S.C. § 1129 y la sección 314 de PROMESA. Con una aceptación de bonistas y muchos otros acreedores, hay altas probabilidades de que se apruebe.

Pero, ¿que pasa si no se aprueba el plan de ajuste? La sección 930 de quiebras nos dice que si no se puede aprobar el plan de ajuste, la quiebra se desestima. Sin el stay de PROMESA, los acreedores cobrarían el 100% o cerca de ello. ¿Es eso lo que los colegas quieren?

THE NEW, NEW, NEW (FOURTH OR FIFTH) PLAN OF ADJUSTMENT

            On June 30, 2021, the Financial Oversight and Management Board filed its 4th (or 5th) Plan of Adjustment and Disclosure Statement. Although it has received no press in PR, this is significant for several reasons. Not only is it longer by 141 pages but it also has points of interest.

            In the section entitled Conditions Precedent to the Effective Date, the new disclosure statement and plan state as to conditions precedent to the effective date:

(xvii) Provide that neither the Governor nor the Legislature shall enact, adopt, or implement any law, rule, regulation, or policy that impedes, financially or otherwise, consummation and implementation of the transactions contemplated by the Plan; and

(xviii) Provide that the Governor and the Legislature, individually and jointly, as appropriate, shall take any and all actions necessary to consummate the transactions contemplated by the Plan.

This language was pointed out by AAFAF in its reservation of rights as to the latest plan. Their point, and a valid one, is that this condition precedent seems to imply that Judge Swain, by approving the plan, is ordering the Commonwealth to legislate the necessary legislation to effectuate the plan, which would include legislation for the issuance of new bonds. Problem is, that nowhere in PROMESA is it specifically spelled out that Judge Swain has that power.

Obviously this new language is precipitated by AAFAF’s own objection to the previous plan, where it said that the Board did not explain how it would get around the Legislature’s refusal to legislate if the plan included pension cuts. The Board, upped the ante by specifying what it implied with requesting an order pursuant to Section 305 of  PROMESA. To this controversy we have to add the Board’s complaint to invalidate law 7-2021, which it says is contrary to PROMESA for it includes a plan of adjustment where bondholders receive less and the Legislature prohibits the Government from supporting a plan that includes pension cuts. Since the case was filed last Friday, it will not be decided by the time the disclosure statement approval hearing is held on July 13, 2021.

This is nothing short of a mess. The Legislature has challenged the Board, saying it will not approve legislation if the plan of adjustment includes pension cuts, which it does, modest as they may be. AAFAF warned the Board of this, requiring an explanation of how it would deal with it and the Board did just that. It is an open question, in my opinion, whether Judge Swain would agree to order the Government and Legislature to enact the legislation or to otherwise waive the requirement of said legislation. If she does not, however, the plan cannot be confirmed and pursuant to 11 U.S.C. § 930, the Title III would be dismissed. The question is whether the Government or Legislature is willing to risk said dismissal.

I am sure the Governor would not risk it but the Legislature is not controlled by his party. The House is in the hands of the Popular Democratic Party and has a plurality in the Senate. Both Legislative presidents have, in my opinion, an eye on their party’s candidacy for Governor. Hence, it is entirely possible that they could, with the battle cry of “No Cuts to Pensions” let the Title III be dismissed and blame the Governor.

On the other hand, will Judge Swain let 5 years of PROMESA go down the tubes because of party politics? Your guess is as good as mine.

DIMES Y DIRETES EN PROMESA

El día 15 de junio de 2021 era el último día para objetar a la información que presentó la Junta en el Disclosure Statement que presentó. Este documento se rige bajo el 11 U.S.C. § 1125 y requiere que contnga “adequate information”, la cual se define así:

“adequate information” means information of a kind, and in sufficient detail, as far as is reasonably practicable in light of the nature and history of the debtor and the condition of the debtor’s books and records, including a discussion of the potential material Federal tax consequences of the plan to the debtor, any successor to the debtor, and a hypothetical investor typical of the holders of claims or interests in the case, that would enable such a hypothetical investor of the relevant class to make an informed judgment about the plan, but adequate information need not include such information about any other possible or proposed plan and in determining whether a disclosure statement provides adequate information, the court shall consider the complexity of the case, the benefit of additional information to creditors and other parties in interest, and the cost of providing additional information.

El disclosure statement y el plan constan de sobre 2,200 paginas, más un best interest analysis presentado a última hora. A pesar del corto tiempo disponible, varias entidades como mi cliente, Servicios Integrales en la Montaña, el Comité de Acreedores no Asegurados y la aseguradora Ambac, radicaron mociones cuestionando la falta de información del documento.

Sorpresivamente, AAFAF radicó una objeción al mismo argullendo que la Junta no había explicado adecuadamente como iba a aprobar el plan si la Legislatura no iba a favorecer legislación que el mismo requería. La Junta dijo en el Disclosure Statement que no era seguro que la Legislatura la aprobará y si era así acudiría al Tribunal bajo la sección 305 de PROMESA que prohíbe al mismo interferir con la propiedad y poderes del deudor sin la autorización de la Junta.

El miércoles 16 de julio se celebró la vista Omnibus de PROMESA y durante la misma se le pide a la Junta dar un informe, el cual ya se había radicado. Sorpresivamente, la Juez Swain, luego que la Junta dijo que no tenía nada que añadir nada al informe, dijo que iba a señalar algo. Dijo que ya que la Junta seguía que era obvio que este no era un plan consensual y no iba a permitir el enviar las papeletas para votar por el plan (si no se envían las papeletas, el plan no se puede aprobar) a menos que la Juez Houser, jefa del grupo de mediadores, certifique unos días antes de la vista del 13 de julio de 2021 que las partes han negociado de buena y de no ser así, quien no lo ha hecho. Esto podría interpretarse que la Juez Swain quiere que las diferencias entre la Junta y el Gobierno de PR se resuelvan, cosa poco probable ya que la Junta se ha mantenido firme en el recorte a las pensiones y el Gobierno en su oposición al más mínimo cambio a las mismas. Lo cual trae varias preguntas.

¿Está dispuesto el Gobierno de Puerto Rico a arriesgar la desestimación del Título III por defender a ultranza la pensiones? ¿Estará la Juez Swain dispuesta a ignorar o invalidar selectivamente la ley de Puerto Rio que requiere legislación  para la aprobación de nuevas emisiones de bonos? ¿Si la Juez Swain aprueba el plan de ajuste como esta, lo pondrá en vigor el Gobierno o nuevamente tomará la defensa a ultranza de las pensiones? ¿Si la Junta transa y elimina el recorte a las pensiones, lo aceptará la Juez Swain? ¿Si la Juez Swain aceptará este cambio, exigirá más cambios la Legislatura como la cancelación del contrato de LUMA?

Yo no tengo las respuestas pero entiendo que sus implicaciones tienen gran importancia, máxime que la prensa no ha reportado nada de esto.