Puerto Rico

FALTA MUCHO POR RECORRER DESPUES DE AURELIUS

El Editorial del Nuevo Día de hoy domingo 7 de junio https://www.elnuevodia.com/opinion/editoriales/eldesafiofiscalestaenlacanchadepuertorico-editorial-2573918/  celebra la decisión del SCOTUS sobre los nombramientos de la Junta como si esto diera punto final a esa controversia. Esto es no ver el árbol por el bosque.

La Utier tiene un pleito en el Primer Circuito donde cuestiona PROMESA bajo la 13ava Enmienda (esclavitud), la 15ava Enmienda (derecho al voto por raza) y algunos tratados internacionales. La Juez Swain desestimó el caso, no en los méritos si no insólitamente diciendo que ni la Utier ni las personas que allí demandaban tenían standing para cuestionar nuestra  relación con los USA. Me parece factible que el Primer Circuito revoque esta cuestionable decisión y ordene a la Juez Swain a decidir en los méritos. Yo no creo que la demanda tenga muchas probabilidades de éxito pero esta aún vigente en apelación.

Más factible es el reciente (26 de mayo del corriente) cuestionamiento de Ambac de la Constitucionalidad del Título III de PROMESA por violar la cláusula de uniformidad de la Constitución Federal. A esta demanda se le ha dado muy poca publicidad en la prensa Boricua, a pesar de que existe jurisprudencia como Railway Labor Executives Ass’n v. Gibbons, 455 U.S. 457 (1982) que indica precisamente eso y además dice que el Congreso no puede utilizar otras secciones de la Constitución que le otorgan poderes para legislar para así evitar ese requisito de uniformidad. Aunque es poco probable que la Juez Swain acepte el argumento, como de igual forma no acepto lo de Aurelius y otros casos donde ha sido revocada, el Primer Circuito si lo pudiese hacer.

Además, el hecho que el SCOTUS haya validado los nombramientos de la Junta, no quiere decir que no pueda haber cambios. El Presidente Trump tiene que seguir PROMESA para el renombramiento de los miembros, lo cual quiere decir nombres provistos por la minoría y mayoría de la Cámara y el Senado. La composición de la primera ha cambiado sustancialmente y puede que no sean los mismos. Eso añadiría incertidumbre al proceso de reestructuración que esta detenida hasta por lo menos el 15 de julio de 2020 debido a la crisis del Covid-19. De tener éxito este cuestionamiento, todo lo hecho por la Junta hasta el momento, al igual que la Junta, se consideraría inexistente. Ver Sección 3 de PROMESA.

En adición, en algún momento el caso del ELA tiene que reactivarse lo cual conlleva una vista sobre el disclosures statement, votación sobre el plan de ajuste y vista de varios días sobre si se aprueba el mismo. La Junta ha dicho en varias ocasiones que el caso será uno de “cramdown”, queriendo decir que aunque no todas las clases voten a favor del plan, si una si lo aprueba y se dan los factores del 11 U.S.C. § 1129 y la § 314(b) de PROMESA, la Juez puede imponer el Plan. Eso tiene varios problemas en este momento. AAFAF y el Unsecured Creditors Committee están en récord pidiéndole a la Junta que cambie el Plan de Ajuste y el Wall Street Journal indicó en un artículo que la Junta se inclinaba a esto. El problema es que el 60% de los dueños de acreencias del ELA, mayormente bonistas, estaban de acuerdo e ir a donde ellos a decirles, tienes que aceptar menos, es bien difícil y podría afectar cualquier cramdown. La 11 U.S.C. § 930 establece que de no poder aprobarse el plan de ajuste, la quiebra se desestima. ¿Entonces que?

El caso de la AEE es peor aún. La aprobación de la transacción con los bonistas se pospuso hasta nuevo aviso y el 31 de julio, AAFAF tiene que reportar que van a hacer. Ya que este acuerdo va a ser la base del Plan de Ajuste de la AEE, esta transacción es crucial para la transformación de la agencia y sin esta transformación va a ser BIEN DIFICIL el atraer capital a PR.

Otro factor que nadie menciona es que existe una apelación en el caso de COFINA que podría cambiar totalmente ese plan de ajuste. El Primer Circuito aún no ha escuchado el argumento oral y hasta entonces no tendremos ni siquiera un atisbo de lo que pueda pasar pero la revocación es siempre posible. De ser así, habría que ver si habrá un nuevo plan de ajuste en COFINA.

Finalmente, si algo podemos ver de las cartas de Natalie Jaresko a la Legislatura y la Gobernadora es que estos siguen insistiendo en que ellos son los que mandan, como se evidencia por las múltiples medidas populistas que ambas han seguido y que la Junta objeta. La realidad es que nuestros políticos no quieren aceptar las limitaciones que PROMESA les impone y quieren hacernos creer que es “business as usual”.

Aún de aprobarse un plan de ajuste por la Juez Swain para el ELA, eso es solo el primer paso. La Junta esta tratando de hacer los cambios necesarios para reformar el Gobierno pero los políticos se resisten. Además del Gobierno Central, resta una verdadera reforma de los municipios, que la Junta esta poco a poco fraguando, lo cual conllevaría como mínimo, consolidación de funciones el consorcio, algo que se ha discutido extensamente pero no se ha adoptado extensamente. Otra posibilidad es la consolidación de municipios, deseado por el Pueblo pero resistido a brazo Partido por los políticos.

En otras palabras, la decisión de Aurelius solo resuelve uno de los muchos cuestionamientos que hay en el caso. Hay mucho terreno que recorrer con escollos en todas partes.    

JUEZ TORRUELLA Y VAELLO

 

 

El día 10 de abril de 2020, Viernes Santo, se publica la opinión del Primer Circuito en US v. Vaello, sobre la aplicación del  Supplemental Social Security (SSI) a Puerto Rico. En ese caso, el Sr. Vaello recibió el SSI, el cual  se concede a las personas mayores de 65 años, retirados y de  bajos recursos,  pero solo en  los estados y en  Northern Marianas.  El Sr. Vaello se muda a PR y 3 años más tarde se entera de que no podía recibir el  SSI si era residente del ELA.  Los USA deciden demandarlo por  poco más de $28,000 por el dinero que recibió de más.  Vaello, que no tenia  abogado, iba a firmar una estipulación para pagar la cantidad cuando el Juez Gelpí decide nombrarle abogado. Estos letrados  cuestionan las acciones de USA, que se de cuenta de su error de relaciones públicas y trata de desestimar el caso. El Juez Gelpí,  sin embargo, no lo permitió y determinó que el Congreso, al discriminar contra PR y no extender el SSI, violaba la Igual Protección de las leyes de la Constitución Federal.  USA apeló al  Primer Circuito aquí trataré de explicar lo que se decide.

 

El Juez Torruella comienza diciendo:

 

This appeal raises a fundamental question of constitutional law requiring us to consider the equal protection component of the Fifth Amendment as it applies to the residents of Puerto Rico.1 Specifically, Appellee claims that the exclusion of Puerto Rico residents from receiving the disability benefits that are granted to persons residing in the fifty States, the District of Columbia, and the Northern Mariana Islands under the Supplemental Security Income (SSI) provisions of Title XVI of the Social Security Act, 42 U.S.C. §§ 1381-1383(f), contravenes the equal protection guarantees of the Fifth Amendment.

 

Lo primero que llama la atención es el análisis se hace bajo la 5ta Enmienda y no bajo el usual dicho que de que la Igual Protección aplica bajo una o la otra.  ¿Por qué es importante? Porque los enemigos de la estadidad explotaban eso para alardear que el ELA era algo especial. NOT ANYMORE.

 

Otro punto importante es que el Juez Torruella hace el análisis del caso bajo el escrutinio de “rational basis” que es el más fácil para declarar válida una ley. A la página 12, el Juez explica:

 

Equal protection does not “require a legislature to articulate its reasons for enacting a statute,” and the “conceived reason[s]” put forth in support of the statute in litigation do not need to be the same as those that “actually motivated the legislature.” (quoting FCC v. Beach Commercial, Inc., 508 U.S. 307, 315 (1993)

 

Otros abogados, yo incluido, argumentábamos  que se debía examinar esta controversia bajo el escrutinio estricto. Food for thought.

 

Torruella a la página 13 discute la exclusión de PR del SSI y dice:

 

Here, the classification subject to challenge can be defined as: individuals who meet all the eligibility criteria for SSI except for their residency in Puerto Rico. This classification is clearly irrelevant to the stated purpose of the program, which is to provide cash assistance to the nation’s financially needy elderly, disabled, or blind. See Moreno, 413 U.S. at 534. Therefore, if we are to sustain this classification, it “must rationally further some legitimate governmental interest other than those specifically stated in the congressional [statement of purpose.]”

 

Para llevar a cabo su análisis, el Juez Torruella discute los casos de Califano v. Torres, 435 U.S. 1 (1978) y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). Interesantemente, el Juez Torruella fue el juez a nivel de distrito en el caso de Califano, fallando en contra del gobierno. Harris lo decidió el Juez Toledo. El Juez Torruella al hacer su análisis nos dice a la página 15-16:

 

Califano is an opinion in which the footnotes are almost as important as its main text. Commencing with footnote four,  a major distinction becomes apparent between the holding in Califano and the present case. The present case challenges the disparate treatment of the residents of Puerto Rico on equal protection grounds, while Califano was decided on issues related to the right to travel. Although the complaint in Califano alleged an equal protection claim, as is clearly reflected by its opinion, the three-judge district court decided the case strictly on issues related to the fundamental constitutional right to travel, Gautier Torres, 426 F. Supp. at 1108, 1110, 1113, a holding the Supreme Court recognized in footnote four. Califano, 435 U.S. at 3 n.4; see Harris, 446 U.S. at 654-655 (Marshall, J., dissenting) (“[T]he District Court relied entirely on the right to travel, and therefore no equal protection question was before this Court. The Court merely referred to the equal protection claim briefly in a footnote . . . . At most, [this is] reading[] more into that single footnote of dictum [in Califano] than it deserves.” (citation omitted) (emphasis supplied)). As acknowledged by the Court, and vigorously endorsed by Justice Marshall in his dissent in Harris, there was no equal protection question before the Court in Califano. See Harris, 446 U.S. at 654-655 (Marshall, J., dissenting). (underlining added)

 

Esta distinción es de gran importancia. En esencia indica que Califano nunca tocó el argumento de Igual Protección y por ende no es un precedente obligatorio. Subsiguientemente, el Juez Torruella habla de Harris y dice a la página 18:

 

What should be patently clear is that the Court ruled in Califano on the validity of SSI’s treatment of the persons residing in Puerto Rico, as affected by the right to travel, while in Harris it was called to pass upon differential treatment of block grants under the AFDC program in light of the equal protection component of the Fifth Amendment. Contrary to Appellant’s contention, the Court has never ruled on the validity of alleged discriminatory treatment of Puerto Rico residents as required by the SSI program under the prism of equal protection. (Underlining added)

 

A la misma página, nota 8, el Tribunal menciona que considera persuasiva la opinión del Juez Young en Martínez v. Azar, 376 F.Supp.3d 191 (D.P.R. 2019) de que en Califano y Harris se usa la conjunción “and” cuando se menciona los tres factores para justificar la decisión. O sea, que los factores son en conjunto y no individualmente sostendrían la conclusión.

 

Más adelante a la página 19, el Juez continúa diciendo “[w]e  do not view Califano and Harris as a carte blanche for all federal direct assistance programs to discriminate against Puerto Rico residents. There still must be a rational justification for the classification.”

 Esta oración tiene grandes implicaciones para otros casos que cuestionan otros programas federales, incluyendo uno en el que estoy envuelto.

 

En la página 20, el Juez continua con el análisis de los dos casos seminales, diciendo, “[a]dditionally, there are several other reasons why Califano and Harris are not precisely on point. Today, Appellant makes no claim that granting ‘greater [SSI] benefits [to Puerto Rico residents at this time] could disrupt the economy.” Harris, 446 U.S. at 652.’”

Esto es importante porque en otros casos el Gobierno Federal no ha renunciado a ese argumento. Hay también una interesante explicación del mal llamado “economic disruption” a la nota 10, página 21-22, haciendo referencia directa a la creación de la Junta.

 

Siguiendo en la página 23, el Juez indica:

 

Therefore, considering the dubious nature of this once accepted rationale, we are relieved that we are not called upon to decipher it and note its abandonment only as an additional factor that weakens the relevance of Califano and Harris for this appeal. In fact, if anything, the former Court’s acceptance of this now defunct argument and citation to “a contemporary policy evaluation document” — the 1976 Report — sets us up to consider the present day circumstances surrounding Puerto Rico’s exclusion from SSI and whether the current classification is unrelated to a legitimate government interest.

 

Como indiqué, esto es importante para los casos presentes y futuros que cuestionan el discrimen del Congreso con Puerto Rico. De hecho, a la página 26, nota 13, el Juez indica que se puede argumentar que existe una correlación entre la falta de paridad en los programas federales y la crisis fiscal de la isla.

 

El Juez discute el asunto del pago de impuestos federales por los residentes de PR y nos dice a las páginas 26-28:

 

The residents of Puerto Rico not only make substantial contributions to the federal treasury, but in fact have consistently made them in higher amounts than taxpayers in at least six states, as well as the territory of the Northern Mariana Islands. From 1998 up until 2006, when Puerto Rico was hit by its present economic recession, Puerto Rico consistently contributed more than $4 billion annually in federal taxes and impositions into the national fisc. See Internal Revenue Service, SOI Tax Stats – Gross Collections, by Type of Tax and State – IRS Data Book Table 5, available at https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-gross-collections-by-type-of-tax-and-state-irsdata-book-table-5 (last visited April 9, 2020). This is more than taxpayers in several of the states contributed, including Vermont, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Montana, and Alaska, as well as the Northern Mariana Islands. Id. Even since 2006 to the present, and notwithstanding monumental economic problems aggravated by catastrophic Hurricane María and serious ongoing earthquakes, Puerto Ricans continue to pay substantial sums into the federal treasury through the IRS: $3,443,334,000 in 2018; $3,393,432,000 in 2017; $3,479,709,000 in 2016; . . .$4,036,334,000 in 1998. Id. Puerto Rico’s contributions include the payment of federal income taxes by residents of Puerto Rico on income from sources outside Puerto Rico for which they are liable under the Internal Revenue Code, the regular payment of federal income taxes by all federal employees17 in Puerto Rico, 26 U.S.C. § 933, as well as the full Social Security, Medicare, and Unemployment Compensation taxes that are paid in the rest of the United States, see 26 U.S.C. §§ 3101, 3111, 3121(e), 3301, 3306(j). 18 That in 2018 the IRS collected approximately $3,443,334,000 from Puerto Rico taxpayers clearly undermines the contention that Puerto Rico residents do not contribute to the federal treasury. There should be little doubt that, to the extent that there may have been a basis for it when Califano and Harris were decided, the argument that Puerto Rico’s residents do not contribute to the federal treasury is no longer available.

 

El caso sigue la discusión legal sobre impuestos y a las páginas 31-33:

 

We are unaware of, and Appellant fails to point to, any instance where the government has justified the exclusion of a class of people from welfare payments (which are untied to income tax receipts) because they do not pay federal income tax. Cf. Zobel v. Williams, 457 U.S. 55, 63 (1982) (“Appellants’ reasoning would . . . permit the State to apportion all benefits and services according to the past tax [or intangible] contributions of its citizens. The Equal Protection Clause prohibits such an apportionment of state services.” (emphasis in original) (quoting Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618, 632-33 (1969))). As recognized by the Court in Shapiro, the sort of welfare benefits at issue here are distinguishable from federal insurance programs, like Social Security Disability Insurance, which “may legitimately tie the amount of benefits [awarded] to the individual’s contributions.” 394 U.S. at 633 n.10.21 See H.R. Rep. No. 92-231, at 146-47 (1971) (“[C]ontributory social insurance should continue to be relied on as the basic means of replacing earnings that have been lost as a result of old age, disability, or blindness. But some people who because of age, disability, or blindness are not able to support themselves through work may receive relatively small social security benefits . . . [which] therefore, must be complemented by an effective assistance program.”). However, because SSI is a means-tested program, by its very terms, only low-income individuals lacking in monetary resources are eligible for the program. For example, as pointed out by Amicus Resident Commissioner of Puerto Rico, to be eligible in fiscal year 2015, an individual could not make more than $733 of countable income a month, or $1100 in the case of a couple.  Consequently, any individual eligible for SSI benefits almost by definition earns too little to be paying federal income taxes.23 Thus, the idea that one needs to earn their eligibility by the payment of federal income tax is antithetical to the entire premise of the program. How can it be rational for Congress to limit SSI benefits “to exclude populations that generally do not pay federal income taxes” when the very population those benefits target do not, as a general matter, pay federal income tax?

 

Luego el Juez Torruella discute el asunto del costo al fisco federal y a la página 37 dice:

 

In response to Appellee’s argument that if costs alone justify exclusion then “Congress could arbitrarily exclude the residents of any State or municipality to reduce cost,” Appellant concedes “there may be other constraints, legal or political, on Congress’s ability to enact a statute excluding residents of a particular State from a benefits program [but] that does not mean that cost to the public fisc is not itself a rational consideration.” What Appellant plainly fails to grapple with is that cost alone does not support differentiating individuals. If it did, how would Congress be able to decide upon whom to bestow benefits? Presumably along the lines of its legislative priorities which, at a minimum, must be supported by some conceivable rational explanation. The circularity of this logic defeats itself.

 

Finalmente, el Juez Torruella concluye diciendo a la página 45:

 

The categorical exclusion of otherwise eligible Puerto Rico residents from SSI is not rationally related to a legitimate government interest. In addition to the record established by the parties, we have considered even conceivable theoretical reasons for the differential treatment conceded by the government. Having found no set of facts, nor Appellant having alleged any additional theory, establishing a rational basis for the exclusion of Puerto Rico residents from SSI coverage, such exclusion of the residents of Puerto Rico is declared invalid.

 

¿Que pasa ahora? Los USA podrían pedir rehearing en banc para que los todos los  jueces activos vean el caso y probablemente lo haga. En el caso no hubo disidencias lo cual quiere  dicer que los tres  jueces están de acuerdo. Si los jueces lo deniegan o llegan al mismo resultado, entiendo que el Gobierno Federal acudirá al SCOTUS para un certiorari. El SCOTUS le concede el 26% de los certioraris a los federales. Veremos lo que ocurre.

 

¿Quiere esto decir que el Congreso no puede discriminar contra PR en asignación de fondos  federales? No automáticamente. Se tendrán que decidir casos ya corriendo y casos futuros que se puedan radicar pero es una decisión importantísima para PR.

 

May you live in interesting times.

LA INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO

Nuevamente el Gobierno demuestra su incompetencia. No sabe cómo manejar la  situación creada por los terremotos en el sur y se descubre un almacén con suministros que no se repartieron a las personas con necesidades refugiadas en esa región. ¿Desde cuándo el Gobierno es incompetente? Como yo lo veo, desde siempre. Esa patraña de que bajo el Gobierno de Muñoz todo funcionó no me lo trago. Desde la nacionalización de la generación y distribución de la energía eléctrica, sí la creación de la AEE en 1941, el Gobierno falla. Creo fábricas de cristal, cemento y cartón, pero no las supieron administrar y estaban en efecto insolventes, forzando su venta a intereses privados.

Para los años 50’s, se comenzaron a establecer petroquímicas en el sur, atraídos por las regulaciones del Departamento del Interior que los eximía del pago de arbitrios sobre el petróleo importado mientras estaban en PR. Las petroquímicas compraban el petróleo barato en Venezuela y lo procesaban para gasolina y otros combustibles para la venta en USA. Negocio redondo. Los idiotas del Gobierno no entendían que esto era una prebenda que dependía de los vaivenes de Washington y el suministro de petróleo y la AEE estableció la mayor parte de sus plantas de generación en el sur. Al eliminarse el impuesto al petróleo importado a raíz del embargo petrolero de 1973, la ventaja de impuestos de las petroquímicas se esfumo y la más grande, la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) se fue a la quiebra en 1973.

Durante esa época, la administración de Hernández Colón compró la Telefónica y  las Navieras, un gasto totalmente innecesario y se inventó la patraña de que se podía tomar prestado para cuadrar el presupuesto, creando la deuda extra constitucional, que es ilegal, pero hay que pagar. Las subsiguientes administraciones continuaron esta práctica.

Vino Romero Barceló y con él, las 936, que no trajeron crecimiento económico y solo enriquecieron a unos pocos. Luego de su eliminación, Sila y Aníbal aumentaron el gasto público y este último creo COFINA. Fortuño siguió tomando prestado al igual que Alejandro, a pesar del me vale. En el 2014 nos dijo que “salvamos las finanzas” luego de emitir $3.5 billones en bonos al altísimo 8% de interés. Un año después, todo compungido nos dice que PR no puede pagar sus deudas y fue a buscar dinero al Congreso y le dieron PROMESA. La teoría del pacto se fue a juste.

La administración de Ricardo Rosselló no se quedó atrás. Su incompetencia durante María, desde no aceptar los miles de muertos, prometer electricidad para todo PR en fechas imposibles y burlarse de los votantes. Eso sin contar el chat, las serias alegaciones contra su mujer y, en fin, todo su equipo de ladrones, canallas y traidores. GOOD RIDDANCE!

Vino Wanda Vázquez pregonando que no era política y resultó que no solo lo es si no que también es incompetente. Wanda Vázquez, ante la incapacidad del Gobierno de ayudar a los refugiados y el  escándalo del almacén de  Ponce, dice que heredó un gobierno como excusa  para su incompetencia. Su manifestación  ignora el  hecho  que  ella es parte del gobierno e interactuó con múltiples agencias para ayudar a los necesitados desde que fue Procuradora de la Mujer en la administración de Fortuño y Alejandro. Luego fue Secretaria de Justicia formando un escándalo con uno suministros del alcalde de Patillas que quedó en nada y rehusando investigar denuncias de acciones de la administración Rosselló. Ella tenia que saber de los suministros y si no lo sabia, desde que llegaron los refugiados tenia que haber preguntado que suministros, si alguno, tenia el Gobierno. No lo hizo y  por lo tanto demuestra su incompetencia crasa.

Más aún, los de manejo de emergencia, Dpto. de la Familia y toda agencia que tiene que ver con los refugiados en la sur tenia el deber de preguntarse “¿qué suministros tenemos disponibles? ¿qué necesitan los refugiados?” Todos fallaron. ¿Por qué? Porque el Gobierno de PR es incompetente y ni siquiera sabe cumplir con las funciones básicas de todo  gobierno, proteger a sus ciudadanos. Hace falta destruir el  Gobierno y  volverlo a hacer.  La pregunta es ¿quién le pone el cascabel al gato?