Ricardo Rossello

RICKY RENUNCIA, ¿Y ENTONCES QUÉ?

 

 

Existe un consenso en Puerto Rico que el Gobernador Rosselló debe renunciar. Existe un consenso que una vez el FBI arreste a sus allegados cercanos, i.e. Elías Sánchez y compañía, el Gobernador renunciará o será separado de su cargo por orden de  la Legislatura luego de un residenciamiento. Lo que nadie discute es qué pasa después.

 

Al no tener Secretario de Estado aprobado por ambas Cámaras, el próximo en sucesión bajo la ley es la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez. Sin embargo, ella no es aceptable a clase política ni a los que estudiamos sus actuaciones. Para dar ejemplos, nada ha hecho sobre el chat excepto nombrar personas para investigar. Además, ante el reportaje del CPI donde el Secretario de la Vivienda indica que Elías Sánchez trato de que el cambiara una decisión sobre una subasta que perdió su cliente,  algo que se confirmó luego en la radio, ella nada ha hecho. De ser cierto, esto viola el Artículo 261 del Código Penal, sobre influencia indebida. ¿Por qué Wanda Vázquez no entrevistó al funcionario, obtuvo declaración jurada y radicó cargos contra Elías  Sánchez y pide su extradición de Florida? Además, el reportaje del CPI indica que Teresita Fuentes, ex secretaria de Hacienda, denunció acciones delictivas de Raúl Maldonado de tener varias corporaciones a las cuales se le pagaba para dar citas a personas interesadas. De ser cierto, esto podría ser una violación del Artículo 259 del Código Penal (soborno).

 

Más aún, el mismo informe del CPI indica que el Secretario de la Vivienda y Teresita Fuentes, ambos informaron de esto al Gobernador Rosselló y nada hizo. De ser  cierto, esto podría ser violación de los Artículos 262 (Incumplimiento del Deber) y 263 (Negligencia en el Cumplimiento del Deber) del Código Penal. De ser así, esto se tendría que enviar con un informe al Panel de Fiscal Independiente. Wanda Vázquez nada ha hecho lo cual la hace candidata a un residenciamiento. Por cierto, el informe del Ilustre Colegio de Abogados no menciona el reportaje del CPI que si, en mi opinión, detalla claramente violaciones de ley del Gobernador. ¿Pero qué podemos esperar del Ilustre?

 

Volviendo a la renuncia o residenciamiento, quien quiera que sea Gobernador, Wanda Vázquez o el Secretario de Educación (el Secretario de Hacienda no podría servir ya que aunque es muy capacitado, no tiene los requisitos constitucionales para ser gobernador), la realidad es que el Gobierno sigue estando en las manos del PNP, quien tiene que correr el Gobierno por 17 meses más. Tiene que continuar con el Plan de Ajuste del ELA, con el asunto de las pensiones, tiene que convencer al Gobierno Federal que puede manejar los fondos federales si pillaje y devolverle la confianza al Pueblo. Como lo va a hacer es la pregunta.

 

Esto nos trae a otra interrogante; ¿cual va a ser el rol de la Junta? Esta ha estado silente ante los problemas del Gobernador pero dado todos los conflictos que ha habido entre ellos, deben estar cruzando los dedos para que se vaya. ¿Tendrá más poder ante un nuevo gobernante de legitimidad cuestionable? ¿Será la relación de mayor cooperación o simplemente más de lo mismo?

 

Esto nos lleva a otro importantísimo actor; el Congreso. ¿Habrá mayores controles legislados para el uso de fondos federales? ¿Le dará más poderes a la Junta o al Ejecutivo Federal para monitorear a Puerto Rico en el uso de fondos federales?

 

Dado lo anterior, no crean que la renuncia de Rosselló lo resuelve todo. Es solo el comienzo.

 

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LA CRISIS DE LAS INSTITUCIONES BORICUAS

En la semana pasada hemos visto una crisis sin precedentes en las instituciones boricuas. Arrestos de Julia Kelleher y Angie Ávila; la probabilidad de más arrestos por corrupción de figuras políticas.  Todavía tenemos el asunto de los empleados fantasmas de la Legislatura, investigaciones federales en la AEE, y la posibilidad de un Gran Jurado acusando a varias personas por el RICO Act en el Southern District of NY. Esto por si solo preocupa.

 

Pero además tenemos el Telegram Gate de los chicos de Rosselló. Al fin se filtró las 889 páginas del chat y lo que demuestra es que Puerto Rico ha sido gobernado por una partida de adolecentes mentales, inescrupulosos, homofóbicos y embriagados del poder. Para mi es más chocante aún ya que conozco personalmente a muchos de los envueltos. Eso no evitó que Christian Sobrino me llamara un “mamabiii”, Elías Sánchez me llamara un “mamatranca” y Ricardo Rosselló dijera que estoy “cray cray y just plain cray John” (el crazy/loco de los tontos millenials). LOL, todo esto de aquellos que pensé eran mis amigos. Los insultos no me preocupan,  ya que como decía mi primera esposa (RIP) Odette “solo ofende el que puede”, lo preocupante es que varios abogados a cargo de las riendas del territorio no pensaran que el chat podría salir a la luz pública. Esto no se cura con la renuncia de algunos de los implicados. El Gobernador TIENE que renunciar o la Cámara tiene que comenzar su residenciamiento.

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Aún más preocupante es la actitud de dos mujeres en posiciones importantes en PR. La Secretaria de Justicia esencialmente perdona al Gobernador e ignora el hecho que asuntos de política pública y estrategia se estuvieran comentando con Elías Sánchez, conocido cabildero. Su solución es el hacer un Comité para evaluar el chat. Aparte de que el nombrar un Comité es el equivalente burocrático de hacer nada, como han indicado varios abogados, esto se debe enviar al FEI, otra institución bien mancillada por actuaciones politiqueras. Para colmo de males, con la renuncia del Secretario de Estado Rivera Marín, Wanda Vázquez es la persona designada por ley para suceder al Gobernador si renuncia en este momento. Esto si que sería un desastre.

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Otra fémina que falta a su deber es la Procuradora de la Mujeres que ante las conversaciones pueriles de estos individuos dijo que no estaba llamada a inmiscuirse. Flaco servicio a las mujeres boricuas. Otra que debe renunciar.

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El chat revela las fortalezas y debilidades de otra importante y debilitada institución, la prensa Boricua. Durante la Conferencia de Prensa del Gobernador, las mayoría de las preguntas eran inconsecuentes y pueriles. Jay Fonseca brincaba y escribía preguntas que se tenían que hacer pero nadie las hacía y no era el único. Fue un triste espectáculo. Más aún, el chat revela lo que Sandra Rodríguez Cotto llama el Chayoteo, o sea, contubernio de la prensa con el gobernante. Muy pero que muy preocupante.

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No debemos olvidar que Anthony Maceira y Ricardo Llerandi estaban en el chat y aunque tal vez no exhibieron el mismo grade de adolescencia que los renunciantes, allí estaban y nada hicieron para cambiar el tono de la conversación. Peor aún, Maceira le negó a la prensa que estuviera allí y Llerandi se negó a disculparse por él mismo. Lo hizo más tarde, probablemente bajo la amenaza de que si no lo hacía, tendría que renunciar. El territorio no necesita de esta clase de “servidores públicos.”

 

Finalmente, el chat también revela lo que los asiduos a Twitter sabemos hace años: el gobierno de PR bajo ambos partidos pagan a personas por poner tweets y atacar personas. Yo fui victima de ello cuando Pierluisi era el Presidente del PNP y bajo la gobernación de Rosselló. Esta práctica tiene que ser  prohibida por ley.

 

¿Que podemos hacer? Seguir la encomienda bíblica de 1 Tesalonicenses 5:21

“Examinadlo todo, retened lo Bueno.”

 

JULY AND THE COMMONWEALTH PLAN OF ADJUSTMENT

 

 

During the June 12, 2019 Omnibus Hearing, Martin Bienestock informed Judge Swain that the Board would file the Commonwealth Plan of Adjustment. Since the Plan of Adjustment must be consistent with the Fiscal Plan, and the latter requires cuts to pensions, it is likely Governor Rosselló will oppose it. To this we must add that the Board filed an adversary proceeding against the Commonwealth to invalidate law 29-2019, which exempts municipalities from contributing to the pension funds and medical plans. The adversary proceeding also wants the Commonwealth to comply with the reporting requirements throughout PROMESA. The Governor has promised a vigorous defense.

 

Although PROMESA is silent on this issue, an opposition by the Commonwealth to its Plan of Adjustment does not abide well for it. In addition, GO bondholders will oppose since it severely cuts its “secured” credits. Moreover, although the Board sued to invalidate certain PBA and GO bonds, it now wants a stay on that litigation in order to process the Plan of Adjustment. Although this stay only benefits the Board, it is likely Judge Swain will grant it. Moreover,  from the glimpse we got from the Board when it announced its settlement with certain GO and PBA creditors, it seems unsecured creditors of the Commonwealth will receive ~ 9% of their claims. Since the Commonwealth is sitting in over $10 billions in deposits which no one has explained, it is a certainty that there will be myriad of complicated and arcane objections to the Plan of Adjustment even before it is voted upon.

 

We must also consider that the Rosselló Administration is facing close to a dozen investigations by the FBI and the Inspector General. If any of these investigations results in arrests of the administrations close collaborators or key politicians, will this affect the weight of its objections to the Plan of Adjustment? In any event, it seems plausible that the Rosselló administration wishes to postpone any approval of any Plan of Adjustment until after the elections of 2020 so not to receive any negative impact of said plan, including to start paying debt.

 

Moreover, on July 24, 2019, the First Circuit will hear oral arguments on the issue of Board recommendations being put in the Plan of Adjustment as an order and its implications for the budgets. Judge Swain sided with the Board and although I believe she will be upheld, you never know. If she is reversed, this would create havoc for the Plan of Adjustment. Also, on October 15, 2019, the Supreme Court of the United States will hear arguments on the constitutionality of the Board’s appointments. Normally the granting of the Board’s certiorari would weigh heavily on a reversal but the SCOTUS granted cert on ALL petitions. This means that the SCOTUS could determine that the Board was constitutionally appointed, could affirm the First Circuit decision or could decide the Board was unconstitutionally appointed and all of its actions were null and void. That would mean back to square one.

 

What does this all mean? That even if the Plan of Adjustment for the Commonwealth is filed this month, its approval would likely not be soon. There are too many imponderables at the present time.