#RickyMamabicho

EL MUNDO REAL, LA JUNTA Y EL PLAN DE AJUSTE

La semana pasada Eva Prados y Juan Dalmau publicaron columnas sobre la Junta y el Plan de Ajuste que se ha presentado. En ambas los colegas rechazan el mismo y llaman a la Resistencia. Yo tengo mis problemas con el plan de ajuste de la Junta pero creo que la “información” que los colegas ponen en sus columnas debe ser escudriñada con cuidado.

Eva Prados nos dice que la Junta y el plan de ajuste “ponen en riesgo la calidad de vida de todas nuestras familias que residen en Puerto Rico y apoyarlo nos niega un futuro digno.” Obviamente no nos dice como ni que es un futuro digno pero eso es de esperarse. Prados continua diciendo que el Gobierno “demostró no tener dinero para pagar sus deudas.” FALSO.

La colega no nos dice que en la sección 301 de PROMESA incluye todas las secciones de la ley de quiebras federal que se incorporan en el Título III. Esta sección es muy similar a la sección 901 de Quiebras que hace lo mismo para el Capítulo 9 (la base del Título III de PROMESA). Uno de los puntos donde difiere es que en el Capítulo 9 se incluyó la sección 109. La sección 109(c) especifica que una municipalidad para ser elegible a quiebra tiene que estar insolvente. La sección 101(32)(c) nos define insolvencia y dice:

with reference to a municipality, financial condition such that the municipality is—

(i)generally not paying its debts as they become due unless such debts are the subject of a bona fide dispute; or

(ii) unable to pay its debts as they become due.

En el caso de Puerto Rico, esto nunca ocurrió. De hecho, a pesar de que el Gobernador García Padilla indicó en el Verano de 2015 que PR no podía pagar sus deudas, solo dejó de pagar unos bonos que dependían específicamente de que la legislatura les asignara fondos. Todas las demás deudas de bonos se estaban pagando y las otras, se pagaban con atrasos pero se pagaban. Más aún, desde julio 31 de 2017, la Junta supo de que PR tenía sobre $6 mil millones en 800 cuentas. Aquí mi columna sobre ello que contiene un enlace a los correo electrónicos que lo demuestran https://caribbeanbusiness.com/column-the-boards-feigned-attempt-at-transparency/ Así que el Gobierno NUNCA ha demostrado que no podía pagar sus deudas.

La colega sigue en su diatriba diciendo que el pago a los abogados y expertos “deja a la isla sin dinero en caja para cualquier emergencia.” Nuevamente, FALSO. En el plan fiscal de Puerto Rico, incluyendo su última versión de abril de 2021, a las páginas 57-58, https://drive.google.com/file/d/1reetKnfKsa1uR-A0u9l3FM6PfGamHCrx/view

se discute el plan de reserve de $130 millones anuales. No solo se ha usado este fondo de reserve en las emergencias del María y el Covid-19, es la única ocasión donde PR ha tenido un plan de reserva.

La Lcda. Prados critica el que los fondos buitres se beneficien del plan al haber comprador a descuento. Sin embargo, no nos dice que nada en la ley federal o de Puerto Rico prohíbe el hacerlo, amén, que es más fácil negociar descuentos con bonistas que compraron a descuento. Si compraron a 30 centavos y les descuentas el valor del bono a 60 centavos, el gana, es cierto, pero también el estado al conseguir ese descuento.

Prados continua con el asunto de la auditoría de la deuda. Yo llamo el reclamo una ñoñería y explico aquí porque. https://johnmuddlaw.net/2017/04/09/la-noneria-de-la-auditoria-de-la-deuda/ Parece que la colega cree que si comparece ante la Juez Swain e invoca la frase auditoría de la deuda, el caso de Título III se detiene mágicamente, si PEPE. Además, la colega olvida convenientemente que la Junta encargó a Kobre & Kim a hacer un informe sobre como se llegó a la deuda https://drive.google.com/file/d/19-lauVo3w9MPS03xYVe0SWhQin-Q6FEf/view Imagino que como tiene 608 páginas, no se lo leyó. Yo si y aunque no es lo que esperaba, si explica muchas cosas. El problema es que no señala el dedo diciendo que fulano y mengano irán presos, que creo que es lo que la colega quiere al igual que Juan Dalmau. Más adelante hablo sobre esto. Más aún, si una auditoria de la deuda señalara que alguna de ellas se emitió ilegalmente, hay que ir al Tribunal a demostrarlo. La colega nuevamente ignora los múltiples pleitos que la Junta ha radicado para invalidar varias emisiones. El problema es que cuando uno va a pleitear, uno puede ganar o puede perder y por ende usualmente (93% de los casos) se transigen. Eso es lo que la Junta ha hecho. El tratamiento de los bonos en el plan de ajuste. Si vemos las páginas 21-25 del Disclosure Statement, https://drive.google.com/file/d/1DKrgKJRlX3diO01qzEElWEqnMvpwnGx8/view los bonistas recuperan entre 10% hasta un 77.6%. Esto refleja el juicio de la Junta y los bonistas en cuanto a cuan probable era el ganar sus demandas. En contraste bajo el Artículo VI, sección 8 de la Constitución del ELA, habría que pagar el 100% de la deuda publica antes de pagar otro renglón.

La colega menciona “estudios importantes” sin mencionar cuales son diciendo que había que bajar la deuda de un 85% a 95%. Aparte del hecho que ninguno de estos estudios ha sido presentado a la Juez Swain en el record, la verdadera pregunta es como se logra esto bajo es sistema legal boricua o estadounidense. Eva Prados no lo menciona porque no existe forma legal de hacerlo. Parafraseando a Otto Von Bismark “[law] is the art of the possible, the attainable — the art of the next best” El machetear un descuento de tal naturaleza como el que ella menciona es contrario al derecho y “the rule of law”, vital para el desarrollo de cualquier sociedad https://johnmuddlaw.net/category/caso-doral/page/4/

La colega continua denunciando el recorte a las pensiones e insiste en que se vote en contra del plan de ajuste. Como el colega Juan Dalmau insiste en los mismo, lo discutiré luego de alizar su columna.

Juan Dalmau, a quien distingo y aprecio, escribe una columna titulada Pueblo v. Junta. Concuerdo con el que la Junta es un organismo antidemocrático pero fue creado porque nuestros políticos y los que los elegimos (incluyéndome a mi), endeudaron al gobierno. El colega se queja de lo que se le paga a la Junta y sugiere que la Legislatura no les pague. El problema es que como la sección 107 de PROMESA establece que PR pagará su presupuesto, si la Legislatura hiciera eso, la Junta correría a donde la Juez Swain y se declarará la ley contraria a PROMESA y sin efecto. Además, si no se pone en el presupuesto, la Junta lo pondrá y lo impondrá como hizo de 2017-2020. Más aún, si el Gobierno se niega a llevarlo a cabo, la Junta le pide a Swain el control de las cuentas del Gobierno y ya. Such is life in the tropics and then you die.

 

Además, no estoy de acuerdo con Juan cuando dice que la “Junta ha sido incapaz de favorecer al país.” La Junta permitió al Gobierno de PR pagar las pensiones en 100%, no pagar los bonos garantizados por la Constitución, no ha requerido recortes de personal y ha aumentado los gastos gubernamentales. Esa es la realidad. Concuerdo con el que la raíz del problema es el estatus pero nada puede hacer la Junta sobre ello.

Difiero de que la “deuda pública se incurrió para sostener la imagen del gobierno federal cuando ya la situación del país hacía insostenible la relación colonial.” La deuda pública que se dispara del 2001-2014 fue producto del deseo malsano de los gobiernos de turno de que su gobernadora fuera reelecto, dándole a ciertos grupos prebendas inmerecidas. Esto incluye a los amigos del alma y los sagrados pobres.

Su propuesta de “[d]eclarar que la deuda pública es impagable, y cesar de inmediato todo pago proyectado, hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades que les representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como parte de un acuerdo mayor de indemnización y Desarrollo económico libre de toda tutela colonial.” Quimeras nada más. El Gobierno federal no nos va a dar un Plan Marshall en compensación por el coloniaje y pretender que luego de 4 años de litigo y negociaciones los acreedores accedan a esta burda propuesta es soñar con pajaritos preñados. Más aún, ya el plan de ajuste de COFINA fue aprobado y es una orden de un Juez Federal que tiene que acatarse.

Finalmente, Juan nos dice que se debe “crear un ente independiente para investigar y encausar civil y criminalmente a los que en el gobierno de Puerto Rico comprometieron fiscalmente al país.” Yo concuerdo que se debió haber hecho PERO el término prescriptivo de 5 años ya pasó y civilmente entiendo que bajo el antiguo Artículo 1802 también. Claro, a menos que echemos a un lado todas las garantías constitucionales que tanto les gustan a mis colegas cuando les conviene.

Finalmente, el votar en contra del plan de ajuste sirve de muy poco. Aunque normalmente un caso de quiebra necesita que todas las clases voten a favor del plan, la Junta ha hecho claro que este va a ser un caso de “cramdown”, queriendo decir que la le pedirán a la Juez que acepte el plan a pesar de las objeciones. Esto se hace bajo el 11 U.S.C. § 1129 y la sección 314 de PROMESA. Con una aceptación de bonistas y muchos otros acreedores, hay altas probabilidades de que se apruebe.

Pero, ¿que pasa si no se aprueba el plan de ajuste? La sección 930 de quiebras nos dice que si no se puede aprobar el plan de ajuste, la quiebra se desestima. Sin el stay de PROMESA, los acreedores cobrarían el 100% o cerca de ello. ¿Es eso lo que los colegas quieren?

LA INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO

Nuevamente el Gobierno demuestra su incompetencia. No sabe cómo manejar la  situación creada por los terremotos en el sur y se descubre un almacén con suministros que no se repartieron a las personas con necesidades refugiadas en esa región. ¿Desde cuándo el Gobierno es incompetente? Como yo lo veo, desde siempre. Esa patraña de que bajo el Gobierno de Muñoz todo funcionó no me lo trago. Desde la nacionalización de la generación y distribución de la energía eléctrica, sí la creación de la AEE en 1941, el Gobierno falla. Creo fábricas de cristal, cemento y cartón, pero no las supieron administrar y estaban en efecto insolventes, forzando su venta a intereses privados.

Para los años 50’s, se comenzaron a establecer petroquímicas en el sur, atraídos por las regulaciones del Departamento del Interior que los eximía del pago de arbitrios sobre el petróleo importado mientras estaban en PR. Las petroquímicas compraban el petróleo barato en Venezuela y lo procesaban para gasolina y otros combustibles para la venta en USA. Negocio redondo. Los idiotas del Gobierno no entendían que esto era una prebenda que dependía de los vaivenes de Washington y el suministro de petróleo y la AEE estableció la mayor parte de sus plantas de generación en el sur. Al eliminarse el impuesto al petróleo importado a raíz del embargo petrolero de 1973, la ventaja de impuestos de las petroquímicas se esfumo y la más grande, la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) se fue a la quiebra en 1973.

Durante esa época, la administración de Hernández Colón compró la Telefónica y  las Navieras, un gasto totalmente innecesario y se inventó la patraña de que se podía tomar prestado para cuadrar el presupuesto, creando la deuda extra constitucional, que es ilegal, pero hay que pagar. Las subsiguientes administraciones continuaron esta práctica.

Vino Romero Barceló y con él, las 936, que no trajeron crecimiento económico y solo enriquecieron a unos pocos. Luego de su eliminación, Sila y Aníbal aumentaron el gasto público y este último creo COFINA. Fortuño siguió tomando prestado al igual que Alejandro, a pesar del me vale. En el 2014 nos dijo que “salvamos las finanzas” luego de emitir $3.5 billones en bonos al altísimo 8% de interés. Un año después, todo compungido nos dice que PR no puede pagar sus deudas y fue a buscar dinero al Congreso y le dieron PROMESA. La teoría del pacto se fue a juste.

La administración de Ricardo Rosselló no se quedó atrás. Su incompetencia durante María, desde no aceptar los miles de muertos, prometer electricidad para todo PR en fechas imposibles y burlarse de los votantes. Eso sin contar el chat, las serias alegaciones contra su mujer y, en fin, todo su equipo de ladrones, canallas y traidores. GOOD RIDDANCE!

Vino Wanda Vázquez pregonando que no era política y resultó que no solo lo es si no que también es incompetente. Wanda Vázquez, ante la incapacidad del Gobierno de ayudar a los refugiados y el  escándalo del almacén de  Ponce, dice que heredó un gobierno como excusa  para su incompetencia. Su manifestación  ignora el  hecho  que  ella es parte del gobierno e interactuó con múltiples agencias para ayudar a los necesitados desde que fue Procuradora de la Mujer en la administración de Fortuño y Alejandro. Luego fue Secretaria de Justicia formando un escándalo con uno suministros del alcalde de Patillas que quedó en nada y rehusando investigar denuncias de acciones de la administración Rosselló. Ella tenia que saber de los suministros y si no lo sabia, desde que llegaron los refugiados tenia que haber preguntado que suministros, si alguno, tenia el Gobierno. No lo hizo y  por lo tanto demuestra su incompetencia crasa.

Más aún, los de manejo de emergencia, Dpto. de la Familia y toda agencia que tiene que ver con los refugiados en la sur tenia el deber de preguntarse “¿qué suministros tenemos disponibles? ¿qué necesitan los refugiados?” Todos fallaron. ¿Por qué? Porque el Gobierno de PR es incompetente y ni siquiera sabe cumplir con las funciones básicas de todo  gobierno, proteger a sus ciudadanos. Hace falta destruir el  Gobierno y  volverlo a hacer.  La pregunta es ¿quién le pone el cascabel al gato?

RICKY RENUNCIA, ¿Y ENTONCES QUÉ?

 

 

Existe un consenso en Puerto Rico que el Gobernador Rosselló debe renunciar. Existe un consenso que una vez el FBI arreste a sus allegados cercanos, i.e. Elías Sánchez y compañía, el Gobernador renunciará o será separado de su cargo por orden de  la Legislatura luego de un residenciamiento. Lo que nadie discute es qué pasa después.

 

Al no tener Secretario de Estado aprobado por ambas Cámaras, el próximo en sucesión bajo la ley es la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez. Sin embargo, ella no es aceptable a clase política ni a los que estudiamos sus actuaciones. Para dar ejemplos, nada ha hecho sobre el chat excepto nombrar personas para investigar. Además, ante el reportaje del CPI donde el Secretario de la Vivienda indica que Elías Sánchez trato de que el cambiara una decisión sobre una subasta que perdió su cliente,  algo que se confirmó luego en la radio, ella nada ha hecho. De ser cierto, esto viola el Artículo 261 del Código Penal, sobre influencia indebida. ¿Por qué Wanda Vázquez no entrevistó al funcionario, obtuvo declaración jurada y radicó cargos contra Elías  Sánchez y pide su extradición de Florida? Además, el reportaje del CPI indica que Teresita Fuentes, ex secretaria de Hacienda, denunció acciones delictivas de Raúl Maldonado de tener varias corporaciones a las cuales se le pagaba para dar citas a personas interesadas. De ser cierto, esto podría ser una violación del Artículo 259 del Código Penal (soborno).

 

Más aún, el mismo informe del CPI indica que el Secretario de la Vivienda y Teresita Fuentes, ambos informaron de esto al Gobernador Rosselló y nada hizo. De ser  cierto, esto podría ser violación de los Artículos 262 (Incumplimiento del Deber) y 263 (Negligencia en el Cumplimiento del Deber) del Código Penal. De ser así, esto se tendría que enviar con un informe al Panel de Fiscal Independiente. Wanda Vázquez nada ha hecho lo cual la hace candidata a un residenciamiento. Por cierto, el informe del Ilustre Colegio de Abogados no menciona el reportaje del CPI que si, en mi opinión, detalla claramente violaciones de ley del Gobernador. ¿Pero qué podemos esperar del Ilustre?

 

Volviendo a la renuncia o residenciamiento, quien quiera que sea Gobernador, Wanda Vázquez o el Secretario de Educación (el Secretario de Hacienda no podría servir ya que aunque es muy capacitado, no tiene los requisitos constitucionales para ser gobernador), la realidad es que el Gobierno sigue estando en las manos del PNP, quien tiene que correr el Gobierno por 17 meses más. Tiene que continuar con el Plan de Ajuste del ELA, con el asunto de las pensiones, tiene que convencer al Gobierno Federal que puede manejar los fondos federales si pillaje y devolverle la confianza al Pueblo. Como lo va a hacer es la pregunta.

 

Esto nos trae a otra interrogante; ¿cual va a ser el rol de la Junta? Esta ha estado silente ante los problemas del Gobernador pero dado todos los conflictos que ha habido entre ellos, deben estar cruzando los dedos para que se vaya. ¿Tendrá más poder ante un nuevo gobernante de legitimidad cuestionable? ¿Será la relación de mayor cooperación o simplemente más de lo mismo?

 

Esto nos lleva a otro importantísimo actor; el Congreso. ¿Habrá mayores controles legislados para el uso de fondos federales? ¿Le dará más poderes a la Junta o al Ejecutivo Federal para monitorear a Puerto Rico en el uso de fondos federales?

 

Dado lo anterior, no crean que la renuncia de Rosselló lo resuelve todo. Es solo el comienzo.

 

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