Secretario de Justicia

La Doble Vara

La falta de transparencia de nuestro gobierno es inaudita. El Secretario de Justicia interviene con un arresto de su “amigo del alma”, el Gobernador ordena una investigación, el Superintendente Tuller rinde un informe y se niega a dar copia a la prensa. Varios asesores de Fortaleza dan positivo a drogas y al día de hoy no sabemos su identidad y si todavía trabajan allí. Reclaman que tienen un privilegio, pero nadie sabe la base del mismo.

El equipo económico del Gobernador se ha reunido múltiples veces con bonistas y las casas acreditadoras y lo único que nos dicen es que están maravillados con la Administración y todo esta “peaches and cream”. Esto seguido de un día de “media tour” y  al otro día, degradan el crédito de PR a chatarra.   En las ultimas DOS SEMANAS,  esto pasó TRES VECES.

Sabemos que con la degradación se acelera el pago de algunos bonos o préstamos del Gobierno de PR, pero no sabemos la cantidad de la deuda, ni a quién se le debe. Ni siquiera sabemos si son préstamos o bonos, y hay una diferencia importante entre ellos. A manera de ejemplo, el Gobierno insiste que esta negociando para no pagar la aceleración de los préstamos, pero si son bonos y no préstamos, las casas acreditadoras podrían considerar esto un “technical breach” del acuerdo de bonistas y volver a degradar el crédito de la isla. Todavía tenemos 5 escalones más, sin contar el impago. Peor aún, sabemos que esos son los préstamos o bonos del Gobierno, ¿que cantidad hay que pagar por las corporaciones públicas cuyo crédito fue degradado? Esto tampoco lo sabemos, aún cuando es harto conocido que el acuerdo de bonistas de la AEE establece que llegado un punto de deuda, los bonistas podrían nombrar un administrador. ¿Que va a hacer PR si eso ocurre?

Melba de Hacienda nos asegura que el GBD tiene suficiente flujo de caja para pagar todas las deudas hasta junio 30. Si es así, ¿por que el PC 1696, radicado el 6 de febrero de 2014, permitiría a PR a emitir hasta $3.5 billones en bonos de obligación general? ¿Para que tomar más prestado si debemos tanto? ¿Que nos oculta el gobierno?

Aunque he preguntado a varios legisladores si el tomar prestado esa cantidad viola el límite constitucional del Artículo VI, Sec. 2. Cate Long insiste que PR no puede tomar más de $2.5 billones al 8.5% de interés.  

Mis números son un tanto diferentes. Creo que PR puede tomar prestado hasta los $3.5 billones pero a no más de 10% ya que PR no puede pagar más de $360 millones en servicio adicional a la deuda. Dado el hecho que se rumora que esta emisión tendrá un interés entre 10%-15%, bajo el escenario de Cate Long o el mío los números no dan. Más aún, $2.5 billones a 8.5% nos lleva a un pago anual de intereses de $212,500,000. Por el otro lado, $3.5 billones a 10% es un pago de intereses de $350,000,000. A 11% aumenta a $385,000,000 anuales. Irrespectivo de si se puede hacer constitucionalmente, esto me parece suicidio económico, máxime que si la emisión de bonos es a cargo de bonos de obligación general, estos son los primeros en cobrar. Ver Artículo VI, secciones 2 y 8 de la Constitución.

Toda la prensa financiera de USA se queja de la falta de transparencia del Gobierno pero en PR solo Noticel y Sin Comillas han levantado la voz de protesta. Ninguna asociación de periodistas se ha preocupado por hacerlo. Y después se preguntan por que muchos hablan de la doble vara de la prensa.

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EL SECRETARIO DE LA INERCIA (Publicado mayo 27, 2012)

EL SECRETARIO DE LA INERCIA

All that evil needs to triumph is for good men                                                      to do nothing. Atribuido a Sir Edmund Burke

Guillermo Somoza no es el Secretario de Justicia. Es el Secretario de la Inercia. El Tribunal Supremo Federal ha reconocido que la responsabilidad primaria de definir y hacer cumplir leyes criminales es de los estados, ver, U.S. v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995). Sin embargo, Somoza ha acordado con la fiscalía federal el delegarle la jurisdicción primaria a casos de drogas y armas. Esto es reconocer la impotencia del sistema de justicia puertorriqueño para proteger a la ciudadanía. No en balde la Fiscalía y Corte Federal son las dos instituciones en que más confía el Pueblo.

            El Secretario de Justicia ha dicho a la prensa ad nauseam que Ana Cacho es sospechosa y que será acusada. Sin embargo, ya han pasado dos años de la muerte de Lorenzito y las acusaciones brillan por su ausencia. Más aún, ¿donde esta las acusaciones contra Sila Calderón por el cheque de $50,000 que le dio Fonalledas para su campaña del 2000, enseñado por Aníbal Acevedo Vila a la prensa cuando fue acusado criminalmente? ¿Donde están las acusaciones por las violaciones de las leyes de contribución a campañas electivas admitidas por Acevedo Vilá durante su juicio federal para evitar que su madre y hermanos testificaran? Según la representante Lourdes Ramos Rivera, en octubre de 2011, su Comisión refirió al Departamente de Justicia y al FEI a Juan Cancel Alegría  por alegado fraude al Retiro, pero en diciembre admitió que ninguna de los dos tiene los conocimientos técnicos, expertise, en buen español, para llevar cabo la investigación y correspondientes acusaciones. Estos asuntos estan relacionados con los procedimientos administrativos contra UBS, Miguel Ferrer y Carlos J. Ortiz por el Securities and Exchange Commission. Con todos los contratos que otorga el Departamento de Justicia, no entiendo como no ha contratado a alguien.Todo esto nos lleva a las primarias. Un exceso de votación de 50,000 personas por el lado PNP y 40,000 por el PPD es vergonzoso y pone en entredicho la esencia de la democracia, el voto. ¿Como se puede reparar algo tan roto? La Comisión Estatal de Elecciones está investigando el asunto . . .  alegadamente.  ¿O simplemente esta tratando de empujar el asunto debajo de la alfombra hasta después de las elecciones? Si de verdad se quiere reparar el daño que se ha hecho, el Departamento de Justicia tiene que intervenir y encausar a los responsables de esta debacle. Estoy seguro que PNP’s y PPD’s caerán, pero eso es mejor que el desastre que vivimos. Pero todos sabemos que Somoza, el Secretario de la Inercia, nada hará. Como abogado le exigiría al Guillermo Somoza acción si no fuera por que se que es fútil.  Es un secreto a voces que Somoza quiere ser nombrado al Tribunal Apelativo o al Tribunal Supremo y por eso no quiere pisarle los talones a nadie con influencia o dinero o con posibilidad de votar en contra de su confirmación. Por lo menos ya el Gobernador dijo que se iban a referir los casos a Justicia pero estoy seguro que allí dormirán el sueño de los justos.

Es tiempo que como sociedad reconozcamos que tenemos que reformar nuestro, si nuestro, Departamento de Justicia. Como abogado de litigios puedo decir que en su inmensa mayoría los abogados del Departamento de Justicia son muy competentes y sumamente fajones. Pero una manada de leones liderado por una atimorado Secretario poco puede hacer. La posición de Secretario de Justicia debe convertirse en una electiva; no como parte de las elecciones generales ni partidista, si no una donde el Secretario sirva por 6 años, su elección no coincida con las generales y no puedan enseñarse insignias de partido. De igual manera, los fiscales, que ahora son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, deben ser empleados de carrera y reclutados con una sola cosa en mente; encarcelar criminales. Ninguna institución humana es perfecta y lo que propongo tampoco lo es. Sin embargo, la elección de esta posición se lleva a cabo en varios estados y hace al elegido responsable, no al gobernador, si no al Pueblo. Y los consumidores de los servicios de los Fiscales y el Departamento de Justicia le pasarán la factura si falla.

s/John E. Mudd

 
*NOTA DEL AUTOR:   Este escrito fue enviado para la consideración de El Vocero hace como dos semanas.  Por las razones que sean, no fue publicado, asi que decidi compartirlo con ustedes.