Desde hace meses se ha especulado sobre cuanta de la deuda pública de PR esta en manos boricuas. He escuchado desde tan bajo como 25% hasta tan alto como 50%. Irrespectivo del porciento, lo que es innegable es la falta de acción de esos bonistas locales, sean institucionales o individuales, para participar en las negociaciones de la AEE o de las obligaciones del gobierno central. Según el Nuevo Día, las cooperativas al fin se dieron cuenta de la crisis y están buscando abogados y asesores financieros en preparación de lo que viene.

Es imperativo que se entienda que un impago de cualquier bono de PR va a afectar adversamente a las cooperativas. En el caso de la AEE, esta exige una moratoria por 5 años y que durante este periodo, el porciento de interés se reduzca a 1%. O sea, que por 5 años, los bonistas no van a recibir ingreso de esa fuente. Como indica Bond Buyer, citando a Triet Nguyen, uno de los mejores analistas financieros en USA y muy conocedor de la situación Boricua, esta táctica de moratoria permea la negociación de la isla. Además, se nos indica que la negociación la lleva a cabo no Melba Acosta si no Millstein & Co., con su director ejecutivo Jim Millstein y la firma de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Un impago de PR podría llevar a la insolvencia de alguna de las cooperativas, dependiendo del tamaño y extensión del impago. Los depósitos de los cooperativistas de las de ahorro y crédito están asegurados hasta $250,000 por la Corporación para la Supervisión y los Seguros de las Cooperativas, mejor conocida como COSSEC. Pero nuevamente, esta es parte del Gobierno de PR que esta, a todas luces, insolvente y pone en duda la capacidad de poder proveer la liquidez que los cooperativistas necesitan. Excepto para las cooperativas federales, no existe entidad de USA que las aseguren.

Además de todo esto, existe la posibilidad de los directores y oficiales de las cooperativas sean responsables bajo diferentes teorías legales por la compra de deuda del Gobierno de PR, especialmente aquella reciente y sin fuente de repago, como la del Banco Gubernamental de Fomento (47% del total de la deuda que tienen las cooperativas según el Nuevo Día).

Es importante notar que de ser necesario acudir a los Tribunales, las cooperativas y sus dueños carecen de la diversidad de ciudadanía necesaria para ir al Tribunal Federal y tendrán que ir al Tribunal de Primera Instancia. Para eso necesitan abogados locales diestros en el asunto financiero, de los que no hay muchos. Por ende, contraten el abogado pronto para poder intervenir en cualquier negociación de forma efectiva.